Por primera vez desde que asumió el cargo, y en medio de los cuestionamientos por la no publicación del informe de medición de cultivos ilícitos de 2024 -debido a las inconformidades del Gobierno con la metodología de Naciones Unidas-, Marcela Tovar, directora de Política de Drogas y ahora embajadora en Austria, habló con EL TIEMPO.
Ahondó en la polémica por la metodología del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), debate que llevará como vocera del Gobierno a la Comisión de Estupefacientes que se celebrará en Viena la próxima semana.
También habló sobre los ejes centrales del mandato que recibió del presidente Gustavo Petro, entre ellos la creación de un panel de expertos para proponer una mirada menos punitivista frente al fenómeno de las drogas.
Embajadora, usted acaba de tomar posesión como embajadora ante el Gobierno de Austria y ante las Naciones Unidas en Viena. La primera pregunta está relacionada con qué mandato específico le dio el presidente Gustavo Petro al enviarla a esta misión.
Colombia propone una manera de abordar la política justamente por el lugar que tiene en esta discusión, que tiene que ver no solamente con ser un país productor, sino también con ser un país que ha luchado muchísimo frente al fenómeno y que ha puesto los muertos. Entonces, ha puesto además mucho dinero, no solamente en términos de política interna, sino también a nivel de política internacional. Colombia quiere poner —y ha venido poniendo— esa discusión no solamente en este momento, sino desde que asumimos como Gobierno. Esa discusión ha sido ver cómo hay otras maneras también de abordar la política. Tenemos una política a nivel internacional que no necesariamente ha logrado cumplir con los objetivos que se ha propuesto. El consumo sigue existiendo, el consumo de sustancias; la producción de drogas —no solamente la cocaína, sino otros tipos de droga— sigue existiendo. Tenemos muertos alrededor de esta política y el país ha venido proponiendo: bueno, ¿qué podríamos hacer mejor? Entonces, ese mandato del presidente es poder, en estos cinco meses que nos quedan de gobierno, terminar de posicionar lo que ha venido liderando Colombia frente a que sí podemos tener estrategias de interdicción, pero también otro tipo de estrategias dirigidas a un tratamiento frente a lo que se llama los eslabones más débiles de la cadena —o, como me gusta más decirlo, las personas más vulnerables que se ven inmersas en este mercado— y cómo podemos asumir acciones que puedan dar cuenta de esto. El mandato específico, en este momento, frente a esto, es que Colombia tiene dos temas fundamentales. Un tema es el panel de expertos. En Viena había una tradición de consenso, de llevar las cosas por consenso, y Colombia hace dos años rompió ese consenso al votar una resolución sobre reducción de daños. Eso ha generado unas dinámicas en Viena bien interesantes frente a las discusiones y a cómo son los procedimientos. El año pasado se llevó una propuesta de un panel de expertos que permitiera hacer una revisión de la política internacional de fiscalización. Colombia no está proponiendo acabar con el sistema internacional de fiscalización ni acabar con las convenciones. Colombia está proponiendo que podamos revisar cómo el mundo ha venido cambiando, cómo el contexto ha venido cambiando y cómo esas convenciones —y, sobre todo, la implementación de esas convenciones, que es de lo que trata justamente la Comisión de Estupefacientes— puedan adaptarse o responder mejor a esos desafíos que tenemos hoy en día. El otro tema central para el país —y esto no es solamente un tema del presidente, sino del país— es esta discusión que venimos dando no solamente internamente, sino también a nivel internacional frente a las metodologías. El tema del reporte de SIMCI es una parte de la discusión frente a los indicadores que hemos trazado como política. ¿Los indicadores que hemos tenido realmente explican y pueden dar cuenta de la política? ¿O tendríamos que empezar a pensarnos otro tipo de indicadores, otra manera de medir, de tal manera que puedan dar cuenta de la complejidad de lo que significa la política de drogas?
Hombres trabajan en una plantación de coca en el valle del Micay, cerca de El Plateado. Foto:JOAQUIN SARMIENTO
El año pasado la canciller Laura Sarabia y la exministra Ángela María Buitrago propusieron en Viena desclasificar la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas. La OMS recomendó no hacerlo. ¿Desde el Gobierno colombiano van a reiterar esa propuesta?
Colombia, como parte del procedimiento que se hace normalmente en este tipo de espacios, hace comentarios frente a esas recomendaciones, como todos los países que hacen comentarios frente a esas recomendaciones, y ahí terminaría el procedimiento. Aquí lo importante frente al tema de las convenciones es cómo estamos implementando esas convenciones y cómo estamos dando cuenta de las complejidades que tiene la política internacional de drogas. Justamente el panel va a permitir que podamos discutirlo, y el panel afortunadamente tiene un montón de visiones diversas que van a poder dar cuenta de esa diversidad que pretendía Colombia.
A propósito de la sesión de la Comisión de Estupefacientes que tendrá lugar la próxima semana —y a la que incluso el presidente anunció que viajaría—, tocando el tema del informe SIMCI, que ha sido tan sensible en el último año: ¿van a proponer en esta sesión una discusión sobre cómo se miden los cultivos ilícitos en el mundo?
Más allá de una discusión sobre cómo se miden los cultivos ilícitos en el mundo, la discusión es un poco más amplia que eso, porque la economía de la cocaína no se restringe únicamente a la medición de cultivos. Nosotros, en el marco de la CND, lo que estamos discutiendo son las métricas y la metodología para medir políticas. Por ejemplo, está Brasil, que está hablando de otros temas. No de cultivos necesariamente, pero sí quiere medir cómo han impactado las políticas en la violencia o cómo ciertos indicadores no dan cuenta del impacto que pueden tener acciones de inclusión social frente a personas que están inmersas en economías ilícitas. Entonces es una discusión mucho más amplia donde, por supuesto, uno de los temas es el de cultivos, pero no el único. Más allá del tema de cultivos, es una discusión sobre indicadores en general. Y específicamente sobre el informe, creemos —y lo hemos visto— que tiene de manera muy específica algunas problemáticas en la metodología que se utiliza.
Pero la misma ONU le ha insistido al Gobierno colombiano en la publicación sin demoras de este informe. De hecho, es la primera vez en 20 años que no se publica en el año siguiente al que se estudia. ¿Qué respuesta da usted frente a esta reiteración?
La JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) da este mandato no solamente a Colombia, sino también a otros países andinos que tienen cultivos, como Perú, para que publiquen el informe, porque justamente es fuente de ellos para presentar el informe. El informe de SIMCI es fuente de otros informes. En su momento, cuando se presentó el informe de la JIFE, Colombia también señaló la discusión que se estaba teniendo frente al tema de la metodología y solicitó, por ejemplo, que en el informe mundial se especificara de manera clara que esa producción de cocaína no era una producción real, sino una producción potencial.
Embajadora, ¿en qué estado se encuentran las conversaciones entre Colombia y las Naciones Unidas para revisar la metodología?
Bueno, el Gobierno colombiano nunca ha dejado de conversar con Naciones Unidas. Esto es muy importante que ustedes lo sepan y que todos los demás lo sepan. El Gobierno colombiano siempre ha estado en conversaciones con UNODC. Han tenido mesas técnicas, han venido revisando el tema. Es un asunto bastante complejo y técnico que requiere muchos ajustes.
Tiene ciertos tiempos que, por ejemplo, incluyen esperar a que en los lugares donde se hacen los ensayos con las plantas que tiene la Policía crezca la mata de coca. Entonces, por eso toma tiempo. Lo primero que yo te diría es que uno de los indicadores más citados es justamente el que estima el potencial teórico de producción de cocaína. Ese es uno de los ejes de la discusión, porque no es la cantidad real. Este indicador calcula cuánta cocaína puede producirse si toda la hoja de coca se procesara con una eficiencia perfecta: que no hubiera pérdidas, que no hubiera incautaciones de hoja de coca, que no hubiera problemas con los precursores, etcétera. No mide una producción real. Entonces hemos tenido una discusión sobre por qué utilizamos este indicador. Nos preguntamos si es una estimación útil para entender la escala potencial del fenómeno si no está dándonos un estimado real de lo que ocurre en el mercado. Lo primero que proponemos es que este tipo de indicadores se expliquen con mayor claridad, que se explique realmente qué significa la producción potencial de cocaína y que se eviten interpretaciones simplificadas del fenómeno. El otro tema que es muy importante para nosotros es cómo esas estimaciones se construyen como una combinación de variables. Cada una de esas variables tiene un montón de incertidumbre. Para que lo sepan, ese indicador se construye con varias variables. Una es el área cultivada, es decir, cuántas hectáreas se producen. Otra es el rendimiento de la planta, es decir, cuánto se puede sacar de la hoja de coca. Para eso también hay que ver el número de cosechas. También se incluye la conversión de esa hoja en pasta base y cuánta pasta base se puede convertir en cocaína. Para tener cada uno de estos datos, al ser una economía ilegal y estar en lugares de difícil acceso, tenemos enormes dificultades, no solo nosotros sino también Naciones Unidas. Hay muchas incertidumbres. Si tú multiplicas todas esas variables, cada una con incertidumbre, también tienes un resultado que carga con un margen de error más alto. Entonces Colombia propone fortalecer la investigación científica detrás de estas estimaciones para poder tener un modelo mucho más preciso y que dé cuenta realmente de lo que está pasando. Por ejemplo, hay algunos aumentos abruptos que se dieron —que es justamente la discusión del último informe de 2023—, donde se ve una curva que sube 53 % en la producción potencial de cocaína. Ese salto refleja una cantidad de cambios acumulados que venían de atrás y que no se estaban midiendo durante el tiempo. Al final, si bien estos indicadores se utilizan para redirigir acciones de política pública, se están convirtiendo casi en una manera de evaluar las políticas. Si se van a usar para eso, tendrían que ser indicadores más comprensivos, con menos incertidumbre y más solidez.
Según el último informe Simci, la producción potencial de cocaína creció 53 %. Foto:CEET/Juan Pablo Rueda
Sé que no es exactamente de su resorte, pero supongo que tiene información sobre la política de erradicación que desde diciembre se acordó impulsar con aspersión de glifosato con drones. ¿En qué va esta tarea? ¿Cómo se está implementando este año, que además fue uno de los compromisos después del viaje a Washington?
Esta es una tarea que tiene a cargo el Ministerio de Defensa. Es muy importante entender que el Gobierno ha sido muy insistente en el tema de sustitución y en el cambio de economías, porque es lo que realmente da sostenibilidad a los procesos de erradicación. Se erradica cuando el campesino tiene una manera de sostenerse en el territorio. Tenemos tasas de resiembra altas cuando hay más erradicación forzada. Entonces lo importante es que el Gobierno quiere poner sobre el escenario internacional cómo hacemos para medir políticas altamente complejas con indicadores que respondan a esas complejidades.
¿Existe un plazo para que finalmente se publique el Simci o depende de que se alcance un acuerdo metodológico con Naciones Unidas?
De parte y parte tenemos un acuerdo en que vamos a trabajar y avanzar hacia un acuerdo metodológico. El presidente cree en el multilateralismo y tanto Naciones Unidas como el Gobierno colombiano estamos concentrados en fortalecer este proceso. Ya hemos avanzado. El hecho de que yo esté aquí en Viena y que podamos traer la discusión hacia acá es una señal de que estamos avanzando. Aquí en Viena también hay un equipo técnico bastante consolidado donde se va a dar un paso más. Pero es un tema que requiere tiempo y que incluso exige pruebas experimentales.
¿Usted hizo parte de la comitiva en Washington? ¿Cuál fue su papel y si en las reuniones con el presidente Donald Trump o con Marco Rubio se mencionó esta discusión sobre la medición de cultivos y producción de cocaína?
Yo fui en calidad de embajadora —ya estaba posesionada— y también en calidad de experta en el tema, porque llevo muchos años trabajando en política de drogas. Es muy importante esa pregunta porque justamente de ahí sale la necesidad de fortalecer esta discusión internacional. El presidente ha sido muy insistente en que la metodología obedezca a evidencia científica y que, a partir de ahí, se puedan obtener resultados más consistentes para orientar mejor las políticas, no solo para Colombia sino para el mundo.
Este informe SIMCI ha sido respetado durante muchos años a nivel multilateral. ¿Cree que los demás países respaldarán a Colombia en esta discusión?
La discusión que planteamos no es contra el informe. Es una discusión más amplia sobre medición, metodologías e indicadores. El panel de expertos refleja que hay una necesidad de revisar la política internacional de drogas. No se trata de un solo informe, sino de ver cómo estamos midiendo y cómo estamos pensando la política. El hecho de que se haya votado una resolución para crear ese panel refleja que muchos países creen que es importante revisar qué está pasando y cómo podemos construir políticas que respondan mejor a las necesidades del mundo y de cada país.
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Redacciones Política y Justicia
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