Asegurar medidas de seguridad sólidas que garanticen el normal desarrollo de las próximas elecciones legislativas y presidenciales en todo el país es uno de los principales llamados del secretario general de las Naciones Unidas en el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP.
El informe, que cubre el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025 y es el primero desde que el diplomático eslovaco Miroslav Jenča asumió como Representante Especial del Secretario General en Colombia, analiza los avances y rezagos en materia de reincorporación de excombatientes, garantías de seguridad y reforma rural integral, tras la finalización de las actividades de verificación relacionadas con el capítulo étnico y las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Tibú, Norte de Santander. Foto:César Melgarejo.
De acuerdo con el reporte, la violencia siguió siendo motivo de grave preocupación y el desafío más apremiante continuó siendo la seguridad de la población civil, especialmente en regiones con presencia limitada del Estado, donde los grupos armados ilegales mantuvieron la disputa por el control de economías ilícitas.
“En la región del Catatumbo, y en particular en Tibú, un año después del inicio de la crisis humanitaria las comunidades siguen soportando los efectos de la disputa en curso entre el Eln y el EMBF. En el norte de Antioquia, los enfrentamientos entre el grupo que se identifica como el EGC y el EMBF provocaron desplazamientos a gran escala”, señala el documento.
Entre el 27 de septiembre y el 26 de noviembre, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó el desplazamiento forzado masivo de 6.500 personas y el confinamiento de otras 4.400 en 19 municipios de 8 departamentos, con lo que en total suman 10.900 víctimas (el 36 % de ellas de pueblos étnicos). Entre el 27 de septiembre y el 30 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió 13 denuncias de masacres (10 verificadas, 2 en proceso de verificación y 1 no concluyente). Los casos verificados suman 33 víctimas (32 hombres y 1 mujer).
Desplazamiento en el Catatumbo. Foto:Cortesía
En ese contexto, la ONU llamó a cumplir el ‘Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia’, liderado por la Defensoría del Pueblo, además de consolidar la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política.
En cuanto a las condiciones de seguridad de los excombatientes, en el período sobre el que se informa 3 fueron asesinados en los departamentos del Meta y el Valle del Cauca, 6 sufrieron intentos de asesinato y 1 fue dado por desaparecida (todos hombres). En total en 2025 se han verificado 45 asesinatos, cifra que supone un aumento del 36 % respecto de 2024. En 2025 ese tipo de violencia se concentró principalmente en el Catatumbo en Norte de Santander (15 %), Antioquia (13 %), el Cauca (13 %) y el Valle del Cauca (9 %).
“La mayoría de estos asesinatos se debieron a disputas entre grupos armados por el control territorial y las economías ilícitas, la estigmatización de los excombatientes y la limitada presencia de las instituciones del Estado en las zonas rurales”, se lee.
El representante del Secretario General, Miroslav Jenča. Foto:Misión de Verificación ONU.
Desde la firma del Acuerdo Final, 487 excombatientes han sido asesinados (de los cuales 12 eran mujeres, 64 indígenas y 58 afrocolombianos), 168 han sido víctimas de intento de homicidio (incluidas 17 mujeres) y 58 han sido dados por desaparecidos (incluida 1 mujer).
Por otro lado, en el período sobre el que se informa, el ACNUDH recibió 33 denuncias de asesinatos de defensores de los derechos humanos (4 verificados, 28 en proceso de verificación y 1 no concluyente), concernientes a 5 mujeres, 27 hombres y 1 mujer trans.
Para la Misión, el alto índice de violencia indica que los problemas estructurales subyacentes siguen sin resolverse, por lo que son necesarias respuestas específicas y simultáneas en las zonas mencionadas.
Reincorporación y reforma rural
Se han formalizado 3.635.349 de hectáreas, de 7 millones fijado en el Acuerdo. Foto:EL TIEMPO
En lo relativo a la reincorporación de excombatientes, se observaron algunos avances en el acceso a tierras y vivienda; no obstante, el documento señala que el apoyo a las personas en tránsito a la vida civil en otras zonas del país, incluidos los entornos urbanos, siguió siendo limitado. Al 31 de octubre casi todas las personas que participan activamente en el proceso de reincorporación habían recibido apoyo del Gobierno para proyectos productivos. Un total de 11.152 excombatientes (incluidas 2.869 mujeres) se habían beneficiado de 6.104 iniciativas colectivas e individuales. Sin embargo, según lo observado por la Misión, muchos de estos proyectos, especialmente los individuales, siguen necesitando apoyo continuo para ser una fuente de ingresos sostenible.
En cuanto a la reforma rural, se informa que se siguió en el acceso a tierras y la promoción de proyectos de desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto. Sin embargo, se subraya que siguen existiendo desafíos considerables, como la asignación de recursos, la coordinación institucional eficaz y la mitigación de los riesgos en materia de seguridad.
Reforma rural Foto:Presidencia
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en noviembre de 2025 se alcanzó la cifra total de 291.030 hectáreas entregadas desde la firma del Acuerdo Final a campesinos sin tierra, víctimas y mujeres rurales, cifra que constituye casi el 10 % de los 3 millones de hectáreas que se fijaron como objetivo en el Acuerdo. Se han concedido títulos definitivos de propiedad, que son cruciales para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra de los beneficiarios, respecto de unas 75.000 de esas hectáreas entregadas.
Frente a la formalización de la propiedad de las tierras (es decir, la concesión de la tenencia definitiva a quienes ya poseen las tierras), desde la firma del Acuerdo Final se han formalizado 3.635.349 hectáreas, más de la mitad del objetivo de 7 millones de hectáreas fijado en el Acuerdo.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
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