La sombra de la ‘expropiación exprés’ revivió en los últimos días debido a uno de los nuevos decretos que el Gobierno expidió en el marco de la emergencia económica, el cual pretende restablecer los bienes de los damnificados por las inundaciones.
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Las comunidades en el Bajo Sinú luchan contra los boquetes que ocasiona el río Sinú. Foto:Cortesía Deibys Palomino
“Se busca adoptar medidas para garantizar la reubicación o relocalización de unidades de producción agropecuaria y activos rurales necesarias para el reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente y restablecer de forma pronta bienes de las personas damnificadas”, se puede leer en el documento.
En específico, el Decreto 0174 autoriza a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a ser una “policía administrativa” que podrá ocupar de manera temporal, adquirir y hasta «expropiar» inmuebles que sean necesarios para atender las situaciones de desastre y de calamidad pública presentadas.
“Las autoridades de policía locales, municipales, departamentales y nacionales estarán obligadas a prestar, de manera preferente y sin dilación injustificada, el apoyo que requiera el representante legal o su delegado, para hacer efectiva la administración de los bienes que ingresan al Fondo Nacional de Tierras”, asegura.
En total, el Gobierno estima que al 17 de febrero han sido afectadas más 170.000 hectáreas y 40.000 productores en varios departamentos. La situación más crítica es en Córdoba.
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Emergencias por las inundaciones en Córdoba Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
Adicional a ello, el decreto indica que los predios necesarios para reubicar a los afectados se declararán de utilidad pública y que el Gobierno podrá sanear de manera automática los terrenos y hacer mejoras para la atención de la emergencia.
“El gobierno, de nuevo, está metiendo la expropiación exprés en uno de los decretos de emergencia económica”, manifestó el exministro de Agricultura Andrés Valencia.
Igualmente, en los departamentos cobijados por la declaratoria de emergencia, la ANT iniciará, adelantará o culminará los procedimientos de clarificación de la propiedad, deslinde de tierras de la Nación y la recuperación de baldíos indebidamente ocupados que sean necesarios.
“Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y mitigar los efectos de la emergencia, se hace imperioso dotar de eficacia material, celeridad procesal, carácter definitivo y ejecutable a las decisiones de fondo adoptadas por la ANT”, dice el documento.
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Según la candidata presidencial Paloma Valencia, el Gobierno aprovechó las inundaciones para eliminar la fase judicial de los procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio exprés.
“En menos de 15 días, la ANT podrá quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga. Dicen que los propietarios pueden demandar la decisión, pero eso tomará años y mientras tanto otros ocuparán los predios. La Corte tumbó en 2024 la extinción de dominio exprés y en el proyecto de jurisdicción agraria mantuvimos la fase judicial de los procesos más importantes. Están rompiendo los acuerdos”, aseguró.
Inundaciones de Córdoba. Foto:UNGRD
De igual manera, las personas afectadas parcial o totalmente por las inundaciones en los diferentes departamentos podrán pedir una compensación.
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Según el Gobierno, el 65,2 por ciento de los predios afectados son de pequeños productores (1.344 predios), cuya actividad pecuaria constituye su principal fuente de sustento.
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