Un informe de circulación restringida, titulado ‘Semáforo Estratégico de Áreas de Criticidad Nacional’, conocido en exclusiva por EL TIEMPO presenta el mapa de seguridad de Colombia en lo que va de 2026. El documento ubica al menos 26 zonas entre niveles crítico, medio y bajo frente al avance de estructuras armadas, economías ilegales y crimen urbano. A partir de una matriz de riesgos territoriales, identifica corredores donde se concentran disputas, expansión de grupos y señales de debilitamiento institucional.
En el nivel más alto aparecen diez regiones marcadas en rojo. El reporte habla de “crisis activa” o “percepción de pérdida de control” en territorios como Norte de Santander —con énfasis en Catatumbo—, Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, subregiones de Antioquia, el sur de Bolívar y zonas del Chocó. En esas áreas coinciden confrontaciones por control territorial, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento forzado y el uso de drones y explosivos improvisados, además de homicidios de líderes sociales y masacres.
La situación en el sur de Cesar es compleja debido a la presencia de grupos armados ilegales. Foto:Archivo
Este diagnóstico sobre las zonas más afectadas resulta oportuno en el contexto del proceso electoral presidencial y en un momento en que la seguridad marca la agenda tanto del cierre de este gobierno como del arranque del siguiente. Poner el foco en estos territorios permite anticipar riesgos y responder a las comunidades que siguen expuestas.
Cerca de 40 municipios del país concentran estas condiciones: escenarios de disputa entre grupos armados, corredores clave para economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, con débil presencia estatal y consecuencias humanitarias persistentes.
La frontera oriental concentra dos de los focos principales. En Catatumbo, la confrontación entre el Eln y disidencias asociadas al frente de Calarcá mantiene una presión constante. En Arauca, el escenario se repite con estructuras del Eln y facciones vinculadas a ‘Iván Mordisco’. Allí se registran homicidios selectivos, ataques a infraestructura y uso de drones, con impacto directo sobre el control estatal en la frontera.
Grupos armados. Foto:Cortesía
Más al sur, el informe ubica a Guaviare, Caquetá y Putumayo como corredores en disputa tras la fragmentación de antiguas estructuras. En esas zonas se reportan amenazas a líderes sociales, nuevos choques armados, desplazamientos y control sobre economías ilícitas. En Cauca, el Cañón del Micay aparece bajo hostigamientos sostenidos a la Fuerza Pública y control veredal. En Nariño, sobre el río Mataje y el Pacífico, se registran restricciones a la movilidad, extorsión y presión sobre rutas del narcotráfico.
Antioquia ocupa un capítulo amplio dentro del documento. Subregiones como Urabá, Norte, Nordeste, Nudo del Paramillo y Magdalena Medio figuran bajo un escenario de “consolidación hegemónica” donde coinciden Clan del Golfo, Eln y disidencias. El reporte describe crecimiento de estructuras, control social, extorsión y presión tanto en zonas rurales como urbanas. En Bolívar y Chocó, la atención se centra en las consecuencias humanitarias de las confrontaciones, con desplazamientos y confinamientos.
La unidad esta conformada por tres batallones de Despliegue Rápido. Foto:Cortesía
En el nivel medio aparecen Magdalena, La Guajira y Cesar —con referencia a la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá—, así como Boyacá, Tolima, Vichada y otras áreas de Antioquia y Chocó. Allí el documento señala procesos de expansión, cooptación social y económica, reactivación de frentes y consolidación de rentas ilegales. También advierte que estos territorios podrían escalar a nivel crítico sin intervención.
Las ciudades ocupan un apartado aparte. Buenaventura, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali y Quibdó son clasificadas en nivel bajo, aunque el informe aclara que esto no implica ausencia de riesgo. En estos centros urbanos predomina el crimen organizado con dinámicas como extorsión, secuestro, microtráfico, diversificación de actividades ilegales y subcontratación de delitos.
En Barranquilla y Cúcuta, la matriz registra un aumento del secuestro del 133 por ciento junto con amenazas recurrentes. El impacto se refleja en la percepción de inseguridad. En Medellín y Quibdó se documentan microtráfico, homicidios y control urbano. Cali y Buenaventura aparecen asociadas a subregistro de homicidios, control barrial y efectos económicos ligados a su papel en el Pacífico.
El informe incluye líneas de acción diferenciadas. Para las zonas críticas propone coordinar operaciones entre Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía, fortalecer inteligencia anticipativa y proteger a la población civil. En las áreas de riesgo medio sugiere atacar redes de apoyo y finanzas ilegales, además de recuperar control institucional. Para las ciudades, plantea priorizar investigación criminal, judicialización e inteligencia financiera.
Grupos armados siguen azotando el Cauca. Foto:Archivo EL TIEMPO
Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el mapa refleja la expansión y la gobernanza criminal de los grupos armados. “Han creado nuevas estructuras, reactivado corredores de movilidad, incorporado el uso de drones y aumentado el control sobre las comunidades mediante reclutamiento, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos”, dijo el experto en diálogo con EL TIEMPO.
El investigador destaca que en todos estos municipios operan grupos armados con los que el gobierno ha adelantado o intentado negociaciones en el marco de la ‘paz total’. “Este escenario de crisis muestra la desconexión inicial entre la política de paz y la estrategia de seguridad y, sobre todo, refleja falencias en la visión, el método y la capacidad de implementación de la Paz Total. Incluso, la situación en zonas como la Trocha Ganadera (en Guaviare) son, en parte, resultado de la fragmentación de las disidencias por cuenta de la errada gestión de la negociación de paz”, dijo.
Además, las zonas más afectadas por la violencia muestran un desafío adicional: en un mismo mapa conviven conflictos distintos, con dinámicas propias según el territorio. Cambian los actores, sus alianzas y las formas de disputa, pero también la capacidad del Estado para responder. No se trata de un solo fenómeno, sino de múltiples escenarios que exigen lecturas y respuestas diferenciadas.
En ese contexto, la FIP ha advertido las dificultades que enfrenta la Fuerza Pública en áreas donde coinciden varios grupos armados ilegales. No existen lineamientos claros sobre cómo intervenir en estos entornos. Cada operación implica riesgos: puede dejar expuestas a las comunidades o erosionar la confianza institucional si se percibe que favorece a uno de los bandos. A esto se suman condiciones complejas, como actores sin identificación visible, uso de drones con capacidad ofensiva y redes de apoyo que fortalecen la inteligencia criminal.
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“Sin embargo, este ejercicio de semaforización no captura las zonas de dominio o hegemonía criminal, donde los grupos armados ejercen formas de violencia menos visibles o menos medidas. En el Caribe, por ejemplo, departamentos como Córdoba y Sucre presentan alta influencia de estos grupos, con liderazgos sociales intimidados y amenazados, situación que también se observa en Cauca, Nariño o Catatumbo”, expresó Arias quien da una sugerencia: “la focalización con criterios claros es el camino a seguir, y este ejercicio es un buen ejemplo. Para la Fuerza Pública, estas deben ser las prioridades, mientras que otras instituciones encargadas del orden público pueden concentrarse en territorios donde el reto principal es la investigación y la detección de conductas criminales”.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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