Una nueva ofensiva contra el crimen que inquieta a Barranquilla y Soledad con panfletos, llamadas, mensajes y amenazas permitió un golpe importante a manos de las autoridades. Esta red exigía montos que, según el tamaño del negocio, podían ir desde los 500.000 hasta los cinco millones de pesos
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Para muchos comerciantes, pagar se convirtió en una respuesta forzada frente al miedo; para otros, denunciar implicaba exponerse a represalias. Ese esquema, aseguran las autoridades, es el que intentan desmontar tras una serie de operativos que en esta ocasión dejaron siete personas capturadas, entre ellas un menor de edad aprehendido.
Las acciones, adelantadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla en coordinación con unidades especializadas, apuntaron contra estructuras dedicadas exclusivamente a la extorsión, un delito que en los últimos años se ha consolidado como una de las principales amenazas contra la economía local y la tranquilidad de pequeños y medianos comerciantes en el área metropolitana.
Toda una estructura dedicada a la extorsión
Según la información oficial, los procedimientos permitieron documentar el modo de operación de estos grupos. Desde una intimidación sistemática y el uso de panfletos para marcar territorio, hasta exigencias económicas periódicas, respaldadas por las amenazas directas contra la integridad de las víctimas o sus familias.
Desde la Policía se reconoce que desarticular estas redes no implica su desaparición inmediata. Foto:Policía nacional
Durante los allanamientos y capturas, los uniformados incautaron 3.980.000 pesos en efectivo, dinero que presuntamente correspondería a cobros extorsivos recientes. Además, fueron incautadas motocicletas utilizadas para movilización y seguimiento, teléfonos celulares, un arma de fuego, un arma traumática modificada, cartuchos y material extorsivo, entre ellos panfletos y escritos intimidatorios.
Más allá de las incautaciones, los investigadores resaltan los perfiles judiciales de varios de los capturados. De acuerdo con la Policía, los detenidos registran en conjunto cinco anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, receptación y tráfico de estupefacientes. Ese historial, explican fuentes del caso, permite entender cómo estas redes suelen nutrirse de personas con experiencia previa en actividades criminales y conocimiento del territorio.
Un menor dentro de la red
El caso del menor aprehendido vuelve a tocar un tema incómodo para la ciudadanía. La instrumentalización de adolescentes en estructuras delictivas ya se ha venido identificando hace meses por la relevancia que estos han empezado a cobrar en los crímenes, especialmente para tareas de mensajería, vigilancia o cobro.
Los menores han empezado a cobrar especial relevancia en el crimen regional. Foto:Policía nacional
Para las autoridades, este componente añade un desafío adicional al trabajo judicial, pues obliga a articular las capturas con medidas de restablecimiento de derechos y seguimiento institucional. Algunos casos han puesto sobre la mesa el debate acerca de la flexibilidad que puede estar teniendo la jurisdicción colombiana para quienes delinquen escudados con su edad.
El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que los resultados hacen parte de una estrategia más amplia para enfrentar la extorsión en la región. El oficial subrayó que este delito se combate con presencia sostenida, inteligencia policial y, sobre todo, con información suministrada por la ciudadanía.
“Estos resultados no se dan de manera aislada. Son producto del trabajo articulado de nuestras unidades y del apoyo de comerciantes que decidieron denunciar”, explicó el general Camelo, al tiempo que insistió en que los operativos continuarán tanto en Barranquilla como en Soledad.
La extorsión, coinciden expertos en seguridad urbana, termina generando un efecto dominó en la economía barrial. Es que en la medida que los negocios reducen los horarios, produce que comunidades enteras normalicen el miedo como parte del día a día y se dobleguen ante las presiones. En ese contexto, cada captura representa un alivio parcial, aunque insuficiente si no va acompañada de procesos judiciales sólidos y penas efectivas.
Desde la Policía se reconoce que desarticular estas redes no implica su desaparición inmediata. La experiencia en el Atlántico muestra que, tras los golpes operativos, otros actores intentan ocupar los espacios dejados por los capturados. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de mantener las denuncias activas y de fortalecer los canales de comunicación entre comerciantes y fuerzas de seguridad.
Los detenidos registran en conjunto cinco anotaciones judiciales. Foto:Policía nacional
“La denuncia oportuna permite intervenir antes de que las amenazas se materialicen”, reiteró la Policía, al recordar que las líneas del GAULA permanecen habilitadas para brindar acompañamiento y orientación, con garantía de reserva para quienes suministren información.
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Mientras avanzan los procesos judiciales contra los capturados, los comerciantes de las zonas afectadas esperan que estos operativos no se queden en un golpe puntual, sino que formen parte de una ofensiva sostenida contra un delito que se ha apoderado de sectores enteros en Barranquilla y Soledad.
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Más de 6.000 uniformados y reforzó los esquemas. Foto:
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