La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, además de pedir acusar y enviar a la cárcel a cinco congresistas investigados por el escándalo del saqueo a la UNGRD, compulsaría copias contra dos de estos procesados por hechos diferentes a los que compila el expediente y contra un tercero mencionado en la investigación.
Los dos ya investigados serían Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes, paradójicamente, resultaron electos el pasado 8 de marzo: Manzur para el Senado por el Partido Conservador y Manrique repitiendo la curul de paz en la circunscripción de Arauca.
Corte Suprema de Justicia. Foto:Cortesía
La ponencia es un documento de 1.000 páginas que fue debatido la semana pasada en la Sala de Instrucción, que no llegó a un consenso, razón por la que se designaron dos conjueces para destrabar la discusión.
El magistrado ponente habría introducido modificaciones a su proyecto de acusación, cuyo estudio se retomará este miércoles 11 de agosto, con los votos de los abogados Alfredo Rey y Javier Fonseca.
El expediente detalla, con pruebas y testimonios, el entramado criminal con el que se habría acomodado el voto favorable de los congresistas de las comisiones económicas a los proyectos del Gobierno, a punta de contratos y cupos indicativos pagados con recursos de la UNGRD.
Por su presunta participación en esta red clientelar, Manzur, Manrique y los congresistas Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), fueron imputados por el delito de cohecho impropio.
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, hoy preso e imputado por su participación en este escándalo de corrupción —el más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro—, fue señalado como la persona que “sembró” el plan criminal para corromper a los miembros de las comisiones económicas.
La actuación delictiva de este y otros ex altos funcionarios, como Carlos Ramón González, estaría encaminada a la “aprobación” de los cupos a cargo de las comisiones económicas —a las que pertenecían los congresistas hoy investigados—, por los cuales los funcionarios del Gobierno (también investigados) les ofrecían el direccionamiento de contratos de proyectos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.
Congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur Foto:Archivo
La participación de los parlamentarios estaría soportada en las pruebas que demuestran las reuniones y los constantes enlaces que habrían tenido con asesores y funcionarios del Ministerio de Hacienda y la UNGRD, como María Alejandra Benavides y Carolina Joya, quienes habrían servido de puente para el direccionamiento de los proyectos.
La compulsa de copias estaría relacionada con hechos diferentes que se desprenden de esta transacción ilegal que transaron delegados del gobierno para aprobar proyectos como el de endeudamiento.
En la nueva ronda de discusión se pondrán sobre la mesa otros criterios jurídicos de los congresistas, como el que pide devolver el proceso a reparto por supuestos vicios de procedimiento en la asignación o el que sostiene que no hay motivos suficientes para enviarlos a prisión.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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