Una investigación destapó un entramado de lavado de activos que durante años habría utilizado operaciones de comercialización de oro para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Según los hallazgos, toneladas del metal circularon en registros contables mediante facturas, transferencias bancarias y reportes tributarios que simulaban actividades comerciales legítimas, mientras en realidad ocultaban un esquema financiero diseñado para blanquear dinero.
El caso comenzó a tomar forma en 2012, cuando un informe de fuente no formal llegó a la Fiscalía General de la Nación y que advertía sobre posibles maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionadas con la comercialización de metales preciosos.
Red movió más de $179.000 millones en oro para presuntamente lavar dinero de la minería ilegal Foto:Polfa.
A partir de ese primer indicio, los investigadores revisaron transacciones realizadas entre 2006 y 2009 por dos personas naturales a favor de la empresa C.I. Mineros Exportadores S.A., conocida comercialmente como C.I. MINEX S.A.
La sociedad había sido constituida el 6 de mayo de 2003 en la Notaría Tercera de Bucaramanga. Figuraba formalmente como una empresa dedicada a la exportación de minerales y tenía como representante legal a Mario Jesús Roa Fernández. Además, estaba registrada ante la DIAN con el NIT 804.015.212-7.
En apariencia, desarrollaba operaciones comerciales propias del sector minero, pero los peritajes contables empezaron a revelar inconsistencias que llevaron a los investigadores a profundizar en sus movimientos financieros.
Las pesquisas, realizadas en conjunto con la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, permitieron establecer que detrás de las cifras reportadas existía un posible sistema de operaciones simuladas. De acuerdo con la investigación, se trataría de una estructura criminal dedicada a registrar compraventas ficticias de metales preciosos, principalmente oro, para legitimar recursos de origen ilícito.
Red movió más de $179.000 millones en oro para presuntamente lavar dinero de la minería ilegal Foto:Polfa.
El mecanismo consistía en reportar transacciones millonarias con supuestos proveedores que, al ser analizados, no contaban con la capacidad económica ni la infraestructura necesaria para realizar dichas ventas.
Entre 2006 y 2010, seis proveedores concentraron más del 50 % de las operaciones comerciales de la sociedad. Las transacciones registradas alcanzaban montos de $47.647.951.814, $34.159.375.621, $28.187.285.277, $25.537.422.386, $23.225.438.780 y $20.820.949.271.
Según las investigaciones, estas operaciones estaban vinculadas a personas naturales que presuntamente harían parte de la estructura criminal, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de negocios ficticios.
Otro hallazgo clave surgió al rastrear el destino de los pagos. En muchos casos, el dinero no era transferido a las cuentas de los proveedores que figuraban en las facturas. Por el contrario, los recursos eran girados a terceros autorizados directamente por el representante legal de la empresa y que no tenían relación comercial con la sociedad.
Entre los receptores de estos pagos se identificaron a Gabriel Jacobo Campo Quintero y Eduen Franklin Silva Mantilla. Para los investigadores, este patrón de transferencias evidenciaba un mecanismo de dispersión de recursos característico de esquemas de lavado de activos, lo que consolidó la hipótesis de que las operaciones comerciales reportadas habrían sido utilizadas para ocultar el origen ilícito del dinero y canalizar recursos provenientes, en gran parte, de actividades de minería ilegal.
Redacción Justicia
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