Con la mirada puesta en las elecciones y en la urgencia de redefinir la relación entre la Nación y las regiones, la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, explica cómo los mandatarios territoriales buscan que el próximo presidente, sin importar quién sea, asuma compromisos concretos basados en los diagnósticos y necesidades reales de los territorios.
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Por eso, la Federación Nacional de Departamentos (FND) avanza en la construcción del ‘Libro Blanco’, un documento que recoge la experiencia directa de los mandatarios locales y los aportes surgidos de diálogos con la academia, los gremios y la sociedad civil en temas como seguridad, infraestructura, energía y desarrollo social, en el marco de una cumbre que recorre distintas regiones del país. Más que un insumo técnico, la iniciativa busca consolidarse como una hoja de ruta para incidir en los programas de gobierno y garantizar que las decisiones nacionales respondan a las realidades diversas que viven los colombianos en cada territorio.
En entrevista con EL TIEMPO, Cortés detalla los ejes del proyecto, cuestiona el modelo centralista y lanza un llamado al próximo presidente: gobernar con enfoque territorial y compromisos verificables.
Cumbre de la FND invita a candidatos a hablar sobre las necesidades de las regiones. Foto:Federación Nacional de Departamentos
¿Cuál es el propósito principal de la FND con el ‘Libro Blanco’ que están construyendo?
El propósito es construir una hoja de ruta seria, sustentada y colectiva para que el país tome decisiones mejor informadas desde el territorio. El Libro Blanco busca ordenar, priorizar y traducir las necesidades de las regiones en propuestas concretas de política pública. Pero, sobre todo, busca algo más profundo: cerrar la brecha histórica entre quienes diseñan las políticas y quienes viven sus efectos.
Aquí hay una convicción: las regiones no pueden seguir siendo solo ejecutoras. Tienen que ser parte activa en la definición del rumbo del país.
Cumbre de Gobernadores desde Montería. Foto:FND
¿Y cuáles son esos ejes centrales que va a contener?
Responden a los principales desafíos territoriales del país: fortalecimiento de la descentralización y la autonomía, seguridad con enfoque diferencial, transición energética y sostenibilidad, desarrollo productivo regional, infraestructura y conectividad, cierre de brechas sociales y fortalecimiento institucional.
Cada eje recoge diagnósticos rigurosos y propuestas viables, construidas con participación de los territorios, la academia y distintos sectores. Es un documento técnico, pero profundamente conectado con la realidad.
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¿Cómo evitar que las demandas regionales se queden en declaraciones y no se traduzcan en políticas públicas?
Asegurando trazabilidad entre la propuesta y la decisión pública. El ‘Libro Blanco’ no solo plantea qué se necesita, sino cómo se puede implementar, con prioridades claras y rutas definidas. Además, está siendo incorporado en la conversación electoral, lo que permite que sus contenidos se traduzcan en compromisos programáticos.
Y hay un elemento clave: seguimiento. Las regiones están organizadas para hacerle control a esos compromisos. La idea es que lo que hoy se plantea como propuesta, mañana pueda medirse como resultado.
¿Qué motivó a la FND a hacer ese ‘Libro blanco’ y entregárselo a los candidatos?
Parte de algo muy concreto: la experiencia acumulada de los gobernadores y gobernantes a lo largo de estos años de gestión en los territorios.
Somos nosotros quienes hemos tenido que enfrentar, en tiempo real, los retos de la seguridad, la energía, la infraestructura, la salud y la sostenibilidad entre otros. Esa experiencia no es teórica, es práctica, es cotidiana, y está marcada por decisiones, aciertos, dificultades y aprendizajes que hoy constituyen un conocimiento valioso para el país.
Por eso, más que un documento técnico, el “Libro Blanco” recoge esa voz territorial con criterio, con evidencia y con sentido de realidad. Busca que las decisiones que se tomen a nivel nacional no partan de supuestos, sino de lo que ya han vivido y gestionado las regiones.
En ese sentido, la intención no es solo entregar un insumo, sino incidir de manera constructiva en el debate nacional, llevando a la discusión presidencial una agenda basada en la experiencia concreta de gobernar el país desde sus territorios.
¿Qué compromisos concretos esperan que hagan los candidatos presidenciales con las regiones?
Se esperan compromisos claros en materia de descentralización fiscal, asignación equitativa de recursos, fortalecimiento de la seguridad territorial, impulso a la infraestructura estratégica y promoción del desarrollo productivo regional.
Pero, sobre todo, se espera coherencia entre lo que se plantea en campaña y lo que se ejecuta en gobierno. Las regiones necesitan certezas, no solo intenciones.
Usted ha hablado de “reconstruir la relación Nación-territorio”, ¿qué está fallando hoy concretamente?
Hoy no es solo un problema de desarticulación, es un problema de enfoque y de poder.
Seguimos operando bajo un modelo donde la Nación concentra decisiones, define prioridades y administra recursos, mientras las regiones enfrentan los problemas en el territorio con capacidades limitadas. Esa desconexión no es menor: es la razón por la que muchas políticas no funcionan como deberían.
Se diseñan soluciones homogéneas para un país profundamente diverso. Se asignan responsabilidades sin transferir las herramientas necesarias. Y, en muchos casos, se toman decisiones sin escuchar a quienes conocen de primera mano la realidad de sus comunidades.
Eso tiene consecuencias concretas: ineficiencia en la ejecución, pérdida de recursos, desgaste institucional y, lo más grave, ciudadanos que no ven resueltas sus necesidades.
Y hay que decirlo con claridad: las regiones no pueden seguir siendo el último eslabón de una cadena de decisiones en la que no participan. No puede haber descentralización en el discurso y centralización en la práctica.
Reconstruir la relación Nación–territorio implica reconocer a las regiones como socias en la toma de decisiones y ajustar el modelo para que las competencias vayan acompañadas de recursos y capacidades reales.
Porque al final, lo que está en juego no es solo la eficiencia del Estado, es la capacidad del país de responderle de manera digna y oportuna a sus ciudadanos, sin importar en qué territorio vivan.
En la cumbre se ha hablado de la importancia de hacer propuestas diferenciadas según las necesidades de las regiones, ¿cómo se logra eso?
Cada capítulo no solo describe una realidad, sino que plantea rutas de acción diferenciadas, construidas a partir de las capacidades, vocaciones productivas, brechas sociales y desafíos institucionales de cada territorio.
Aquí hay un cambio de enfoque clave: pasamos de políticas estandarizadas a soluciones inteligentes, diseñadas desde la evidencia territorial. Porque lo que funciona en una región no necesariamente responde a las necesidades de otra, y seguir insistiendo en modelos homogéneos es perpetuar las desigualdades.
Además, este enfoque se construye sobre un diálogo amplio: gobernadores, equipos técnicos, academia y sectores productivos, lo que permite que las propuestas no solo sean pertinentes, sino también ejecutables.
La equidad no se logra tratando a todos por igual, sino garantizando que cada región tenga lo que realmente necesita para desarrollarse. En ese sentido, el Libro Blanco no solo reconoce la diversidad del país, la convierte en el punto de partida para construir soluciones más justas, más eficaces y con mayor impacto real en la vida de la gente.
¿Cuál es el llamado que le hace al próximo presidente, sea quien sea?
El llamado es a gobernar con una mirada territorial, con apertura real y con compromiso verificable.
El país necesita un liderazgo que no solo escuche, sino que incorpore a las regiones en la toma de decisiones; que no solo articule, sino que cumpla; y que entienda que gobernar Colombia exige reconocer su diversidad y actuar en consecuencia.
Las regiones están listas para ser parte de esa construcción, pero también están listas para exigir resultados. Porque aquí no se trata de participación simbólica, sino de corresponsabilidad efectiva.
El Libro Blanco es, en la práctica, una oportunidad para que el próximo gobierno tome decisiones mejor fundamentadas y logre mayor impacto. Pero también es un punto de partida para una nueva relación: más equilibrada, más transparente y más orientada a resultados.
El llamado, en el fondo, es a gobernar de manera distinta. A pasar del discurso a la ejecución, de la centralización a la confianza en los territorios, y de las promesas generales a los compromisos que realmente transforman la vida de la gente.
Redacción Política
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Las regiones proponen. Foto:
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