En horas de la mañana de este lunes se reanudó en Barranquilla la audiencia preparatoria del juicio oral dentro del proceso que se le sigue a Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidnete Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Durante la diligencia, la defensa de Petro Burgos en cabeza del abogado Alejandro Carranza pidió excluir del juicio oral el celular que Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa del hijo del presidente, entregó a la Fiscalía en marzo de 2023.
El abogado sostuvo que ese elemento fue obtenido “sin cumplir los requisitos legales” y que, por tanto, no puede valorarse como prueba dentro del proceso y presentó recursos de reposición y apelación frente a decisiones adoptadas en diciembre de 2025, cuando fueron definidas varias pruebas que harán parte del juicio.
Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Foto:Foto: Suministrada
Uno de los puntos centrales fue la admisión del teléfono que Vásquez entregó el 3 de marzo de 2023 a un fiscal que viajó desde Bogotá hasta Barranquilla para tomarle declaración. Para la defensa, ese procedimiento careció de control judicial posterior y se adelantó cuando no existía una investigación formal contra Petro Burgos.
«Un fiscal sin competencia que viajó desde Bogotá hacia Barranquilla, ingresó al inmueble de Day Vásquez y recepcionó información valiosa del caso», dijo el abogado.
Carranza afirmó que el funcionario que suscribió el acta no tenía competencia para practicar esa diligencia. “No existía denuncia penal, no existía querella, no existían actos urgentes, no existían voces de socorro, ayuda o flagrancia (…) el fiscal que se trasladó de Bogotá a Barranquilla la noche del 2 de marzo no tenía competencia funcional para recopilar esa declaración”, señaló ante el despacho.
El abogado también cuestionó la forma en que se recibió la declaración y el equipo entregado. Según expuso, el procedimiento no se ajustó a lo previsto en el Código Penal. “La declarante, entre comillas, voluntariamente ofreció un celular manipulado”, dijo.
Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto:Fiscalía General de la Nación y Vanexa Romero. EL TIEMPO.
En su intervención, Carranza relató que a la diligencia asistieron tres funcionarios. “Tres funcionarios llegan, sin citación previa, a practicar una diligencia jurada y a obtener un teléfono que el Estado sabe que contiene supuesto material incriminatorio. Por eso llevaban un perito”, reseñó.
Para la defensa, esa actuación generó una presión indebida y buscó asegurar elementos materiales probatorios para incorporarlos al proceso. En ese sentido, insistió en que la obtención del celular vulneró garantías procesales.
“Llegan tres hombres ante una mujer ‘Venimos a tomarle una declaración jurada’ que era lo que decía el fiscal. En palabras más o palabras menos, entréguenos su celular sin presencia de un abogado. La jurisprudencia en Colombia indica que la entrega de un elemento como un celular que puede autoincriminar exigía la presencia de un abogado”, explicó Carranza durante la audiencia.
La diligencia fue aplazada para las 2 de la tarde de este lunes.
Redacción Justicia
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