Dos reuniones con la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides, testigo estrella del proceso contra cinco congresistas y un excongresista investigados por el saqueo a la UNGRD, fueron uno de los argumentos del magistrado de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, para pedir acusarlos a todos y enviarlos a prisión. Esta solicitud no prosperó.
A mediados y finales de 2024, cuando empezaban a develarse las capas del entramado criminal con el que el Ejecutivo aceitó ilegalmente sus proyectos en el Congreso -con burocracia y contratos financiados con recursos de la UNGRD- la senadora conservadora Liliana Bitar y el representante Wadith Manzur hablaron con Benavides sobre las consecuencias jurídicas de este escándalo en el que, sabían, estaban involucrados.
Corte Suprema de Justicia. Foto:Cortesía
En el expediente sobre el que debatió la Sala este 11 de marzo se señala que Bitar se reunió con Benavides en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Durante el encuentro, según su testimonio, la congresista le preguntó por “lo que estaba empezando a publicarse en los noticieros”. Además, si conocía a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, y por la existencia del chat entre ellas dos.
Benavides contó que, en ese momento, la senadora le dijo que si “se sentía cómoda borrándolo”. Y ella accedió.
La reunión con Manzur fue en el Centro Comercial Santa Ana, en Bogotá. La testigo narró que el representante se refirió al caso y le aseguró: «ahí no hay nada, los contratos nunca se dieron. Lo que yo estaba gestionando nunca pasó».
Para el magistrado ponente, esos acercamientos no fueron inocuos. Ambos congresistas tienen la capacidad de influir en la testigo, en su disposición a colaborar e incluso en la narración de los hechos. Este fue el primer campanazo.
Finalmente la Sala se decantó por enviar únicamente a Manzur y Manrique, los dos congresistas que se reeligieron para este periodo legislativo. Manzur saltó al Senado y Manrique repitió la curul de paz en la Cámara.
El argumento principal fue el peligro para la comunidad que representan, debido a la posibilidad de seguir delinquiendo desde sus escaños y, sobre todo, porque la Sala pudo constatar los alcances personales y la influencia política y regional que tienen ambos congresistas, lo que hacía viable que la conducta ilegal se cometiera a futuro.
La Corte desvirtuó los argumentos de las respectivas defensas y subrayó que el riesgo no se agota en la pertenencia a la Comisión de Crédito Público, que fue el nido de la red de negociación criminal con el Gobierno por la que fueron acusados los seis aforados.
De hecho, el riesgo de influir en el proceso -como quedó demostrado con las reuniones con la testigo- es inherente al liderazgo político, la capacidad de intermediación e influencia de Manzur y Manrique con alcances en entidades del nivel central y en entes territoriales.
De hecho, la Corte resalta que fueron ellos quienes en la construcción de la red clientelar por la que fueron acusados, le enviaron a los emisarios de los Ministerios y la UNGRD los contactos de alcaldes y enlaces regionales para coordinar aspectos técnicos de los proyectos, en lo que considera un indicio relevante sobre su poder.
Estos son los congresistas miembros de las comisiones terceras implicados en el escándalo. Foto:Archivo particular.
Además, la Corte tiene prueba de que el delito venía consumándose desde antes de los hechos por los que están siendo procesados. Específicamente, por un chat de Manzur en el que se infiere que “aún hay compromisos pendientes” de periodos pasados.
Los argumentos de la acusación
El principal conflicto jurídico que debatió la Sala fue trazar el límite entre las funciones legislativas de los congresistas y la transacción criminal para acomodar su voto, así como la línea que divide el buscar proyectos para sus regiones, que es legal, de hacerlo condicionando su rol como funcionarios públicos por intereses personales, que configura el delito por el que fueron acusados.
Para la Corte, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no cumple funciones meramente consultivas, sino que actúa como un punto de control funcional en el trámite de aprobación de los empréstitos de la nación. Así mismo, demostró con pruebas que los proyectos de la UNGRD no se tramitaron por los canales regulares, recibieron vistos buenos técnicos en tiempo récord, y se direccionaron ilegalmente siguiendo las indicaciones de los contactos en las regiones de los congresistas.
La Sala cuenta con testimonios —desde la declaración del Presidente hasta las de exasesores y exasesoras de los ministerios vinculados al escándalo—, así como chats y registros, que muestran que los congresistas acusados votaron sin aplicar criterios técnicos, financieros o presupuestales sobre los cupos de endeudamiento que evaluaba la Comisión. Todo lo contrario: su voto se basó en una negociación criminal que comenzó a configurarse desde reuniones en octubre de 2023. Además, queda claro que la función pública de los congresistas estuvo sometida a intereses privados, lo que pervirtió el funcionamiento de la administración pública. En una palabra: corrupción.
Específicamente, los procesados participaron en las sesiones del 6, 12 y 15 de noviembre del 2023, modificando el orden del día y aprobando conceptos a ‘cuenta gotas’ condicionando sus votos a recibir la retribución prometida.
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Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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