La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 004 de 2026 para los municipios de Puerto Rico y El Doncello, en el departamento del Caquetá, ante los graves y urgentes riesgos que enfrentan comunidades de la zona, en especial 175 niñas, niños y adolescentes que estudian en el corregimiento de Rionegro.
La alerta se concentra en el corregimiento Rionegro, de Puerto Rico, y en las veredas Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, de El Doncello. La entidad advirtió sobre posibles hostigamientos y ataques con artefactos explosivos contra la subestación de Policía de Rionegro, ubicada en una zona de alta densidad poblacional, rodeada de viviendas civiles y a escasos metros de la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural de Rionegro, donde estudian alrededor de 175 menores de edad.
Estación de Policía del corregimiento Rionegro fue atacada por disidencias de ‘Calarcá’. Foto:Archivo Particular.
La advertencia se da luego de que, en la noche del jueves 29 de enero, el departamento viviera una jornada de alteración del orden público con dos ataques casi simultáneos. El primero ocurrió en el centro poblado de Rionegro, donde la estación de Policía fue blanco de un hostigamiento armado perpetrado, al parecer, por integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.
El hecho, registrado hacia las 11:00 p. m., generó un intercambio de disparos que dejó heridos a los patrulleros Carlos Lozano, con una lesión en el tórax izquierdo, y José Delgado, con una herida en el hombro izquierdo. Ambos reciben atención médica y, según reportes preliminares, se encuentran estables y fuera de peligro.
La Defensoría identificó como principal fuente de amenaza al Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), grupo disidente que tiene cupo en la ‘paz total’ del presidente Petro y que no ha arrojado resultados concretos. De hecho, está suspendida la orden de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba.
Las disidencias «comandadas por alias Calarcá, han endurecido sus gobernanzas armadas ilegales, imponiendo extorsiones, pautas de comportamiento y restricciones a la movilidad», dijo la Defensoría.
Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Foto:Suministrada por autoridades.
El organismo alertó sobre el uso de medios de guerra indiscriminados, como tatucos y, posiblemente, drones con explosivos, prácticas ya utilizadas en municipios vecinos. El ataque del 29 de enero contra la subestación de Rionegro dejó dos policías heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas.
Además, el posicionamiento estratégico de Rionegro —incluidas las veredas Maracaibo I, Maracaibo II, Sevilla y Santa Isabel— incrementa el interés de actores armados no estatales por el control de corredores hacia El Doncello, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
La situación ha generado zozobra y el desplazamiento forzado de familias que habitan cerca de la estación policial. También se conoció sobre la posible instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en corredores rurales entre Puerto Rico y El Doncello, así como amenazas contra personal de salud que atienda a miembros de la fuerza pública heridos y contra liderazgos comunales y personas defensoras de derechos humanos.
Alias Calarcá. Foto:Archivo Particular/EL TIEMPO.
La Defensoría señaló que las infancias y adolescencias, particularmente quienes estudian en la sede Antonio José Sucre, enfrentan un riesgo alto debido a la cercanía de sus instalaciones con la subestación de Policía. También advirtió peligro para liderazgos comunales, campesinos y juveniles, y para mujeres y hombres dedicados a la defensa de los derechos humanos.
Ante este escenario, la entidad exigió a los actores armados ilegales respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario. En la ATI formuló 14 recomendaciones, entre ellas la activación inmediata de acciones urgentes a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de la seguridad con enfoque de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y el diálogo con las disidencias de las Farc para asegurar el respeto a la población civil.
«Algunos de los entes conminados son los ministerios del Interior y de Defensa, la Consejería Comisionada de Paz, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), la Gobernación del Caquetá, las alcaldías de Puerto Rico y El Doncello, entre otros. La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación para asegurar que las entidades del Estado implementen las medidas de prevención y protección necesarias que salvaguarden la vida e integridad de los habitantes de esa zona del departamento», puntualizó la Defensoría.
Redacción Justicia.
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