Campesinos y dueños de parcelaciones en zona rural del municipio de Jamundí viven bajo amenazas de los disidentes de las Farc del frente ‘Jaime Martínez’.
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Explosivos, en zona rural de Jamundí. Foto:Tercera Brigada
Intento de secuestro, y destrucción de acueducto y de cultivos de piña
Los últimos hechos denunciados por una comunidad temerosa tienen que ver con el intento de secuestro de un morador de la zona, así como la destrucción de cultivos de piña en un predio ubicado en zona rural de Río Claro, en la misma localidad del sur del Valle del Cauca.
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El intento de secuestro se registró en la finca llamada La Novillera, en esas goteras de Jamundí. Por fortuna, como lo informaron labriegos, el plagio pudo ser frustrado. Sin embargo, el paso de los violentos no quedó allí.
Corregimiento de Robles, en Jamundí. Foto:Iusef Samir Rojas
Destruyeron el acueducto más antiguo del consejo comunitario de Guachinte, en la zona alta, así como cultivos de piña en Río Claro, pese a los ruegos de habitantes del predio para que no les dañaran lo que habían sembrado fruto de su esfuerzo para subsistir.
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‘Otro territorio, el de miedo y amenazas’
Cuando se recorre la zona rural del municipio de Jamundí, algunos ciudadanos que viven en estas áreas se preguntan si están en un territorio con otra soberanía, pues se ha convertido en uno donde imperan amenazas por la disidencia ‘Jaime Martínez’.
Es el grupo armado que obedece a ‘Iván Mordisco’, el cual obliga a la población a realizar pagos de peajes para su conveniencia y de cuotas para construir una carretera a la altura del corregimiento de San Antonio.
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Ese miedo aumentó este año cuando moradores jamundeños se percataron de la instalación de banderas de los disidentes de las Farc en zona del corregimiento de San Vicente.
Banderas de disidentes en territorios de Jamundí, Valle. Foto:Archivo particular, redes sociales
Este poblado se encuentra ubicado a unos 20 minutos del casco urbano, una región que atrae el turismo, donde hay hoteles, restaurantes y otros locales de comercio.
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Sin embargo, ese temor se acentuó por las banderas, dejando la pregunta de si el grupo armado está demarcando una supuesta posesión en un país donde debe primar la democracia y no actores por fuera de las normas, imponiendo su propio régimen de terror.
«Nos preocupa la situación porque se genera zozobra entre comerciantes y personas dedicadas al turismo», había comentado el concejal Luigi Morales, en ese momento.
Bandera de los disidentes de las Farc en el corregimiento de San Vicente, en Jamundí. Foto:Archivo particular, redes sociales
El Ejército hizo presencia en la zona, erradicando tales banderas, aunque ha sido blanco de ataques y hostigamientos con explosivos lanzados desde drones en los últimos meses.
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Asimismo, se recuerda la asonada a las tropas el pasado 13 de febrero por presión de la disidencia. Muchos de los hombres que acudieron ese día eran disidentes que habían amenazado a la población para que saliera de las casas y subiera al sitio de la asonada.
Hay líderes que también se preguntan si es un tipo de mensaje del grupo subversivo que ratifica su presencia en esta zona del departamento.
Asimismo, los líderes se preguntan sobre la intervención de la vía en San Antonio y Villa Colombia que esperaban por parte de la Gobernación del Valle.
Algunos de ellos consideran que si hubiera esta carretera, las disidencias dejarían de presionar a la población civil para que haga pagos de cuotas para la construcción de una vía al servicio de los subversivos.
«¿O qué ha pasado con la intervención de la vía de río Claro y Villa Colombia que en una mesa de participación ciudadana se aseguró que sí la iban a intervenir?», fue la inquietud de otro de los moradores del área rural.
Líderes le dijeron a EL TIEMPO que también hay peajes ilegales. Uno funciona en la vereda El Descanso del corregimiento La Liberia. Hay otro, también en La Liberia, en la vereda El Pital.
La disidencia cobra 12.000 pesos por carro y 5.000 por moto, sin contar que, a una hora de allí, obliga a la comunidad rural del corregimiento de San Antonio a pagar cuotas que en un año suman 600.000 pesos por persona, más rifas, cuyas boletas son vendidas por los campesinos bajo amenazas para construir una carretera para este grupo ilegal.
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«La Gobernación del Valle del Cauca ha ido trabajando con lo que se ha concertado con las comunidades en la zona alta de Jamundí. En este corredor que viene desde Jamundí, que pasa por San Antonio, que va hacia el sector de Villa Colombia se están haciendo especialmente hacia el sector de Río Claro, unos estudios y diseños porque se identificaron con la comunidad, con la mesa campesina, unos puntos críticos que requerían un nivel mayor de intervención», djjo el secretario de Infraestructura del departamento, Frank Ramírez.
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«Por lo tanto, se adelantaron unos estudios y diseños que ya los tenemos y en los próximos días estaremos validando para arrancar las intervenciones pertinentes que ayuden a mejorar el tránsito en ese corredor. Del mismo modo, se priorizó en la visita que se hizo a las diferentes comunidades tener apoyo de maquinaria que ya está trabajando en el sitio desde días atrás, en el sector de La Liberia y Timba, que hace parte del mismo corredor y donde se había identificado la necesidad de intervención», agregó el funcionario.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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