Aunque el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el incremento del 23 por ciento del salario mínimo de este año, el Gobierno insistirá en que el aumento debería ser por ese mismo valor. Adicional a ello, los sindicatos y algunos empresarios también respaldan esta decisión.
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Empresarios, sindicatos y Gobierno se reúnen para hablar del salario mínimo. Foto:Ministerio de Trabajo
Los tres actores que componen la mesa tripartita de concertación salarial se reunieron ayer por petición del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien a la salida confirmó que la mayoría de las partes están de acuerdo en seguir proponiendo ese 23 por ciento para no afectar a los más de 2,4 millones de trabajadores que ya reciben un sueldo de 1’750.905 pesos más el auxilio de transporte.
“La opinión mayoritaria es que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23 por ciento que hoy está vigente, lo que nos parece una buena noticia para los trabajadores”, señaló. Y agregó que “el Gobierno va a seguir defendiendo el ‘salario vital’, el cual es una decisión de política pública”.
Hay que recordar que el Ejecutivo tiene ocho días calendario para sacar un nuevo decreto en el que explique en detalle qué parámetros económicos justifican la fijación del incremento de 23 por ciento, ya que el alto tribunal le pidió conocer cómo la inflación, la productividad o el crecimiento incidieron en el porcentaje decretado. Esto significa que hasta el momento las compañías deben seguir pagando ese valor y, en el hipotético caso de que el aumento posterior sea menor, a los trabajadores no se les podrá quitar el dinero recibido.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, quien también acudió a la cita, señaló a la salida que tanto para el Gobierno como para buena parte del sector empresarial y todo el movimiento sindical el salario ‘vital’ es ya un derecho adquirido. Por tanto, sería “inconveniente, inconstitucional e inviable” modificarlo. “Entendemos la solicitud de aclarar con mayor precisión los análisis económicos que llevaron a este incremento y lo vamos a hacer; sin embargo, se trata de un derecho ya adquirido. Lo interesante es que las tres partes coincidimos en la búsqueda de una mayor equidad y condiciones de justicia social”, dijo.
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¿Le van bajar el salario mínimo por suspensión provisional del Consejo de Estado? Foto:ARCHIVO PARTICULAR
Adicional a ello, Ávila afirmó que el Gobierno buscará dar alivios a algunos sectores que tengan mayores dificultades ante el alza del 23 por ciento del salario. “A las pequeñas y medianas empresas hay que darles medidas compensatorias que les hagan más fácil la absorción del aumento de mínimo. Dejamos la puerta abierta para colaborar con los sectores que se puedan llegar a ver afectados”, sostuvo.
Por su parte, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), coincidió en que defenderán el 23 por ciento porque se trata de un derecho adquirido ya reconocido por empresarios y Gobierno, el cual también paga nóminas. “Considero que el Consejo de Estado está equivocado. El pueblo va a defender este decreto. Vamos a movilizarnos este jueves 19 de febrero”, afirmó.
Fabio Arias, presidente de la CUT. Foto:Milton Diaz / iStock
Aunque no habló tras la reunión, Bruce Mac Master, presidente de Asociación Nacional de Industriales (Andi), dijo previamente que el empresariado debe hacer todo el esfuerzo por sostener el aumento. “Le hemos hecho un llamado a las empresas para que independientemente de la decisión que se tome en los próximos días logremos en la medida de lo posible mantener las condiciones salariales vigentes”, consideró, e indicó que hay que trabajar para que ese incremento no siga afectando la inflación, el empleo y la informalidad.
A lo largo de las últimas semanas han sido varios los estudios que han proyectado un mal panorama económico tras el alza del 23 por ciento. Por ejemplo, un informe del centro de pensamiento Fedesarrollo estimaba que se podría generar una pérdida de hasta 600.000 empleos formales frente a un escenario en el que el crecimiento se hubiera limitado al reconocimiento de la inflación y la productividad.
“Podría incidir en las decisiones de contratación, en la fijación de precios de bienes y servicios y llevar al banco central a aumentar las tasas de interés. En consecuencia, puede afectar el crecimiento de la economía”, se puede leer en el análisis firmado por la economista Ximena Cadena.
Otro documento del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia calculó que se podrían perder hasta 734.000 trabajos debido a los mayores costos laborales de las empresas y a un mayor costo de financiamiento en un contexto de altas tasas de interés. En ese caso, los sectores más afectados serían los de actividades profesionales, el comercio y la construcción.
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El Gobierno decretó un aumento de 23 por ciento para este año. Foto:iStock
Adicional a ello, el propio equipo técnico del Banco de la República ha considerado que el aumento del 23 por ciento se traduciría en incrementos en la inflación cercanos a 200 puntos básicos en términos anuales, lo que llevaría a subir las tasas de interés, como ya ocurrió en la reunión de enero. En total, el Emisor proyecta que la inflación cerraría el 2026 en 6,3 por ciento y el 2027 en 3,7 por ciento.
Sin embargo, no todos los empresarios que acudieron a la reunión estuvieron de acuerdo con mantener el alza de 23 por ciento. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal –quien no estuvo en la mesa de diciembre–, aseguró que ese nivel solo perjudicaría a la economía. “Nos preocupan los trabajadores que ganan el mínimo y que podrían ver sus empleos destruidos, los más de 11 millones de colombianos que en la informalidad ganan por debajo de esa cifra y los trabajadores por cuenta propia que tampoco se verán beneficiados”, sentenció.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, tras reunión sobre el salario mínimo. Foto:Daniel Fernando López. El Tiempo
Por último, señaló que el alza ya empieza a sentirse poco a poco, aunque aún no con plenitud. “Basta comparar la inflación anualizada de enero de 2025 con la de enero de 2026 en sectores como transporte (25 por ciento), comida fuera del hogar (39 por ciento) y salud (20 por ciento) para evidenciar el costo que deberán asumir los colombianos más vulnerables”, apuntó.
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Entre tanto, María Elena Ospina, presidenta de Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), considera que los trabajadores a los que ya se les ha aumentado el 23 por ciento el mínimo se les deberá seguir pagando siempre ese valor. No obstante, que en el caso de que el nuevo decreto tenga en cuenta una cifra menor los nuevos contratos deberían estar atados a ella.
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