Mientras la Sección de Apelación define 13 recursos contra la sentencia del caso de secuestro, la Sección de Primera Instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz estudia si autoriza trabajos de desminado humanitario en el Meta con participación de los siete exjefes del antiguo secretariado de las Farc y 345 víctimas.
En diálogo con EL TIEMPO, el magistrado Camilo Suárez, ponente de la decisión, responde sobre la solicitud que hicieron Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y los seis exjefes de las Farc.
Magistrado Camilo Suárez, ponente de la sentencia contra el antiguo secretariado. Foto:Néstor Gómez/EL TIEMPO.
¿Qué está por decidir la JEP?
Yo quisiera insistir en que este es un caso absolutamente desafiante. Investigó y juzgó 20 años de secuestros cometidos por las Farc. Es un caso nacional. Pone de manifiesto 21.000 secuestros y tuvo 4.325 víctimas acreditadas. Difícilmente un juez en el país tiene una dimensión así y esta decisión la tomamos cinco magistrados. Todo eso tiene una consecuencia directa en el diseño de la sentencia y en los proyectos restaurativos.
Ahora, estamos revisando si autorizamos la continuidad de Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador y Reparador (TOAR) de manera anticipada, particularmente en desminado humanitario y búsqueda de personas desaparecidas. Esto ocurre mientras la Sección de Apelación resuelve 13 recursos interpuestos por víctimas, entidades del Estado y las Farc contra la sentencia. Por mandato de la ley, esos recursos tienen efecto suspensivo.
¿Qué han hecho los comparecientes hasta ahora?
Desde el comienzo han adelantado trabajos anticipados de reconocimiento y petición de perdón. Eso fue tenido en cuenta en la sentencia para efectos de descuento, en atención al mandato legal.
Después de emitida la sentencia, venimos trabajando en proyectos anticipados relacionados con desminado humanitario y búsqueda de personas desaparecidas, garantizando la centralidad de las víctimas y con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A finales de enero recibimos una carta de los comparecientes solicitando continuar con esos trabajos. Eso es lo que estamos revisando.
Antiguo secretariado de las Farc realizaría desminado en Meta. Foto:EL TIEMPO.
¿Por qué comenzar en el Meta?
La sentencia identificó los departamentos más afectados por los secuestros: Cesar y La Guajira, Santander, Antioquia, Caquetá, Huila, Meta y una parte de Cundinamarca.
Iniciaríamos por Meta porque es un proyecto que ya se venía construyendo, donde avanzamos en reuniones, planeación y presupuesto. Además, logramos identificar víctimas dispuestas a participar. Recibimos respuesta de 345 víctimas que manifestaron su disposición de trabajar en actividades restaurativas anticipadas.
¿En qué consistiría el desminado?
El desminado no es simplemente ir al territorio con una pala. Tiene varias etapas. Primero, la georreferenciación y cartografía: ubicar dónde fueron instaladas las minas. Luego, la ubicación en terreno. Además, hay un eje muy importante de pedagogía, formación y prevención en minas antipersonales.
Para desminar se requiere capacitación y acreditación. No cualquier persona puede hacerlo, ni siquiera cualquier militar. Es una actividad de alto riesgo. Por eso hay procesos de formación con expertos. Ya hemos tenido experiencias en Antioquia con comparecientes de Farc y de fuerza pública trabajando en capacitación, información y prevención.
¿Cómo se controlaría a los comparecientes en territorio?
La sentencia establece que deben permanecer en un espacio geográfico determinado, que puede ser un municipio específico, dependiendo de la georreferenciación. Allí deben cumplir condiciones de habitabilidad y trabajo.
El control lo ejerce la Sección, que además de emitir la sentencia debe verificar su cumplimiento. También la Secretaría Ejecutiva, con personal especializado. Hay un control social muy importante: las víctimas y la comunidad del territorio. Y fijamos el uso de un dispositivo electrónico, similar a un reloj o teléfono, que permite saber en tiempo real dónde están.
La misión de monitoreo de Naciones Unidas tenía previsto un rol, pero una decisión del Consejo de Seguridad en octubre pasado redujo su mandato en ese aspecto. Eso no significa que las sanciones no se monitoreen; existen otros mecanismos.
Antiguo secretariado de las Farc. Foto:JEP
¿Quién financia y garantiza las condiciones en territorio?
Los comparecientes deben tener vivienda, alimentación y seguridad. Eso compete a la ARN, conforme al Plan Nacional de Desarrollo y a un decreto pendiente. El Gobierno nacional tiene una responsabilidad. Sabemos que ha situado 20.000 millones de pesos y que hay otra fuente de 30.000 millones. Esos recursos los administra la ARN. La JEP no recibe ni maneja esos recursos.
¿Pueden participar en política mientras cumplen los trabajos restaurativos?
La Constitución, en el artículo 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, y la ley estatutaria establecen que la sanción no inhabilita para participar en política. Nosotros hicimos una ponderación: no se desconoce ese derecho, pero prima el cumplimiento de la sentencia. Por ejemplo, si trabajan cinco días en los TOAR, podrían destinar otro día a actividades políticas, siempre garantizando el cumplimiento del plan de implementación del Acuerdo.
En el Meta hay presencia de disidencias y el conflicto sigue. ¿Cómo aplicar las sanciones allí?
Aplicar justicia transicional en un país que todavía está en conflicto es lo más difícil. Hemos tenido que reconfigurar trabajos porque los comparecientes han manifestado amenazas y riesgos. Antes de avanzar en cada actividad, debemos verificar condiciones de seguridad. Tenemos la obligación de garantizar los derechos de las víctimas, pero también la seguridad jurídica y física de los comparecientes.
¿Qué pasa si reciben otras sentencias en otros macrocasos?
Ellos están sometidos a varios macrocasos. La ley establece que el máximo de las sanciones es de ocho años. Las nuevas sentencias se acumulan a la primera y no pueden superar ese límite. Eso no significa que se agote el compromiso con la verdad. Cada sentencia podrá implicar nuevos proyectos restaurativos, pero el límite aritmético de ocho años no se supera.
¿Cuál es el mensaje final?
Este modelo de justicia no es vengativo. Busca sanar. Establece responsabilidades, ofrece respuestas a las víctimas y aspira a sanar como sociedad. Juzgamos el pasado para tener un mejor futuro. Y frente a las apelaciones, quiero decir que la segunda instancia no es una piedra en el zapato. Refuerza y blinda las decisiones. La decisión de apelación es un cierre, un sello de seguridad jurídica, tanto para los comparecientes como para las víctimas.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com
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