El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos enfrenta un escenario crítico debido a la falta de acuerdos en el Congreso para financiar la totalidad de sus operaciones. Esto hace que una parte significativa de su fuerza laboral deba cumplir con sus funciones habituales sin recibir un salario de manera inmediata.
LEA TAMBIÉN
La parálisis presupuestaria surge en un momento de alta tensión política, luego de que el Legislativo suspendió sus sesiones hasta el próximo 23 de febrero. El nudo del conflicto radica en las profundas diferencias sobre las reformas operativas necesarias para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha dejado en el limbo los recursos para el resto del año fiscal.
TSA Foto:TSA
Esta paralización gubernamental es la tercera desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, aunque al contrario de las anteriores -la primera con un récord de 43 días entre octubre y noviembre, y la segunda de casi cuatro días a inicios de este mes-, solo afecta al DHS, del que dependen a su vez varias de las agencias clave del país.
Aunque no existe un plan oficial de contingencia totalmente desglosado, proyecciones previas sugieren que hasta el 91 por ciento de los 270.000 empleados del departamento suelen verse afectados en estas circunstancias. No obstante, en esta ocasión el impacto podría matizarse gracias a fondos de reserva en áreas específicas.
El frente crítico: aeropuertos y costas
Solo incluirá a las agencias bajo la sombrilla del DHS: el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), entre otras.
LEA TAMBIÉN
La gran mayoría de estos empleados son considerados esenciales, por lo que deberán permanecer en sus puestos sin percibir salarios hasta que se resuelva el ‘impasse’.
Agentes fronterizos. Foto:iStock
Una de las entidades más expuestas es la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Aunque cuenta con recursos para operar hasta mediados de marzo, un cierre prolongado obligaría a unos 61.000 funcionarios a trabajar sin remuneración.
«Alrededor del 95 por ciento de los empleados de la TSA son considerados esenciales y deben seguir trabajando y protegiendo a los viajeros durante el cierre, sin cobrar», explicó Ha Nguyen McNeill, administradora interina de la TSA, en declaraciones recogidas por la Comisión de Asignaciones de la Cámara Baja. Según la funcionaria, estos servidores públicos operan en más de 430 aeropuertos comerciales en condiciones «extremadamente desafiantes».
Por su parte, la Guardia Costera también sentirá el rigor del recorte. El almirante Thomas Allan, vicecomandante de la institución, advirtió a la cadena Fox que se verán obligados a «suspender todas las misiones, excepto las de seguridad nacional o la protección de la vida y la propiedad». Esta medida afecta a cerca de 56.000 efectivos, entre personal activo, de reserva y civiles.
USCIS Foto:Canva / Archivo
El estado de las agencias clave
A pesar del panorama general de austeridad, la situación varía según la oficina:
- FEMA: La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias mantendrá a su personal trabajando sin cobrar, pero dispone de unos 7.000 millones de dólares en su fondo de ayuda para desastres.
- Inmigración (ICE y CBP): Paradójicamente, las oficinas de inmigración —centro del debate político— cuentan con solvencia financiera. Gracias a una ley de reconciliación fiscal aprobada en julio pasado, el ICE recibió 75.000 millones de dólares y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) otros 64.000 millones.
- Seguridad Fronteriza: Los recursos asignados previamente buscan mantener el reclutamiento de agentes y el fortalecimiento de los límites territoriales.
LEA TAMBIÉN
ICE Foto:iSTOCK
Un trasfondo de crisis social
El bloqueo legislativo no es gratuito. El cierre parcial ocurre bajo la sombra de fuertes cuestionamientos a los procedimientos del ICE. Recientemente, el despliegue de agentes en ciudades como Minneapolis terminó en tragedia con la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti.
Este último incidente provocó una ola de indignación que se tradujo en el denominado «apagón nacional», una protesta masiva en Minnesota contra las redadas y el uso de perfiles raciales para detener personas en las calles.
Desde la oposición demócrata se han planteado exigencias claras para destrabar el presupuesto: el uso obligatorio de cámaras corporales, la prohibición de equipo paramilitar y mascarillas en operativos, y el fin de los patrullajes itinerantes.
Congreso de Estados Unidos. Foto:Archivo particular
Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump ha mostrado resistencia, especialmente en lo que respecta a la exigencia de órdenes judiciales para cada allanamiento y la restricción del uso de máscaras por parte de los agentes.
LEA TAMBIÉN
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
Deja una respuesta