A comienzos de año, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) oficializó un contrato por 10.000 millones para la defensa del Ejecutivo ante posibles sanciones financieras con la empresa de Dan Kovalik, el abogado que aseguró que defendería ad honorem al presidente Gustavo Petro para sacarlo de la lista de la Ofac, más conocida como lista Clinton.
LEA TAMBIÉN
Este fin de semana se conocieron nuevos detalles de la contratación, en la que se ha criticado la destinación de poco más de 2 millones de dólares en el contrato que serviría para la defensa personal del presidente Petro y los miembros de su familia que fueron afectados por la misma medida, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro.
El primer mandatario defendió la contratación y rechazó que tenga alguna irregularidad. Se mantuvo en que su sanción fue por acciones propias de la Presidencia, haciendo referencia a su llamado, desde Nueva York, al Ejército estadounidense para desobedecer las órdenes de Donald Trump.
“En acciones de la presidencia protegidas por leyes internacionales y nacionales del país donde se me asignan la comisión de irregularidades, tengo el derecho de defenderme como servidor público”, de esta forma justificó el presidente Petro el cuestionado contrato, en el que en denuncias de El Colombiano se apuntó a posibles irregularidades en su estructuración para lograr su realización antes del comienzo de la ley de garantías.
LEA TAMBIÉN
La polémica del contrato
A mediados de enero se conoció el cuestionado contrato. Fue revelado por la representante Katherine Miranda. Conforme con la denuncia presentada, el contrato fue celebrado mediante contratación directa con la firma Amadeus Consultancy Limited y tenía como objeto la asesoría especializada en defensa jurídica internacional.
En un inicio, el abogado Daniel Kovalik se había ofrecido a asumir la defensa de forma gratuita. Pero la congresista Miranda reveló que el Estado estaría planteando usar los recursos públicos para resolver la defensa privada del mandatario.
Cabe recordar que desde el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la ‘Lista Clinton’ al presidente Gustavo Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; el hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
LEA TAMBIÉN
Tras conocerse el contrato, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación previa. La decisión se conoció luego de una queja disciplinaria que fue presentada por la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien pidió investigar la actuación de los funcionarios del Dapre involucrados en la contratación.
La congresista confirmó y celebró la decisión del Ministerio Público de iniciar indagaciones. Según Miranda, el contrato constaba de 10.000 millones de pesos y buscaba que el mandatario y Alcocer fueran retirados de la ‘Lista Clinton’, también conocida como la lista Ofac.
«Esta investigación se abre gracias a la denuncia que presentamos ante la Procuraduría y la Contraloría. Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender los problemas personales del presidente ni su esposa. Los recursos públicos son sagrados y deben respetarse», declaró la representante a la Cámara.
Bienvenidos a La Rotativa Digital: Noticias 24/7, Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
Deja una respuesta