La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó posesión material de una mansión de más de 1.000 metros cuadrados ubicada en el municipio de Barrancas, inmueble que fue restituido al Estado tras un proceso de extinción de dominio vinculado al exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.
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La diligencia incluyó el desalojo y recuperación física del predio, el cual, según la entidad, estaba ocupado por familiares del exmandatario. Con esta actuación, el inmueble pasa formalmente a administración estatal mientras se define su uso definitivo conforme a la normativa vigente para bienes incautados.
De acuerdo con información oficial, el operativo fue coordinado por la Dirección Territorial Caribe de la SAE y contó con el acompañamiento de la Policía Nacional de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y autoridades municipales, en un procedimiento que, según la entidad, se realizó bajo los protocolos legales establecidos.
Extinción de dominio y recuperación de bienes
El inmueble quedó bajo custodia de la Policía mientras se define su destinación final. Foto:SAE
El inmueble forma parte del grupo de activos sometidos a extinción de dominio, mecanismo jurídico que permite al Estado recuperar bienes asociados a actividades ilícitas, sin necesidad de compensación para los antiguos propietarios cuando se acredita su origen o destinación ilegal.
En este caso, el predio estaba vinculado al proceso judicial que llevó a la condena del exgobernador Gómez Cerchar, quien fue sentenciado por delitos de homicidio y concierto para delinquir, tras determinarse su responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, y sus nexos con estructuras armadas ilegales que operaron en La Guajira.
Actualmente, el exmandatario cumple condena en un establecimiento carcelario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La recuperación de este bien se enmarca en las acciones de administración y protección del patrimonio estatal derivado de decisiones judiciales en firme.
Operativo bajo control institucional
La propiedad estaba ocupada por familiares del condenado exgobernador. Foto:SAE
La SAE informó que el procedimiento se desarrolló de manera ordenada y sin alteraciones del orden público. La presencia de organismos de control y fuerza pública tuvo como propósito garantizar el cumplimiento de la ley y salvaguardar los derechos de las personas que ocupaban el inmueble.
Tras la recuperación material, la mansión quedó bajo custodia provisional de la Policía Nacional, mientras la SAE adelanta los trámites administrativos para determinar su destinación final. Entre las alternativas previstas en la legislación se encuentran la asignación a entidades públicas, proyectos sociales o eventual enajenación.
Fuentes consultadas señalan que este tipo de bienes, por su tamaño y características, suelen ser evaluados para su uso institucional o para generar recursos que fortalezcan programas estatales, aunque la decisión definitiva depende de estudios técnicos y jurídicos.
Un inmueble emblemático en el sur de La Guajira
El operativo contó con acompañamiento de la fuerza pública y organismos de control. Foto:SAE
La propiedad, con una extensión superior a los 1.000 metros cuadrados, se convirtió durante años en símbolo del poder político y económico del exgobernador en la región. Su recuperación representa uno de los bienes de mayor visibilidad dentro del inventario administrado por la SAE en el Caribe.
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En La Guajira, los procesos de extinción de dominio han tenido especial relevancia debido a antecedentes de investigaciones por corrupción y vínculos con organizaciones ilegales. La recuperación de activos busca no solo restituir patrimonio al Estado, sino enviar un mensaje sobre la aplicación efectiva de la justicia patrimonial.
Especialistas en derecho penal y administrativo explican que la extinción de dominio es una herramienta autónoma frente al proceso penal. Esto significa que, aunque esté relacionada con hechos delictivos, su trámite tiene reglas propias y se centra exclusivamente en la legalidad del origen o destinación del bien.
Destino final y administración estatal
Alias Kiko Gómez. Foto:Archivo: EL TIEMPO
Mientras se define el uso futuro de la mansión, la SAE mantiene la responsabilidad de su custodia y conservación. El objetivo, según la entidad, es evitar deterioro, ocupaciones irregulares o pérdida de valor del activo recuperado.
La administración adecuada de bienes incautados ha sido uno de los principales retos históricos del Estado, debido a costos de mantenimiento, litigios pendientes y dificultades para su comercialización o asignación. En los últimos años, la SAE ha insistido en acelerar la monetización o destinación social de estos activos.
Con la recuperación de esta propiedad en Barrancas, el Estado consolida el control sobre un bien de alto perfil vinculado a un caso judicial que marcó la historia reciente de La Guajira. La decisión sobre su destinación final será clave para determinar si el inmueble se convierte en activo institucional, proyecto comunitario o recurso financiero para el erario.
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