El juicio contra cuatro hombres acusados en EE. UU. de participar en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moise en 2021 comenzó este lunes en un tribunal federal de Miami con la selección del jurado, en un caso donde otras cinco personas ya han sido condenadas a cadena perpetua.
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El objetivo de los conspiradores era que uno de los acusados reemplazase a Moise como presidente. Foto:Valerie Baeriswyl. AFP
Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages están acusados de conspirar en el secuestro y asesinato de Moise, cometido por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville, en las afueras de Puerto Príncipe.
Otro acusado, Christian Sanon, iba a ser juzgado en este mismo caso, pero no comparecerá por problemas de salud y será juzgado en una fecha aún por determinar.
Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida «sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moise y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores».
Otras cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua entre 2023 y 2024 por su participación en el magnicidio, mientras que una sexta recibió una pena de nueve años de prisión tras entender el juez que no tenía conocimiento del plan cuando financió el envío de chalecos antibalas a los conspiradores en Haití.
Se espera que los seis testifiquen en contra de los acusados junto con agentes federales.
Además, más de cincuenta personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio, incluida la viuda de Moïse y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso se encuentra en un punto muerto por la inseguridad extrema en el país.
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Haitianos participan en una misa en memoria del presidente Jovenel Moïse. Foto:EFE
El inicio del juicio en EE. UU. se retrasó por la enorme cantidad de evidencias, así como por las dificultades de la defensa para recoger las declaraciones de algunos de los colombianos detenidos en Haití debido a la violencia de las bandas y la crisis política en el país.
Según la acusación, el objetivo de los conspiradores era que Sanon reemplazase a Moise como presidente de Haití. Una vez en el poder, adjudicaría contratos a una empresa en Doral vinculada a Intriago y Ortiz, y de la que Solages actuaba como enlace en Haití.
Además, Veintemilla supuestamente prestó dinero para la operación a través de su empresa Worldwide Investment Development Group, también con sede en Florida.
El plan se vendió inicialmente a los militares colombianos como una operación de arresto legal respaldada por agencias de Estados Unidos, puesto que Ortiz y Joseph Vincen, uno de los primeros cinco condenados, tienen pasado como exinformantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise. Foto:Efe
Este extremo será un punto de fricción durante el juicio, puesto que los abogados defensores alegan que sus clientes estaban convencidos de que contaban con el visto bueno de Estados Unidos.
Según el relato de algunos de los condenados, el plan cambió cuando los líderes de la trama dieron la orden directa de matar al mandatario tras intentos infructuosos de captura.
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La crisis humanitaria tras el asesinato
La muerte de Moise dejó un vacío de poder en Haití que permitió que las bandas tomasen el control del país, lo que ha desencadenado una crisis humanitaria y de inseguridad.
Ambos factores dispararon la migración de haitianos hacia otros países, entre ellos a Estados Unidos, especialmente en Florida, donde muchos de ellos se enfrentan al temor de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a 350.000 haitianos.
La muerte de Moises dejó un vacío de poder que permitió que las bandas tomasen el control de Haití. Foto:EFE
Aunque la Administración ha realizado varios intentos por revocar esta medida, varios tribunales se han opuesto por entender que el retorno de los migrantes a Haití los expondría a la violencia.
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