La decisión de aceptar cargos y evitar un juicio ordinario fue, según la defensa de la víctima, el punto de quiebre en uno de los casos que más indignación generó en 2025 en el Eje Cafetero.
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Así lo explicó en entrevista con EL TIEMPO Julián Martínez, abogado de la menor que fue secuestrada y abusada por su padrastro, el pastor cristiano José Erley Ramírez Garcés, en hechos ocurridos en zona rural en límites entre Chinchiná (Caldas) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
La Policía de Caldas capturó al pastor cuando recibió la salida del centro médico. Foto:Policía de Caldas
Los hechos se remontan a abril de 2025 y adquirieron notoriedad nacional cuando se conoció que la adolescente, de 13 años para entonces, logró escapar mientras el hombre cavaba un hueco en el patio de la vivienda, donde se presume que pretendía enterrarla.
Las imágenes de la joven corriendo descalza y semidesnuda por el campo, buscando ayuda, se difundieron masivamente.
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A la par, circularon videos de la persecución, captura y posterior agresión que le propinó la comunidad al señalado agresor tras conocerse los hechos.
Casi un año después, el proceso concluyó con una condena de 43 años y seis meses de prisión por los delitos de acceso carnal violento contra menor de edad y secuestro agravado, cada uno con circunstancias de mayor gravedad punitiva. Martínez confirmó que la sentencia fue posible tras un cambio de postura del procesado, quien decidió suscribir un preacuerdo con la Fiscalía.
La Policía de Caldas capturó al pastor tras ser atacado por la comunidad. Foto:Policía de Caldas
Este martes se llevó a cabo la legalización de ese preacuerdo ante un juez de la República. El documento contemplaba la aceptación total de los cargos y la imposición de una pena previamente pactada.
“En ese orden de ideas, el señor José Ramírez, para evitarse el juicio, accedió a aceptar los cargos, y eso incluía aceptar la pena que se había preacordado de 43 años, seis meses y un día de privación de la libertad, sin derecho a ningún descuento”, le dijo a este medio el defensor.
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Para la representación de la víctima, el hecho de que no haya beneficios punitivos ni rebajas adicionales es un elemento central del fallo. El abogado subrayó que el condenado optó por esa vía procesal para eludir la exposición y el desgaste de un juicio oral, pero bajo la condición de asumir íntegramente la sanción acordada.
Uno de los puntos que más interrogantes generó desde el inicio del caso fue la posibilidad de imputar un intento de homicidio, debido a que el hombre estaba cavando un hoyo en el patio trasero mientras la menor permanecía atada de manos en una habitación. Sobre ese aspecto, Martínez explicó que no existió soporte probatorio suficiente para sostener esa acusación en estrados.
José Erley Ramírez fungía como pastor de una iglesia protestante. Foto:Archivo particular
“Nunca fueron imputados ni acusados, y la razón es porque no hay un medio probatorio para demostrar que la menor estuvo en peligro de muerte, pues la niña no sufrió una herida mortal”, apuntó Martínez.
Y prosiguió: «Sin embargo, el juez sí dejó muy marcado en la sentencia que era claro que las intenciones, por lo menos extrayéndose de los medios probatorios, eran que él quería acabar con la vida de la menor y también de su madre. El juez reprochó bastante todo lo que él hizo, máxime cuando era el padrastro y un líder religioso».
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De acuerdo con la información conocida por la defensa de la víctima, hasta el momento José Erley Ramírez está recluido en la cárcel de mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa; sin embargo, queda a disposición del INPEC definir en qué centro penitenciario pagará su condena.
Tras el cierre judicial, la atención de la familia se concentra ahora en la reparación integral. La adolescente continúa vinculada a un acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y recibe apoyo psicológico especializado para enfrentar las secuelas emocionales derivadas de lo ocurrido.
José Erley Ramírez en una de las actividades de la iglesia protestante en la que era pastor. Foto:Archivo particular
Su madre también forma parte de ese proceso, luego de sufrir una afectación significativa en su bienestar físico y mental a raíz de los hechos.
En el plano académico, la menor logró reincorporarse al sistema educativo y actualmente cursa grado noveno, un paso que la defensa considera fundamental en la reconstrucción de su cotidianidad. Según explicó el abogado, el respaldo institucional ha sido determinante para facilitar ese retorno.
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“La labor que han prestado la Alcaldía de Santa Rosa, la Alcaldía de Chinchiná, el ICBF y el propio colegio de la niña ha servido bastante para que pueda retomar sus actividades escolares y retornar al seno de su hogar”, señaló.
En paralelo, el entorno social también experimentó cambios. Aunque inicialmente algunos miembros de la congregación religiosa del condenado solicitaron su libertad y señalaron a la madre, con el tiempo rectificaron esa posición y reconocieron que ella actuó para que el caso avanzara ante la justicia.
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Redacción Nación – EL TIEMPO
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