En las últimas semanas han tenido lugar las audiencias de imputación contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacios, y dos exsubsecretarias del área ambiental: Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla. Hoy se ordenó la libertad de los tres exfuncionarios para afrontar el proceso en su contra.
Las diligencias en contra de estos tres personajes avanzan en medio de los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación que los ubica como responsables de los delitos de interés indebido en la contratación y peculado por apropiación en procesos contractuales de la entidad entre 2020 y 2023, cuyo valor ascendió a los 18.000 millones de pesos y de los cuales se habrían ‘perdido’ más de 2.000 millones.
Dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto:Archivo particular.
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El AMVA y los bomberos
Particularmente, la Fiscalía le puso la lupa a seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 bajo la modalidad de contratación directa, cuya justificación fue el «apoyo a la gestión» de la entidad. Según el ente acusador, estos contratos incluían actividades que no se correspondían con la modalidad del vinculo.
La Fiscalía habla de que entre 2020 y 2023 se habrían dado maniobras deliberadas por parte de los directivos del AMVA para beneficiar ilegalmente con seis convenios por 17.656 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en el que habría terceros interesados en desviar los recursos públicos. Este último elemento será clave más adelante.
En ese sentido, el director del cuerpo de bomberos de esa época, Misael Cadavid, enfrenta un proceso paralelo por el que ya fue imputado y recibió medida de aseguramiento.
Misael Cadavid, imputado por la Fiscalía. Foto:Archivo particular
El punto coyuntural del caso es que, en el orden del día de las diligencias que se adelantan en este proceso desde 2025, empezó a asomarse un nombre particular que a pesar de no estar incluido en la imputación de la Fiscalía, habría sido el articulador del entramado, según lo que se ha mencionado durante las audiencias.
Se trataría de Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien poco a poco se ha convertido en una pieza más relevante, en tanto, se habría encargado de ordenar procesos de contratación que habrían terminado en desviación de dineros públicos.
Durante las audiencias del proceso en contra de Palacio y sus subalternas, inicialmente se ubicó a Quintero como uno de los presuntos favorecidos con la asignación de los contratos, sin embargo, a medida que el proceso ha avanzado, su papel ha evolucionado.
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El presunto papel oculto de Miguel Quintero
Miguel Quintero, hermano del ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Foto:El Tiempo
En la última audiencia del caso que se realizó el año pasado, el fiscal del caso expuso: «¿Y quiénes son estos terceros? Justamente hemos dicho que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a través del ciudadano Misael Cadavid, quien era su representante legal, el ciudadano Elkin Correa y de acuerdo con las labores investigativas contempladas en este proceso investigativo, contamos entonces que también en este tenía injerencia de mando y comunicación, incluso solicitando información para vincular personas, como es el ciudadano Miguel Quintero y Álvaro Villada».
Lo dicho por el Fiscal fue luego sustentado por el ente acusador con una serie de chats presentados al juez del caso de un grupo de WhatsApp integrado por Quintero Calle, Álvaro Villada (exsubdirector Financiero del AMVA) y Sebastián Ortega, el hijo de un político de la región.
En estas conversaciones, Quintero habría solicitado la contratación de varios individuos en la entidad, remitiendo sus hojas de vida a través del chat para que Villada tramitara las contrataciones. Además, la Fiscalía señaló que el hermano del exalcalde también habría solicitado la contratación de Ana María Roldán a través de su abogado y la de Diana María Montoya, quien habría sido su amor de infancia, a través del subdirector Financiero del AMVA, directamente.
―Es preciso recordar que Palacio fue asesor de Miguel Quintero durante su periodo como concejal de Medellín, por lo cual, es cercano a él―.
Además, en chats presentados por la Fiscalía al juez, se expuso otro caso particular que presuntamente daría cuenta del poder de Quintero Calle en los procesos de contratación de la entidad. El 20 de febrero de 2020, Miguel Quintero y Álvaro Villada hablaron a través del mencionado grupo y el hermano del exalcalde se dirigió a la contraparte: «Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área. Pensé que ya estaba allá», Villada por su parte respondió: «Jaaaaaa. Esto aquí es muy demorado con la justicia. Hemos sacado unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo».
Investigación de la Fiscalía que salpica a Miguel Quintero. Foto:Archivo particular
Ya en las más recientes audiencias en el caso contra Palacio y las exsubdirectoras, la defensa del exdirector señaló a las mujeres de ser las responsables de los procesos de contratación investigados, asegurando que Palacio había delegado dichas funciones y que las funcionarias habrían actuado como ordenadoras del gasto.
Incluso, durante la audiencia que tuvo lugar el pasado 13 de febrero, la defensa de el exdirector se refirió al papel de un tercero que habría influido en los procesos de contratación y al cual decidía no nombrar en atención a la presunción de inocencia, sin embargo, para los presentes fue claro que esta mención hacía referencia al hermano del exalcalde.
A todo lo anterior se suma que una exfuncionaria del AMVA que está colaborando con la justicia por medio de un principio de oportunidad también señaló a Quintero Calle de haber sido quien solicitó la contratación de las dos exsubdirectoras.
En la diligencia de este 16 de febrero, el juez accedió a la petición de la defensa de las subdirectoras y Palacio de dejarlos en libertad durante el proceso.
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‘Instrumentalizados por un tercero’
El togado juzgó que Palacio delegó la contratación a las exfuncionarias, a las cuales el exdirector no les tenía confianza «no porque no se la merezcan, sino porque fueron nombradas por una petición, por injerencia de un tercero y raya con esa confianza que ostenta un cargo de libre nombramiento y remoción».
Concretamente, el sentenciador aseguró que los judicializados fueron instrumentalizados por terceros que querían sacar beneficios de la contratación a través del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El juez fue contundente al indicar que la Fiscalía debe investigar más y presentar más elementos materiales probatorios en contra de los investigados.
Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del valle de Aburrá. Foto:Cortesía.
Por su parte, la Fiscalía considera que el esquema de corrupción que presuntamente tendría a Miguel Andrés Quintero Calle como el ‘titiritero’ que movió los hilos, sería una actuación en la que todos los involucrados habrían querido dar apariencia de legalidad a la contratación amañada, en la que al parecer se omitieron estudios y se hicieron sobrecostos con tal de conseguir objetivos particulares.
Así, el juez 27 penal municipal concedió la libertad a Palacio, Roldán y Montoya al determinar que ninguno representa un peligro para la sociedad o el proceso y al reconocer que han comparecido siempre que han sido requeridos por su despacho. La Fiscalía apeló la decisión y los argumentos del ente acusador serán de la escucha del juez este martes 17 de febrero.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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Un país en emergencia. Foto:
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