En el marco de los 34 años de funcionamiento de la Corte Constitucional, su presidenta, la magistrada Paola Andrea Meneses, reivindicó el papel del alto tribunal como garante de la supremacía de la Carta Política y como contrapeso frente al ejercicio del poder público, en especial cuando el Ejecutivo acude a los estados de excepción.
“La misión asignada a la Corte en este escenario determinó la forma de su composición, con la finalidad de transmitir una legitimidad que le permitiera garantizar la guarda y supremacía constitucional en escenarios en los que sus competencias, no solo iban dirigidas al respeto y protección de los derechos fundamentales, sino al control del poder público, particularmente, al ejercido por el Legislador y el Ejecutivo, cuando este último acude, por ejemplo, a la figura de los estados de excepción”, dijo la magistrada Meneses.
Magistrada Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional. Foto:Corte.
El pronunciamiento se produce a seis meses de que culmine el gobierno del presidente Gustavo Petro y mes y medio después de la declaratoria de emergencia económica que hoy está suspendida por orden de la Corte Constitucional. Además, el mandatario decretó por cuarta vez en su período un estado de excepción, figura que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, incluso para establecer impuestos temporales.
En su intervención, realizada en el aniversario de la Corte en la Universidad Javeriana, la presidenta del alto tribunal subrayó que el cumplimiento de la misión de la Corte la aleja de la confrontación política propia de otras instituciones. Señaló que la labor del juez constitucional «no se basa en la contienda entre las fuerzas políticas, no depende de la representatividad de las mismas, y no exhibe una pretensión dirigida a que sus decisiones sean validadas por las mayorías políticas coyunturales».
Aniversario número 34 de la Corte Constitucional. Foto:Milton Díaz/EL TIEMPO.
Agregó que el quehacer del tribunal exige “independencia, rigor en la reflexión, ponderación en sus decisiones, transparencia en su actuación y, en muchos momentos, valentía para asumir posturas que, aunque generan desacuerdos, son necesarias para la consolidación del Estado Social de Derecho, bien sea para el control del ejercicio del poder o para la garantía de los derechos fundamentales”.
Meneses enfatizó que ello “no excusa al Tribunal Constitucional en modo alguno de su plena sujeción al Derecho”, pues en un Estado constitucional el ejercicio de sus competencias debe estar plenamente justificado y respaldado en su misión de garantizar la supremacía constitucional.
Añadió que las tensiones con otras ramas del poder deben relajarse en la medida en que la actuación de la Corte “no obedece a un pulso político, sino a un compromiso por evitar una alteración en el diseño institucional que el pueblo acordó en un momento constituyente”.
Magistrada Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional. Foto:Corte.
La magistrada sostuvo que, tras 34 años de funcionamiento, las y los magistrados han asumido la responsabilidad de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución “con el mayor compromiso y sentido de justicia”, y destacó que, aunque no sin tropiezos, la Corte ha ajustado sus prácticas cuando ha sido necesario para honrar la voluntad plasmada en la Carta de 1991. La magistrada destacó varias construcciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional que han impactado la vida del país e incluso inspirado a otras jurisdicciones.
Recordó, en primer lugar, la justiciabilidad de los derechos sociales desde 1992, con las sentencias T-002 y T-008, que abrieron la discusión sobre cuáles bienes constitucionales podían considerarse fundamentales y exigibles por tutela, desarrollando categorías como los derechos innominados, la transmutación del derecho y la conexidad, línea que se consolidó con decisiones como la T-025 de 2004. También resaltó la jurisprudencia sobre medidas afirmativas y grupos históricamente discriminados, a partir del artículo 13 de la Constitución, que permitió visibilizar prácticas y estereotipos arraigados, especialmente por razones de género.
En tercer lugar, subrayó la figura del estado de cosas inconstitucional para enfrentar violaciones masivas y sistemáticas de derechos fundamentales, aplicada desde la SU-559 de 1997, pasando por la T-025 de 2004 sobre desplazamiento forzado, hasta providencias más recientes como la SU-020 de 2022 y la SU-546 de 2023. Finalmente, destacó el desarrollo del juicio de sustitución, a partir de las sentencias C-551 de 2003 y C-970 de 2004, mediante el cual la Corte concluyó que el poder de reforma tiene límites y que existen ejes que dan identidad a la Constitución y deben ser protegidos, construcciones que —según afirmó— han hecho de este tribunal un baluarte del Estado Social y Democrático de Derecho.
“Hoy, luego de estos 34 años de funcionamiento de la Corte, no tengo duda en afirmar que las y los magistrados de la Corte Constitucional hemos asumido la responsabilidad de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución con el mayor compromiso y sentido de justicia”, afirmó Meneses, quien cerró su intervención con un reconocimiento al trabajo de sus colegas, funcionarios y antecesores, y al legado que —según dijo— ha contribuido a la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho, la paz y la justicia social.
En la jornada se hizo un minuto de silencio en memoria de María Victoria Calle Correa, la primera mujer en ejercer la Presidencia de la Corte Constitucional de Colombia en dos períodos no consecutivos.
Además se entregó un reconocimiento a los exconstituyentes y profesores de la Pontificia Universidad Javeriana Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Gustavo Zafra Roldán.
Redacción Justicia
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