Tras semanas de convertir el sector turístico de Cartagena de Indias en su escenario particular de altercados, deudas y denuncias cruzadas, Migración Colombia ejecutó la expulsión inmediata de la extranjera, cuyo rastro por la ciudad dejó un balance de hoteles damnificados y autoridades agotadas.
La decisión, que culminó con la mujer escoltada en un vuelo directo hacia Miami, no fue un arrebato administrativo. Fue el resultado de un expediente acumulado que la Dirección Regional Caribe calificó como un «riesgo para el orden público».
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Un rastro de deudas y engaños
Cartagena de Indias, vista desde el Cerro de la Popa Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
El modus operandi de la turista, según los reportes oficiales, seguía un patrón de victimización que inicialmente despertaba la solidaridad de los locales, para luego transformarse en un conflicto económico.
En Bocagrande, en el Hotel Palma Bahía, la mujer se negó a cancelar los consumos y el alojamiento, forzando la intervención de la Policía Nacional para su desalojo.
En el Hotel Pinar del Mar, del Laguito, la historia se repitió, pero con un agravante: una deuda de $560.000 pesos y daños materiales en la infraestructura.
Quizás el episodio más crítico ocurrió en el Hostal Marbella 47. Allí, alegando haber sido víctima de un robo y mostrando una supuesta denuncia ante la Fiscalía, logró que el personal le brindara no solo techo, sino alimentación y dinero para transporte. Seis días después, la cuenta ascendía a $795.000 pesos sin intención aparente de pago.
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¿Víctima o victimaria?
La defensa de la extranjera ante las autoridades se basaba en una narrativa de inseguridad. Denunció ante la Fiscalía un altercado en Castillogrande donde, según ella, le exigieron 200 dólares por una margarita y una sombrilla, evento que supuestamente terminó en el robo de su celular.
Sin embargo, el equipo de investigación de Migración Colombia y la Policía Nacional detectó grietas insalvables en su versión. Mientras ella reportaba robos de equipaje, las cámaras de seguridad y los testimonios de los hoteles mostraban que abandonaba los establecimientos con todas sus pertenencias intactas.
«Los ciudadanos extranjeros que visitan el país deben respetar a las autoridades y las normas de convivencia. Cualquier conducta que altere el orden público podrá derivar en la expulsión del territorio nacional«, sentenció Deirdre Rosa Castro Gutiérrez, directora de la Regional Caribe de Migración Colombia.
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El balance legal
La paciencia institucional se agotó tras la acumulación de cuatro comparendos bajo la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). La sumatoria de quejas de la Secretaría de Turismo y el gremio de prestadores de servicios turísticos fue el puntillazo final para su salida del país.
Este caso envía un mensaje contundente en plena temporada media de turismo: Cartagena busca recuperar su estatus de destino internacional seguro y organizado, donde el pasaporte extranjero no es una licencia para el desacato.
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Cartagena
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