La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de inminencia tras registrar un grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en los municipios de Cáchira y La Esperanza, en el occidente de Norte de Santander, debido a la expansión territorial de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Según el órgano de control, el escenario de riesgo está marcado por la incursión de este grupo armado desde los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, con el objetivo de controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y la región del Catatumbo.
De acuerdo con la entidad, dirigida por Iris Marín, la estructura armada de las ACSN ha pasado “de una presencia discreta a un control territorial efectivo”, aprovechando el repliegue del Clan del Golfo, también denominado AGC.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada Foto:Tomada de las redes sociales
En el documento de advertencia, la Defensoría señaló que la alerta se emite por “el grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos a causa de la acelerada expansión territorial y consolidación” de ese grupo armado en los municipios mencionados.
La entidad también advirtió sobre la materialización de conductas violentas que buscan imponer una autoridad de facto en el territorio. Durante 2025, el municipio de La Esperanza registró 11 homicidios selectivos, la cifra más alta en los últimos cinco años, los cuales, agrega el reporte, habrían sido utilizados como mecanismo de limpieza social y control sobre la población civil.
Además, el organismo de derechos humanos documentó la instalación de retenes ilegales y la intercepción del transporte público en la zona. Entre los hechos reportados está uno ocurrido el 19 de enero pasado, cuando hombres armados intimidaron a los pasajeros y marcaron vehículos con graffitis e insignias del grupo armado.
Autodefensas de la Sierra Nevada. Foto:Archivo particular
La alerta también advierte sobre el riesgo de enfrentamientos armados en la zona alta de La Esperanza debido a la presencia del ELN y de las disidencias de las extintas Farc, específicamente el Frente 33, que tendría capacidad de proyección desde el Catatumbo.
De acuerdo con la Defensoría, esta situación podría derivar en nuevas afectaciones humanitarias para la población civil. La entidad advirtió que el escenario de confrontación “podría derivar en desplazamientos masivos y confinamientos” en comunidades rurales de la región.
La Alerta Temprana también señala que los grupos armados ilegales estarían ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil, mediante la imposición, además, de toques de queda periódicos, regulación de la conducta social y extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y pequeños emprendimientos locales.
Autodefensas de la Sierra Nevada. Foto:Redes sociales
Entre otras prácticas denunciadas se encuentran la ocupación indebida de escuelas rurales y presiones para imponer cultivos de coca en la zona. Según el documento oficial, estas acciones amenazan directamente la economía cafetera lícita que varias comunidades han fortalecido como estrategia de paz.
La Defensoría advirtió que el riesgo es especialmente crítico para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes estarían siendo blanco de estrategias de reclutamiento forzado mediante ofrecimientos económicos o coacción para “proteger” a sus familias.
Asimismo, servidores públicos, líderes sociales y defensores de derechos humanos han denunciado amenazas de muerte por oponerse a las economías ilícitas o por el ejercicio de sus funciones, lo que ha llevado a varios de ellos a solicitar medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Ante este panorama, la Defensoría formuló 16 recomendaciones urgentes dirigidas a entidades como los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras autoridades locales. El organismo pidió “mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad” mediante acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral para la población civil.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
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