La magistrada Paola Meneses asumió la presidencia de la Corte Constitucional para el periodo 2026, un año clave por la renovación del Congreso y las elecciones a la Presidencia de la República. En diálogo con EL TIEMPO, dijo que el alto tribunal respeta a las otras ramas del poder, y que espera que ese trato sea recíproco.
La abogada, que reemplazó en la presidencia al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, advirtió también que cada día llegan al tribunal una avalancha de 5.000 tutelas, cifra que aumentó con respecto al 2024 y que evidencia la situación de vulneración de derechos en el país.
Presidenta, con la suspensión del salario mínimo y de la emergencia económica, el Gobierno ha atizado su discurso en contra de las cortes. ¿Hay un bloqueo institucional, como dice el presidente Petro?
En cuanto al tema del salario mínimo no me pronuncio porque eso es competencia del Consejo de Estado. En cuanto a lo demás, nuestro país siempre ha estado sujeto a retos y vicisitudes; nuestra historia lo demuestra. Y yo lo que diría es que la Constitución Política siempre está por encima de todas las coyunturas. La Corte Constitucional decide en derecho. Su legitimidad está dada por la aplicación del derecho en sus fallos y nosotros, al proteger la Constitución, en últimas protegemos el Estado social y democrático de derecho y los derechos fundamentales de las personas. La Corte Constitucional respeta profundamente las competencias de las demás ramas del poder público, pero asimismo defiende con vehemencia las suyas.
Pero ha existido una pugnacidad contra la Rama Judicial que incluso ha motivado propuestas como la de una constituyente, ¿cómo ve este proyecto de gobierno?
Nosotros somos jueces y decidimos únicamente conforme a nuestras competencias. La Constitución Política de 1991, que es la que estamos llamados a defender, establece algunos mecanismos de modificación constitucional, pero también define la forma en que esos mecanismos han de llevarse a cabo. Con respecto a la Constituyente, la competencia de la Corte, en su momento, estará en determinar si se cumplió con lo previsto al respecto en la Constitución Política.
Paola Meneses, magistrada de la Corte Constitucional. Foto:Milton Díaz/El Tiempo
La nueva emergencia es el cuarto estado de excepción del Gobierno. No le voy a preguntar por ese tema en específico, pero sí por cómo ve usted que el Ejecutivo administre y gobierne vía decreto…
La Constitución Política contempla diferentes facultades y competencias. Por eso le insisto en que nosotros respetamos las competencias de las demás ramas del Poder Público y defendemos las nuestras. La declaratoria de los estados de excepción es una posibilidad prevista en la Constitución. Lo que ocurre es que está sujeta al control de la Corte. Y ahí es donde nosotros entramos a revisar cómo se ejerció esa facultad.
O sea que se puede decir que el mensaje que da la Corte, de cara a esta gobernanza por decreto, queda en las sentencias. Tumbaron una, salvaron parcialmente la otra y suspendieron inéditamente la tercera, ¿la Corte habló a través de esos fallos?
La Corte decide en derecho y conforme a sus competencias. Y vuelvo y le digo: mantener y respetar las competencias no solo de la Corte, sino de cada uno de los actores del Estado, es el pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho. La Corte falla en derecho y se legitima a través de los fallos que protegen la Constitución.
Emergencia económica en la Corte Constitucional Foto:Archivo
Hay varios temas espinosos en el tintero: la pensional, la decisión de fondo sobre la pasada emergencia económica, sobre la nueva, el pronunciamiento sobre el “decretazo” de la consulta popular. ¿El país cuándo tendrá respuestas sobre estos temas?
Bueno, cada tema tiene sus particularidades. La Corte actúa en los tiempos y procedimientos que legalmente están establecidos para ello. Su pregunta tiene varias aristas. En relación con la reforma pensional, la Corte ha venido trabajando dentro de los términos con que cuenta. Pero usted entenderá que no solamente en ese expediente, sino en cualquier expediente, se pueden presentar situaciones o vicisitudes procesales que nosotros tenemos que atender para garantizar el debido proceso. Ejemplo de ello: impedimentos, recusaciones. Esas vicisitudes o esos temas procesales hacen que la Sala Plena tenga que resolverlos para luego continuar con el trámite. Pero mire, en la pensional ya tenemos —como lo sabe el país— un conjuez sorteado. Tenemos un conjuez, entre otras cosas, por la complejidad del debate y del tema. En el orden del día de la próxima semana tenemos, en el punto uno del miércoles, volver sobre la reforma pensional. Debemos analizar y resolver unas cuestiones procesales previas, porque tenemos allí unas recusaciones presentadas. Eso nos dará el camino para continuar con el debate. Queremos resolverlo lo antes posible, pero tomando la mejor decisión para los colombianos. Somos conscientes de la importancia de la decisión, que tiene que ver nada más y nada menos que con la vejez. En relación con la consulta popular, ya existe una ponencia en la Sala Plena que tendrá que ser analizada por todos los magistrados.
¿Qué derechos fundamentales considera que son los que están en mayor riesgo en el país?
La situación de nuestro país —que, como le he referido, es de muchos años desafortunadamente, y en la que siempre queremos alcanzar la paz— necesariamente hace que se afecten múltiples derechos fundamentales. No le podría hacer un listado, porque estamos hablando del derecho a la vida, empezando por ahí; pero también del derecho a la salud, de la vivienda. Es decir, nuestra situación hace que se vulneren varios derechos fundamentales. Y ahí está, a propósito de su pregunta, la tarea de la Corte. Porque esa función del control de constitucionalidad, que es muy importante, es la que nos ha tenido hablando en los últimos días de la declaratoria de emergencia y de la reforma pensional. Está bien y es importante. Pero la otra función es igualmente clave y nos toca visualizarla en estos tiempos: la defensa de los derechos fundamentales. La Corte es la que protege los derechos fundamentales y cambia la vida.
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Corte Constitucional Foto:Corte Constitucional
¿Cuáles temas han abordado recientemente?
Le puedo decir: en vivienda hemos solucionado el tema a decenas de colombianos; en educación le hemos garantizado el acceso a niños que no lo tenían; hemos trabajado en inclusión. Eso es lo que cambia la vida de las personas. Hoy tenemos 5.000 tutelas diarias llegando a la Corte. Eso quiere decir que, en una Sala de Selección promedio, en un mes, dos magistrados están revisando entre 80.000 y 90.000 tutelas. Pero eso lo que quiere decir es que allí la Corte entra a trabajar frente a la vulneración de múltiples derechos fundamentales que no quisiéramos que ocurrieran, pero que, lastimosamente, están inmersos en la historia de nuestro país.
¿Este número que usted me da aumentó o disminuyó con respecto a periodos anteriores?
Ha venido en aumento aproximadamente desde finales del año pasado. Es un incremento sostenido. Nosotros recibíamos en promedio unas 3.900 o 4.000 tutelas al día; hoy estamos en 5.000. Y gran parte de esas tutelas tienen que ver con el derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, allí es muy importante la labor que hace la Sala de Seguimiento en Salud, pero también la labor que hacemos al momento de seleccionar y revisar las tutelas, y de identificar dentro de la Corte cuáles pueden ser las causas y dónde están los focos de mayor vulneración del derecho a la salud en el país.
Pacientes esperando ser atendidos. Foto:JUAN PABLO RUEDA
Precisamente, la Sala de Seguimiento ha emitido una serie de órdenes al Ejecutivo, entre estas el reajuste a los presupuestos máximos, a la UPC, que de hecho esta última le costó un desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Cómo va el cumplimiento de esto?
El presidente de la Sala es el magistrado Camargo. Sé que están en ese incidente de desacato, en las etapas probatorias y en las procesales pertinentes. Lo que sí le puedo garantizar es que van a continuar trabajando para poder aportar, desde las competencias de la Corte, y de alguna manera menguar los impactos de la situación que está atravesando el país.
¿Qué llamado hace usted frente a ese ‘conejo’ que les ha hecho el Gobierno a estas órdenes?
Todos los destinatarios de las órdenes de la Corte Constitucional están llamados a cumplirlas. Ya en el marco de la Sala de Seguimiento, los tres magistrados han adoptado y continuarán adoptando los mecanismos que sean necesarios para hacer efectivas esas órdenes.
Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Foto:CEET
El expresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez, le dijo a EL TIEMPO que iba a presentar y acompañar un proyecto de ley para cambiar la vacancia judicial. ¿Ahora, bajo su presidencia, piensan acompañar este proyecto?
Esa es una iniciativa muy valiosa que, como usted y el país saben, surgió con ocasión de lo que ocurrió en diciembre, con la declaratoria de la emergencia económica en plena vacancia. Es una iniciativa que surgió en su momento y, por supuesto, tenemos que revisarla en el seno de la Sala Plena. Dado el caso, tendría que ser algo que no solamente partiera de la Corte Constitucional, sino que posiblemente tendría que ir a la Comisión Interinstitucional. Seguramente es algo que nos va a llamar muchísimo la atención, porque hay situaciones que ameritan un trato diferente en espacios de tiempo en los que, por ley, hoy desafortunadamente no podemos actuar.
¿Se refiere al control automático de esos estados de excepción?
Me refiero a cualquier situación que pueda surgir mientras esté la vacancia y que hoy la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no contempla. Actualmente solo contempla asuntos en materia penal, ciertos temas y tutelas. Pero este es un asunto que hay que revisar a profundidad.
La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera Foto:Cortesía
De cara a las elecciones, ¿cómo espera usted que sea ese diálogo interinstitucional con las demás ramas del Poder Público?
El artículo 113 de la Constitución establece la separación de poderes y la colaboración armónica. Un año electoral es la expresión de la democracia de un Estado y yo estoy plenamente confiada en que cada una de las entidades que conforman las distintas ramas y los distintos órganos del Poder Público trabajarán en lo que les compete, respetando las competencias y facultades de los demás y, por supuesto, actuando de manera armónica, como lo señala la Constitución para llevar a feliz término este proceso democrático.
¿Cuáles son los retos que hereda como presidenta de la Corte Constitucional?
Los retos se siguen construyendo, porque todos los presidentes que han pasado por esta corporación han dado lo mejor de sí para que la Corte continúe siendo esa institución que tiene alta credibilidad y que es tan querida por los colombianos.
¿Qué llamado hace frente a la polarización que le ha costado al país el asesinato de un precandidato presidencial?
Hablo dentro de mis competencias como jueza de la República. Tengo el mandato de ejercer las labores que la Constitución me señala —o nos señala a los nueve magistrados—. Por supuesto, ese tipo de situaciones nos duelen a todos los colombianos. Pero nosotros, desde la Corte, actuamos en derecho, conforme a lo que la Constitución nos manda y nos permite.
Sara Quevedo – @JusticiaET – sarque@eltiempo.com
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