En el marco de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria (ICARRD+20), una cifra cobró fuerza en las últimas horas para las delegaciones internacionales invitadas a los salones del Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay de Cartagena de Indias: 10.200.000 víctimas dejó el conflicto armado desde las décadas de los 80 en Colombia.
Es una estadística que, en palabras de Aura Bolívar, subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que equivale a cinco veces la población de Medellín.
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Directora de la URT Meta y representantes de tres familias beneficiadas para proyectos productivos. Foto:Nelson Ardila
De ese universo de dolor, más de 9 millones de personas comparten una misma tragedia: el desplazamiento forzado y el despojo de su territorio.
“Aunque la Ley 1448 de 2011 nació con la ambición de devolver entre 6 y 10 millones de hectáreas usurpadas, la realidad en el terreno es una carrera de obstáculos debemos reconstruir, pedazo a pedazo, un rompecabezas que la guerra intentó borrar”, señaló Bolívar en entrevista con EL TIEMPO.
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Se han proferido 59 sentencias que benefician a 63 territorios, 92.521 personas y 25.825 familias, y comprometen 707.324 hectáreas
AURA BOLÍVARSUBDIRECTORA DE URT
El ADN de la restitución:
Tres pasos hacia la justicia
Unidad de Restitución de Tierras Foto:Unidad de Restitución de Tierras
La funcionaria recordó que la restitución no es solo un acto administrativo; es un proceso interdisciplinario que mezcla la topografía de la Colombia profunda, acciones judiciales y memoria histórica.
Bolívar explica que el proceso con las comunidades se divide en tres momentos clave:
Etapa Administrativa: La URT recibe la solicitud (ya son más de 171.000), documenta el caso, mide el predio e identifica las violaciones de DD.HH. “Si se cumplen los requisitos, el predio entra al Registro de Tierras Despojadas”, señala.
Etapa Judicial: El caso pasa a los Jueces de Restitución de Tierras. “Aquí, la Unidad puede representar gratuitamente a la víctima ante esta justicia especializada”.
Sentencia y posfallo: El juez define la restitución y la Unidad acompaña a la familia para que las órdenes de atención integral se cumplan.
«El proceso de restitución de tierras y derechos territoriales colombiano, incluye no solo la devolución de los predios y territorios, sino también otras medidas que garantizan la sostenibilidad del proceso, como la implementación de los proyectos productivos y de iniciativas de seguridad y soberanía alimentaria, la asignación de subsidios de vivienda, el acceso a otros derechos económicos, sociales y culturales, así como la restitución de derechos territoriales», recuerda la funcionaria.
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La ruta campesina y la ruta étnica
En el congreso ‘Avances y retos de la restitución de tierras a 2031’, en Cali, Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
El balance de hectáreas recuperadas revela dos realidades distintas pero igualmente urgentes.
Por un lado, la ruta individual y colectiva campesina ha logrado inscribir en el registro más de un millón de hectáreas.
De estas, 900.000 están hoy en manos de los jueces esperando sentencia, y ya se han restituido efectivamente más de 290.000 hectáreas mediante 11.000 fallos judiciales.
Por otro lado, la ruta étnica (pueblos indígenas y comunidades negras) maneja magnitudes territoriales mayores. “Bajo esta modalidad, se han inscrito 13 millones de hectáreas en el registro, de las cuales 650.000 ya cuentan con sentencia definitiva”. Sostiene la funcionaria.
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Restituir en medio de la guerra:
El desafío del Catatumbo
Comunidades hicieron presencia en el Congreso Nacional de Restitución de Tierras en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
¿Cómo devolver una tierra que sigue siendo campo de batalla?
Esta es la pregunta que desvela a los cartógrafos y geógrafos de la Unidad, y así lo plantea la funcionaria: “Regiones como el Catatumbo presentan una complejidad de larga data donde la disputa por los actores armados impide la entrada de funcionarios. Para romper este bloqueo, el Gobierno diseñó el Decreto 1623 de 2023, una ruta especial que permite la «triangulación» de información”.
Es decir, al no poder enviar un topógrafo al terreno sin poner en riesgo su vida, la Unidad cruza datos del IGAC, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y fotografías satelitales para documentar el despojo sin necesidad de presencia física en las zonas rojas.
«No podemos esperar a que termine el conflicto para responderle a las víctimas; se nos moriría la población desplazada esperando justicia», sentencia Bolívar, reconociendo que la revictimización —hay personas desplazadas hasta cinco veces— es el riesgo latente de este proceso.
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Las ‘4 R’ de la Reforma Agraria
En su dialogo, la subdirectora Bolívar dejó una hoja de ruta para el mundo, resumida en lo que las autoridades llaman las 4 R:
Restitución: Devolver lo arrebatado.
Redistribución: Entregar tierra a quien nunca ha tenido.
Regulación: Ordenar el mercado y los linderos.
Reconocimiento: Validar los derechos del campesinado y las etnias.
Para la URT, no habrá paz estable ni soberanía alimentaria frente a la crisis climática si el Estado no carga con la responsabilidad de sanear los vicios del catastro que la guerra profundizó.
La restitución, más que devolver un lote, es devolverle a la víctima su lugar en la democracia.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
JOHN MONTAÑO
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena
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