La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que pide acusar y enviar a la cárcel a cinco congresistas investigados por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como suele ocurrir en este tipo de debates, se enfrenta a una Sala de Instrucción con posturas encontradas.
EL TIEMPO conoció algunos de los planteamientos jurídicos sobre los que girará la discusión que, a una semana de las elecciones legislativas, podría enredar las candidaturas de Wadith Manzur y Karen Manrique, dos de este grupo de seis aforados (junto con el exrepresentante Juan Diego Muñoz) quienes, pese al proceso judicial en su contra, aspiran a reelegirse en el Congreso.
Corte Suprema de Justicia Foto:Cortesía
Uno de estos gira en torno a un supuesto vicio de procedimiento que anularía el proceso adelantado hasta el momento y devolvería el expediente a reparto. Se trata de la investigación contra Wadith Manzur, que llevaba el despacho del magistrado Héctor Alarcón y que, supuestamente, fue reasignado sin cumplir con el debido procedimiento al actual ponente, el magistrado Misael Rodríguez.
En julio del 2024, se filtró a medios un oficio de la Sala de Instrucción que cuestionaba esa asignación a dedo, hecha por el entonces presidente de esa instancia, el magistrado César Reyes.
«Desconozco la justificación para que la asignación de dicha investigación fuera atribuida a usted como presidente, no solo porque sus calidades profesionales y éticas no pueden considerarse por encima de las de los demás miembros de la Sala por el hecho de ostentar la Presidencia, sino porque lo que revela la experiencia es que dicha dignidad no da espacio para ocuparse de casos adicionales. De allí que en el mismo reglamento de la Sala se disponga la reducción del reparto a quien resulta elegido para desempeñarla», dice la carta remitida, al parecer, desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana.
La otra postura que se impone es la de negar la medida de aseguramiento en contra de los cinco parlamentarios. Esta posición ya se había impuesto en octubre pasado, cuando el magistrado Rodríguez puso a consideración de sus colegas una ponencia de 500 páginas en la que pedía enviarlos a prisión ante la posibilidad de que interfirieran en la etapa de recolección de pruebas que estaba en curso.
Este planteamiento fue derrotado. Lo que se discutiría en esta nueva Sala es si existen pruebas sobrevinientes o nuevas justificaciones para que sean apartados de sus funciones públicas, ahora en condición de llamados a juicio.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto:Archivo particular
Aunque las aguas están divididas, las posturas apuntan a que se aceptará la acusación contra Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) por los delitos de cohecho impropio.
Sin embargo, se negaría la imposición de medida de aseguramiento, lo que en la práctica les permitiría a los procesados ‘encampañados, en caso de resultar elegidos, posesionarse en sus curules.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
Deja una respuesta