Fedegán advierte que decreto de emergencia económica fomentaría las ocupaciones ilegales de fincas

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Decreto del Gobierno autoriza a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a ser una “policía administrativa”.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, resaltó el valor simbólico de cerrar la Gira Técnica Nacional Ganadera en la ciudad donde nació la tradición bovina. Foto: Fedegán

SUBEDITORA02.03.2026 15:14 Actualizado: 02.03.2026 15:14

El gremio de los ganaderos Fedegán le envió una carta a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en la que le muestra su preocupación por uno de los decretos de la emergencia económica.

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El panorama de afectaciones por las inundaciones es muy grave. Foto:Cortesía

Se trata del Decreto 0174, el cual autoriza a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a ser una “policía administrativa” que podrá ocupar de manera temporal, adquirir y hasta «expropiar» inmuebles que sean necesarios para atender las situaciones de desastre y de calamidad pública presentadas.

Uno de los aspectos que más le preocupa al sector ganadero es que con este decreto se podrían malinterpretar y terminar fomentando las “ocupaciones ilegales” de fincas, se puede leer en la carta.

“Las invasiones ilegales que infringen la ley y afectan a los legítimos propietarios de los predios son un elemento bastante nocivo que afecta la paz y la convivencia en la ruralidad como lo ha vivido el sector ganadero estos últimos años”, manifestó el presidente del gremio, José Félix Lafaurie.

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El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

Además, el líder gremial dijo que la adjudicación y ocupación de predios fundamentada en la presencia de los “adjudicatarios ocupantes” sin que se haya llevado a cabo un proceso con las formalidades requeridas para una adjudicación formal plantea un “serio” riesgo en términos de estimular y fomentar potenciales invasiones y ocupaciones que afectan a quien ostenta el derecho de propiedad.

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“Es indudable que buena parte de la seguridad jurídica reposa en los jueces de la República y sus decisiones. Por ello, eliminar su competencia para conocer asuntos como el que se comenta, a nuestro juicio, fractura dicha seguridad jurídica y potencialmente puede vulnerar el derecho a un debido proceso”, indican.

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