El traslado frustrado de 2.400 personas desde Venezuela, al filo de la apertura de la jornada electoral, fue uno de los incidentes reportados por la Fuerza Pública.
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el grupo, que cruzó en un planchón por el río en el paso del sector de Santa Cecilia, en Cúcuta, iba a ser recogido por 60 buses y desplazado a los puestos de votación. El aviso a tiempo permitió un despliegue de las autoridades que evitó que se consumara una posible transhumancia electoral de proporciones colosales.
PMU elecciones Foto:Cortesía
El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, explicó que la situación fue detectada mediante vigilancia aérea con drones.
“Logramos ubicar a un lado del río una línea de ciudadanos y, al otro lado, cerca de 60 vehículos. Cuando nuestras unidades llegaron, alcanzamos a bloquear seis de esos buses y capturar a una persona”, señaló.
El ministro de Defensa agregó que las autoridades analizan información de inteligencia sobre una posible influencia de estructuras armadas en esa movilización. “Para que estas personas crucen de manera irregular hacia nuestro territorio, hoy (ayer) que la frontera está cerrada, preliminarmente hemos evaluado la influencia del Eln en esa región fronteriza”, afirmó.
Además de otros incidentes aislados a los que la Fuerza Pública logró hacer frente, como el ataque con un dron explosivo en un puesto de votación de La Macarena, Meta, en los más de 13.700 puestos de votación, la jornada para elegir al próximo Congreso y depurar la lista de candidatos a las presidenciales de mayo se vivió con normalidad.
El Ministerio del Interior, el de Defensa, la Policía, la Defensoría y los entes de control monitorearon en tiempo real la cita en las urnas y, a través de un puesto de mando unificado, dieron aviso oportuno de los hechos irregulares.
De acuerdo con información de las FF. MM., las disidencias de ‘Calarcá’, específicamente el bloque Jorge Suárez Briceño, intimidaron a la comunidad de La Macarena con un ataque explosivo y hostigamientos. Tras el hecho, tropas del Ejército hicieron presencia en la zona y, según el reporte oficial, no se registraron afectaciones. El proceso de preconteo de votos fue restablecido y las unidades militares continúan desplegadas para prevenir posibles réplicas terroristas.
Un tercer hecho anómalo fue la captura de dos candidatos, uno al Senado y otro a la Cámara, en operativos realizados en distintas ciudades y municipios, en los que además fueron incautados 3.761 millones de pesos que estarían siendo destinados a la compra de votos.
La defensora del Pueblo en la instalación del PMU en el Mininterior. Foto:Cortesía
El aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno, fue detenido con 15 millones de pesos en efectivo, en Leticia. Habría intentado sobornar a los policías que adelantaron el procedimiento, lo que agravó su situación jurídica. Fue expulsado por el partido y ya se surtió la audiencia de imputación en su contra.
Por su parte, el candidato al Senado Camilo Gómez, de ‘la U’, fue detenido por miembros del CTI, en cumplimiento de una orden judicial por sus nexos con el capo del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
En total se registraron 88 capturas y 49 casos de incautación de dinero vinculados con posibles delitos electorales. Las acciones se adelantaron en departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Meta, Santander, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Cundinamarca.
Dinero confiscado
Entre los montos reportados se encuentran 631 millones incautados en Bogotá, 434 millones en Montería, 275 millones en Sincelejo, 243 millones en Medellín, 145 millones en La Guajira y 137 millones en Barrancabermeja. También se registraron decomisos en municipios como Girardot, Palmira, Buenaventura, Soacha, Ocaña y Tumaco.
Las autoridades indicaron que los procedimientos se realizaron a partir de información de inteligencia, controles en puestos de verificación y reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades en la movilización de dinero durante la jornada electoral.
Según el director de la Policía, se recibieron más de 150 reportes a través de la línea 157, que atiende denuncias electorales, lo que permitió orientar operativos en distintas regiones. Se adelantan 14 procesos con la Fiscalía relacionados con presuntos delitos de esta índole, perpetrados a través de redes sociales y billeteras virtuales.
El comandante de la Armada Nacional, almirante Juan Ricardo Rozo, indicó que la institución tenía a su cargo la seguridad de 548 puestos de votación ubicados en el Caribe, el Pacífico y la Amazonía. Cerca de 10.000 hombres y mujeres de la Armada participaron en el dispositivo del llamado Plan Democracia y acompañaron el proceso de conteo y traslado de urnas hacia las cabeceras municipales.
“Podemos dar un parte satisfactorio del control electoral. Las situaciones puntuales que se presentaron fueron atendidas de manera oportuna y coordinadas con la Registraduría para que los colombianos pudieran ejercer su derecho al voto”, explicó el oficial.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, señaló que las autoridades registraron cuatro episodios que ocuparon la atención de las fuerzas durante la jornada, para determinar si tienen relación directa con delitos electorales.
Rueda de prensa Mindefensa. Foto:Jesús Blanquicet.
Uno ocurrió en el corregimiento Barranca Vieja, en el municipio de Calamar, Bolívar, donde un grupo de personas —en su mayoría menores de edad— ingresó a un puesto de votación y destruyó los cubículos de cartón utilizados en las mesas. La Fuerza Pública intervino y restableció el orden con apoyo de habitantes de la zona.
En el corregimiento Machado, jurisdicción de Arroyo Hondo, también en Bolívar, unas 20 personas se ubicaron en la entrada de un puesto de votación para manifestar que no permitirían el desarrollo de la jornada ante la ausencia de un testigo electoral de su partido. Las autoridades documentaron la situación y se inició un proceso de diálogo con delegados de la Registraduría.
En Cartagena del Chairá, Caquetá, el registrador municipal y el alcalde decidieron trasladar dos puestos de votación como medida preventiva para garantizar el desarrollo del proceso electoral.
Jesús Antonio Blanquicet – Redacción Justicia
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