Al filo de la medianoche del miércoles, el presidente Gustavo Petro y sus ministros firmaron el decreto del cuarto estado de excepción constitucional en lo que va del Gobierno, esta vez en respuesta a los estragos de la dura y atípica oleada invernal.
Sobre la necesidad de la declaratoria ante un hecho sobreviniente –el país está inundado en una época del año en la que, históricamente, las emergencias son por el intenso verano– no hay mayor debate. La discusión nacional gira más sobre la vía decidida por el Gobierno para enfrentar la situación –de nuevo, decretar impuestos– y sobre las cuentas de la plata que se necesita.
De hecho, en un primer momento el mandatario colombiano anunció que se necesitaban $16 billones para cubrir la contingencia, los mismos que buscaba con el anterior estado de excepción —suspendido por la Corte Constitucional— para cubrir el déficit del presupuesto.
El presidente Gustavo Petro en consejo de ministros en Córdoba. Foto:Presidencia
Luego modificó la suma y la bajó hasta la mitad, pero aun así quedaron las dudas. Los cálculos del Gobierno llamaron la atención; algunos los señalan como ‘cuentas de servilleta’ sin ningún sustento técnico. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó la exactitud de la cifra: “¿De dónde sacan que se necesitan 8 billones de pesos? Es clave que nos muestren el detalle. La suma parece desproporcionada y merece una auditoría académica externa”.
En ese sentido recordó la caída de la ley de financiamiento y de la emergencia económica emitida en diciembre. El primer mandatario insistió en que no debía declarar un nuevo estado de excepción si la Corte Suprema quitaba la suspensión del anterior. Por eso es que varios han cuestionado la nueva declaratoria.
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Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, fue uno de los que expresaron sus dudas, en este caso, en una entrevista con EL TIEMPO. Apuntó que “lo primero que uno podría llamar en términos de sospecha es que es la mitad del recurso de la ley de financiamiento por 16 billones de pesos”.
Para el director del Observatorio, resulta prematuro lanzar un monto de $8 billones cuando “no se han mostrado los cálculos de por qué son $8 billones, no es más, no es menos”. En ese mismo sentido, llamó la atención sobre la falta de previsión del Ejecutivo para atender emergencias, pues durante su mandato ha tenido que recurrir en tres ocasiones a esta figura.
Desde el Banco de la República también han cuestionado una nueva declaratoria de emergencia. “Estamos casi como en modo pandemia sin estar en una pandemia”, dijo Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República. “Nos importa a nosotros que haya un balance entre ingresos y gastos fiscales. Personalmente siento que no se está logrando en muchos años. Hoy en día Colombia está gastando a un ritmo bastante acelerado y no está recaudando al ritmo que se requiere”, apuntó el funcionario.
Emergencias en Córdoba Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
En cambio, desde los cercanos al Gobierno han señalado la imperiosa necesidad de la declaratoria. Incluso, desde varios días antes de conocerse el decreto le pidieron al primer mandatario que recurriera a esta figura. Y hasta otros que cuestionaron que la usara a finales de 2025 manifestaron que en este caso era más que necesaria.
En ese grupo estuvo el candidato presidencial Juan Fernando Cristo: “¡Emergencia económica ya! Presidente, la catástrofe humanitaria y social en Córdoba exige medidas urgentes e inmediatas para atender a las víctimas. Es vital declarar ya la emergencia económica, social y ambiental en el territorio. Hay un hecho sobreviniente que está generando daños inmensos a la población”.
Las cifras de la emergencia
En medio de la polémica, el gobierno de Gustavo Petro salió a defender las cifras para atender la emergencia. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, explicó en entrevista con este diario que los 8 billones de pesos corresponden a un estimado para la fase de recuperación, basado en antecedentes históricos y en los daños preliminares identificados.
Luego, en el decreto de emergencia quedó expresada la magnitud de la situación. Según las motivaciones, habría “afectaciones en 111 municipios, con 17 fallecidos, 254.531 personas y 94.431 familias damnificadas, 11.216 hectáreas impactadas, 18.232 viviendas averiadas, 4.099 viviendas destruidas y cerca de 183 vías, 16 puentes peatonales, 29 puentes vehiculares, 30 acueductos, 6 alcantarillados, 193 centros educativos, 83 centros de salud, 14 centros comunitarios, 5.222 animales de producción, 2.332 animales de compañía, 50 animales silvestres”.
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo. Foto:UNGRD / Anla / EFE
Asimismo, en el decreto se estima que las empresas comercializadoras de energía recibirán un duro golpe, pues la zonas afectadas concentran el 40,77 por ciento de la demanda nacional. Serían 18 empresas afectadas, que representan el 39,13 por ciento de las proveedoras de la demanda nacional.
También se plantea la posibilidad de reubicaciones ya que hay al menos 1.266 hectáreas en las que “la construcción de obras antrópicas ilegales ha obstruido el flujo hídrico hacia el río Sinú”. Por otro lado, se proyectó inicialmente la entrega de 11.000 canastas de mercados del programa Hambre Cero, pero los afectados “superan ampliamente dicha cifra”, por lo que se necesitaría más dineros para atender las nuevas necesidades del programa.
Bajo esa misma lógica se informa que normalmente el Departamento de Prosperidad Social atiende usualmente a 277.311 hogares y las cifras se desbordaron con la emergencia climática. “Una población proyectada a atender en el marco de la emergencia de 155.488 hogares en Antioquia, 187.529 en Chocó, 90.030 en Córdoba, 132.254 en La Guajira, 172.296 en Magdalena y 103.191 en Sucre”, dice el decreto sobre las personas que se deben atender con programas sociales.
Para el Ejecutivo, toda esta situación, que no solo se concentra en Córdoba, es la que amerita que se busquen 8 billones de pesos para atender la emergencia, una cifra de la que no hay rastro alguno en el decreto con el que el Gobierno habilitó el estado de excepción para ordenar nuevos impuestos sin el estudio del Congreso.
Los nuevos impuestos
Además de la controversia por la declaratoria y la cifra, también se generó debate sobre los impuestos que se podrían aplicar. La razón es que ya hay unos suspendidos por cuenta de la anterior emergencia económica y social. Como están siendo estudiados por la Corte Constitucional, no pueden ser aplicados de nuevo.
Al no poder hacer uso de varios tributos en los que el gobierno Petro ha insistido tanto en reformas tributarias como en estados de emergencia, entre los que están algunos como los tributos al tabaco, al alcohol o a los juegos de suerte y azar, el Gobierno tiene en mente dos nuevas formas de recaudo para lograr esos 8 billones de pesos, los cuales dice que necesita inicialmente para atender los desastres por las inundaciones.
De un lado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirma que sería conveniente colocar un nuevo impuesto al patrimonio a las grandes empresas. La idea sería que alrededor de 15.000 compañías empiecen a pagar una tarifa adicional a sus impuestos de renta.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:ELTIEMPO.
Esta tasa sería de 0,6 por ciento para las que tengan un patrimonio líquido de 10.000 millones de pesos y se elevaría a 1,2 por ciento para las de más de 30.000 millones de pesos. Además, el presidente Petro pidió expresamente que el Gobierno grave a las empresas rentísticas y no a las productivas reales.
Este anuncio no fue bien recibido por los diferentes expertos y el sector empresarial, los cuales catalogan la medida como un impuesto a la inversión que acabaría afectando el empleo y el crecimiento del país.
“Atacar a las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo y las oportunidades. Son impuestos que terminan al final afectando a los trabajadores y a las familias”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi).
José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, señaló que este impuesto no existe en casi ningún lugar del mundo y que solo nos empobrecería más y nos dejaría peor para futuras calamidades. “¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio de las empresas?”, sentenció. La cuestión, según diferentes analistas, es que los recursos de este impuesto tampoco llegarían de inmediato.
“Si el Gobierno quiere colocar un impuesto al patrimonio a las empresas hoy, este será pagadero en el 2027, porque los activos y pasivos, que son los que lo conforman, están en el impuesto de renta y se causan entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del 2026. Este es el problema que no han entendido”, aseguró el exdirector de la Dian Lisandro Junco, quien catalogó la medida como “antitécnica” y hasta “expropiatoria”.
De otro lado, el Presidente también anunció que quiere implementar un mecanismo de inversiones forzosas que permita destinar los recursos del sector financiero para reactivar la producción de alimentos. “Se financiarán los montos con inversión forzosa rural y urbana del Banco Agrario y Bancóldex usando la ley al respecto”, aseguró el mandatario.
La idea de poner inversiones forzosas a este sector no es nueva. El propio mandatario quiso colocarlas hace dos años para reactivar la economía, pero finalmente el sector llegó a un acuerdo con el Gobierno denominado Pacto por el Crédito para sectores específicos como vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, aseguró que una nueva inversión forzosa aumentaría la represión financiera. “Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión, por cuenta de la existencia de la tasa de usura, de la inversión forzosa en títulos agropecuarios (TDA), las restricciones para costos financieros y el límite restrictivo en el tiempo de permanencia de información en los burós de crédito”, dijo.
Adicional a ello, opinó que si se establece una nueva similar a la existente, de alrededor de 35 billones, habría menos recursos disponibles para otorgar créditos a los sectores no priorizados por la medida. “Lo anterior se traduciría en un incremento generalizado de 49 puntos básicos en la tasa de interés de los créditos a toda la economía, lo que generaría una reducción de la cartera de 0,9 puntos y una reducción del PIB de 0,3 puntos. Así, una medida como esta termina afectando a los colombianos vía encarecimiento de los créditos y no necesariamente garantiza un mayor crédito en los sectores a los que se desean impulsar”, explicó.
En la misma línea, el exministro Restrepo opinó que volver a la idea de las inversiones forzosas que el país desarrolló en los 60 es una forma de imponer nuevos impuestos al sector productivo y financiero y con ello entorpecer o limitar el acceso al crédito al micro, pequeño, mediano y gran empresario.
“Logra justamente el resultado contrario al esperado y además está demostrado en nuestra historia económica”, sostuvo. Entre otras medidas, el ministro Ávila también comentó que buscarán fijar tasas compensadas para el sector agropecuario en las zonas de emergencia reduciendo al mínimo la tasa de interés real con la cual puedan acceder a líneas de crédito.
También se sacarán líneas especiales para microempresarios y para la agroindustria colaborativa. Finalmente, contó que están barajando la posibilidad de hacer un ajuste a la estructura del impuesto de los juegos de azar para que estos también paguen más.
Redacción Política y Economía.
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