El nuevo decreto del Gobierno que reglamenta la negociación colectiva ha encendido las alarmas entre los empresarios debido a que estaría creando ‘megasindicatos’ sectoriales y los trabajadores se verían obligados a financiarlos.
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Antonio Sanguino, ministro de Trabajo del Gobierno Petro. Foto:Collage Canva
Este nuevo documento es visto por los diferentes analistas y empresarios como una manera de revivir, por la vía administrativa, algunos de los artículos que no pasaron en la reforma laboral.
“Otra vez el Gobierno usurpa funciones del Congreso y decreta artículos hundidos de la laboral”, afirmó el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático.
Lo que pretende el decreto es que a partir de ahora la negociación colectiva se pueda dar también en niveles superiores a la empresa, en concreto, que las condiciones laborales se puedan determinar por rama de actividad económica o sectores de actividad.
“Los convenios de nivel empresa no podrán en ningún caso disminuir el piso mínimo de protección definido en la convención de ámbito sectorial”, se puede leer.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que no se eliminan los sindicatos de las empresas. Al contrario, señaló que lo que hace esta medida es abrir la posibilidad de negociar en otros niveles.
“La negociación a nivel de empresa se mantiene intacta. Se podrá negociar en otros niveles, como el sectorial o por rama de actividad, ampliando los mecanismos de diálogo social”, indicó.
Igualmente, el presidente Gustavo Petro dijo que sería bueno que existieran estatutos de sectores que establezcan condiciones labores dignas.
Pymes colombianas. Foto:MinCit
Para Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, el decreto plantea la creación de ‘megasindicatos’ sectoriales con capacidad de negociar condiciones laborales para sectores económicos completos, lo que en la práctica implicaría que acuerdos alcanzados en una negociación colectiva podrían aplicarse a empresas que no participaron en ella, obligándolas igualmente a cumplir con las condiciones pactadas.
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“Esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa”, aseguró.
¿Todos los trabajadores pagarían?
Lo más llamativo es que los trabajadores que no estén sindicalizados pero que sean beneficiarios de la convención colectiva de trabajo que se establezca en su sector deberán pagar una cuota obligatoria sin que sea posible renunciar a dichos beneficios.
Ante ello, Santiago Martínez, socio de la firma Godoy, explica que los trabajadores tendrán, obligatoriamente, que pagar una cuota sindical a todos los sindicatos que sean titulares de las negociaciones de niveles superiores al de empresa. Además, dijo que estos podrán solicitar información sensible de ellos, como su nómina.
“Se busca empoderar a los sindicatos grandes de industria, especialmente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con una cobertura forzosa a todos los trabajadores (incluso contrario a lo que dice la ley). Es casi una afiliación forzosa a los sindicatos”, sentenció.
Incluso, si por ejemplo una empresa no tiene sindicato, pero pertenece a un sector en el que se haya dado la convención colectiva el trabajador tendría que pagar la cuota sindical y la empresa tendría que aplicar el acuerdo colectivo de la industria.
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Manifestación de profesores y sindicatos frente a la Fiscalía General de la Nación. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO
“Esto puede considerarse un proceso de financiación obligatoria para los sindicatos, ya que no se puede renunciar a los beneficios y forma parte del esquema de fomento a la cultura de una negociación que contempla sectores superiores al de base o empresas con financiación de trabajadores que no forman parte del sindicato, y por el solo hecho de pertenecer a un sector con representación sindical”, opinó Mauricio Montealegre, socio de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón.
Cabe resaltar que hoy en día la ley establece que cualquier empresa cuya convención colectiva esté suscrita con un sindicato que tenga más del 30 por ciento de los trabajadores afiliados a la organización sindical tiene que hacer una extensión de esa convención a todos sus trabajadores y, por tanto, también se les cobra a los no afiliados. No obstante, ahora se quitaría ese porcentaje y se extendería a nivel sector.
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«Producto de un acuerdo colectivo de industria, todo el mundo tendría que pagar aporte, pues se entendería que todo el mundo es beneficiario. Eso significa que si hay un acuerdo, por ejemplo, en el sector financiero y un banco tiene a trabajadores no sindicalizados, estos también tendrían que pagar dicho aporte”, aseguró Juan Pablo López, fundador de López & Asociados.
Esta situación podría ser contraproducente para las empresas que forman parte de un mismo sector. Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), dijo que todas las empresas de una misma industria tendrán que buscar un organismo que las represente. “Esto llevaría a que se sometan a lo que diga la convención y los empleados tendrían que pagar. Es grave pues se convierte en el piso para todas y hay sectores que no son tan homogéneos como el de los hidrocarburos”, sostuvo.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto:Daniel Fernando López. El Tiempo
El líder de Fenalco advirtió que esta medida desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución. “Este tipo de cambios deberían debatirse en el Congreso y no implementarse mediante regulación administrativa, dada la magnitud de sus efectos sobre trabajadores, empresas y el mercado laboral en general”, aseguró.
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