Por decisión de única instancia―sin lugar a apelaciones― el Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A ESP (ISA).
Luego de casi dos años de librarse un proceso judicial que inició con dos demandas aunadas en contra de la elección de Carrillo, la Sala Quinta del tribunal supremo juzgó que sí se configuraron vicios en el proceso de elección de quien fuera el antiguo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la administración de Daniel Quintero.
En su resolución, el Consejo de Estado ordenó que se retrotraiga el proceso de selección del presidente de ISA hasta la instancia previa a las irregularidades materializadas por la junta directiva de la compañía. De este proceso, Carrillo no podrá ser partícipe.
De hecho, en el fallo emitido con fecha del 27 de enero pasado, el tribunal establece que los candidatos que participarán del proceso para ocupar el cargo que Carrillo ostentó desde septiembre de 2024 son: André Cangucú, José Arosa, Juan Ricardo Ortega, Mónica Contreras, Guillermo Fonseca, Aurelio Bustilho y Sandra Fonseca.
Las demandas contra la elección de Carrillo
Como se adelantó, la elección de Jorge Andrés Carrillo fue anulada por el tribunal como respuesta a dos demandas presentadas en 2024 y en nombre de las cuales se libró una ardua disputa judicial para llegar a la nulidad del nombramiento.
De entrada la elección de Carrillo estuvo rodeada de polémicas y cuestionamientos, tanto por su cercanía con el exalcalde de Medellín y hoy imputado precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, como con otros personajes cuestionados como el español Xander Vendrell, cercano al presidente Petro. Del mismo modo, se señaló que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y miembro de la junta directiva de ISA habría tenido gran influencia en la elección. Más allá de esos nombres, al interior de la propia junta de la empresa hubo roces en torno al nombramiento entre los miembros vinculados al Gobierno y los ‘opositores’.
Tras oficializarse la elección de Carrillo a finales de agosto de 2024, Luis Eduardo Peláez (diputado antioqueño) y Julio César Yepes (abogado) demandaron―por aparte― el nombramiento, señalando presuntas irregularidades en el proceso.
EL TIEMPO tuvo acceso a la demanda por el diputado, quien inicialmente basó su actuación en una investigación a través de la cual estableció que Carrillo no cumplía con uno de los requisitos para el cargo de presidente de ISA: tener experiencia laboral de 15 años, mínimamente.
Según la investigación de Peláez, Carrillo consignó en su documentación experiencia duplicada e incluso presentó documentos referentes a su paso por una empresa que no existía jurídicamente en la época en la que el exgerente de EPM aseguró haber trabajado ahí.
Por su parte, en su demanda, el abogado Julio César Yepes aseguró que existía evidencia para demostrar que, ante las dudas de miembros de la junta directiva de ISA sobre el nombramiento de Carrillo, varios de los requisitos para el nombramiento nunca se cumplieron o se demoraron incluso en registrar. Además, Yepes secundó la denuncia del diputado Peláez al respecto de las posibles inconsistencias en la hoja de vida presentada por Carrillo.
Adicionalmente, las partes denunciaron que se habrían modificado de manera irregular la matriz de criterios de selección cuando el proceso ya se encontraba adelantado. Dichos cambios no solo habrían favorecido a Carrillo, sino que lo sacaron de los últimos puestos y lo pusieron a la cabeza de la competencia por el cargo.
Esta versión fue posteriormente apoyada por uno de los miembros de la junta directiva de ISA, quien manifestó que: «Se introdujeron cambios sustanciales, como fijar un valor específico de Ebitda (Indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa) de empresas previamente gerenciadas por los candidatos, lo cual incrementó de manera significativa el puntaje otorgado al señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso».
En las demandas también se señaló que a pesar del informe presentado por la firma cazatalentos contratada para evaluar la idoneidad de los candidatos, el cual reportó alertas globales altas sobre Carrillo y dictaminó que Carrillo: «No debería ser considerado como candidato prioritario para una posición de alta dirección en una empresa de infraestructura grande, regional, pública y financieramente sofisticada como lo es ISA, ya que reúne varias características en su perfil que en su conjunto lo hacen un candidato menos viable».
A pesar de dicho dictamen, la junta directiva retomó el proceso―lo cual, posteriormente el Consejo de Estado determinó que configuró un exceso en sus funciones―y terminó eligiendo a Carrillo como presidente de manera mayoritaria, a pesar de que incluso, algunos miembros de este órgano se posicionaron en contra de la misma remitiéndose a una serie de investigaciones en la Fiscalía General de la Nación abierta contra Carrillo, derivadas de su gestión como gerente de EPM, relacionadas con presuntos delitos de celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en su celebración.
En su investigación, el diputado Peláez hizo referencia a dichas investigaciones y trajo a colación el caso de un presunto entramado alrededor de un contrato fallido con la empresa Canacol para la construcción de un acueducto de gas natural desde Córdoba a Medellín. Ese proyecto estaba avaluado en 5 billones de pesos. Adicionalmente, entre las denuncias contra Carrillo se hace referencia a presuntas coimas recibidas con relación a Afinia, cambios irregulares de contratistas en Hidroituango y el polémico contrato para la adquisición de nuevos camiones de recolección de basura en Medellín de Emvarias.
La disputa legal
Luego de haberse presentado las demandas en contra de la elección de Carrillo, inició un proceso judiciales complejo y lleno de baches para los demandantes.
A Julio César Yepes el tribunal le pidió subsanar tres puntos de su demanda, y posterior a la subsanación terminó siendo rechazada.
En el caso del diputado Peláez, inicialmente el Consejo de Estado rechazó su primera acción. Posteriormente, en hace exactamente un año, el tribunal admitió su segunda demanda.
Previo a ello, la acción contra la elección de Carrillo interpuesta por Peláez estuvo en el limbo temporalmente, pero el legislador se valió de una mecanismo que él mismo catalogó como extraordinario en este contexto.
Peláez presentó un recurso de súplica contra el auto inicial del Consejo en el cual se determinó que el magistrado conductor carecía de jurisdicción y competencia para decidir sobre la elección del presidente de ISA en tanto no correspondía a un acto electoral debido a la naturaleza de la compañía.
Ante esa respuesta, en la súplica, Peláez argumentó que no cuestionaba la naturaleza de la empresa sino el régimen jurídico a aplicar al acto de nombramiento y elección del presidente de esa entidad.
En ese sentido, tras evaluar la normatividad y jurisprudencia disponible en relación al alegato, el Consejo de Estado determinó que «Las funciones de organización, prestación, mantenimiento y gestión de cualquiera de las actividades del servicio público de electricidad puede ser entregado –a través de contrato de concesión– a una persona jurídica privada o pública o a una empresa mixta (Art. 55). Dada la convergencia en el mercado energético de actores con
naturalezas jurídicas diferentes –públicos, mixtos y privados–, el Estado debe no solo promover la libre competencia, sino también impedir prácticas de competencia desleal o abuso de posición dominante».
En ese sentido, la Sala Quinta resolvió que sí tenía jurisdicción en el caso, con lo cual, no solo se admitió finalmente la demanda del diputado, sino que Peláez logró rescatar la demanda de Julio César Yepes, sumar ambas y adherir a ambas acciones a EPM y 25 personas más como coadyuvantes.
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