La controversia que se abrió con la nulidad electoral de Alejandra Milena Moreno Astwood dio un nuevo giro tras su pronunciamiento público del 28 de febrero, en el que anunció acciones legales y afirmó que la decisión del alto tribunal no desdibuja las causas que dice representar.
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El 26 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la nulidad de la elección de Moreno como diputada del Atlántico y ordenó su salida inmediata de la Asamblea Departamental. La providencia, que ratificó el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, dejó sin efectos el acto de elección y advirtió que no procede recurso ordinario alguno, cerrando la vía electoral.
Con la anulación, la credencial debía ser cancelada. Foto:Prensa Asamblea del Atlántico
El eje de la decisión fue la irregularidad en la conformación de la lista del Pacto Histórico: el alto tribunal concluyó que Moreno no participó en la consulta interna obligatoria de Colombia Humana del 23 de abril de 2023, por lo que su posterior inclusión vulneró la democracia interna y desatendió resultados vinculantes.
La sentencia también examinó el cambio de modalidad de voto (de preferente a no preferente) y la nulidad parcial de una resolución del CNE que permitió su ingreso a la lista, aspectos que, en conjunto, afectaron la validez del acto electoral.
Con la anulación, la credencial debía ser cancelada y la curul pasa a la siguiente en la lista, Dreisa Rosas García, según el orden electoral consignado para los comicios del 29 de octubre de 2023. La instrucción incluye la notificación a la Asamblea, al Pacto Histórico y al CNE para que se adopten las medidas pertinentes de inmediato.
Qué anunció Moreno y cómo encaja en el marco jurídico
Tras conocer la decisión, Moreno afirmó que respeta al Consejo de Estado, pero no comparte el sentido del fallo. Anunció que continuará su defensa por los mecanismos legales, alegando haber sido objeto de “persecución sistemática” y “violencia política” durante su campaña y ejercicio. Ese posicionamiento fija la hoja de ruta de sus próximos pasos: no pelean ya el acto electoral —que está decidido—, sino la protección de derechos que ella considera vulnerados.
Con el anuncio de acciones legales se busca proteger derechos fundamentales. Foto:Prensa Alejandra Moreno
En esa línea, la figura más probable es la acción de tutela para reclamar garantías de debido proceso o derechos políticos en abstracto. No obstante, incluso si una tutela prosperara, su alcance habitual es restaurar derechos o ordenar correcciones frente a vulneraciones concretas, pero no reabre la discusión de fondo sobre la validez del acto electoral ya anulado en doble instancia.
Además de la tutela, Moreno podría acudir a instancias disciplinarias o penales si considera que existieron conductas irregulares en su contra; también podría activar mecanismos administrativos de protección frente a violencia política. Ninguna de esas rutas, sin embargo, revierte la nulidad electoral ni restaura la curul.
La razón de este panorama es el asunto electoral, donde la cosa ya está juzgada dentro de la jurisdicción contenciosa, tras la confirmación del Consejo de Estado y la inexistencia de recursos ordinarios. A partir de ahí, cualquier “segundo tiempo” jurídico no discute la elección en sí misma, sino hechos colaterales (por ejemplo, agresiones o obstáculos a la participación), que pueden ser sancionados o prevenidos sin alterar la composición de la Asamblea ni la sustitución prevista por la autoridad electoral.
¿Qué pasa ahora con la Asamblea y la coalición?
En lo operativo, la Asamblea del Atlántico debe proceder a la posesión de Dreisa Rosas García, como siguiente en turno del Pacto Histórico, y ajustar su composición para el periodo 2024‑2027. La notificación a las autoridades competentes hace parte de la ejecución del fallo y no queda supeditada a nuevas discusiones.
Pacto Histórico. Foto:Pacto Histórico
En lo político, el Pacto Histórico tiene por delante un examen interno sobre el manejo de avales, el cumplimiento de consultas y la coordinación interpartidista en las listas de coalición. La sentencia dejó constancia de problemas en la inscripción, el cambio de modalidad de voto y la validez del aval, asuntos que demandan correctivos para evitar nuevos litigios.
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Con el fallo del 26 de febrero, el caso de Alejandra Moreno quedó definitivamente resuelto en materia electoral: no hay recursos ordinarios, la credencial se cancela y la curul pasa a la siguiente en la lista. Sin embargo, con el anuncio de acciones legales se busca proteger derechos y denunciar presuntas violencias, sin importar que no sirvan para reabrir la elección ni recuperar el escaño.
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