En medio de la temporada electoral de 2026, hay un tema de conversación que no ha escapado de la voz de los candidatos: las prisiones. Algunos aspirantes, de orden local y nacional, proponen la creación de nuevos centros de reclusión, adicionales a los 126 que ya están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y a los centros de reclusión permanentes y transitorios a cargo de las alcaldías. Otros candidatos, sin embargo, opinan que alzar nuevas prisiones no solucionará un problema que es de fondo y que está relacionado, en realidad, con la alta tasa de criminalidad en el país, lo cual debería combatirse desde su raíz. Con ese contexto, Colombia se prepara para estrenar una nueva cárcel.
Se trata del nuevo Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional de Riohacha (La Guajira). Según pudo establecer EL TIEMPO, la fecha de terminación del proyecto es el 21 de junio de 2026, por lo cual, ya todas las autoridades penitenciarias se están alistando para recibir un proyecto que le va costando al Estado un total de 307.969 millones de pesos. Asimismo, se tiene listo el contrato de interventoría, el cual fue gestionado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por 21 mil millones de pesos. Según los acuerdos públicos conocidos por este diario, la cárcel está diseñada para albergar 1.722 privados de la libertad, entre condenados y sindicados de delitos.
Más imágenes de la prisión. Foto:Uspec
La nueva cárcel, a grandes rasgos, es una medida necesaria. Según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad hermana de la Uspec a cargo específicamente de la custodia, en Colombia permanecen 103.543 privados de la libertad. El problema es que solo hay cupo para 81.139 personas en las prisiones del Inpec. Ello significa una sobrepoblación del 27,6%, representada en 22.404 internos, quienes deben acomodarse muchas veces en los mismos patios, baños o pasillos en condiciones inhumanas. La Corte Constitucional ha alertado en cuatro oportunidades que en las cárceles y centros de reclusión transitoria se padece una grave vulneración de derechos humanos, desde 1998.
En 36.000 metros cuadrados están ya construidos ocho pabellones, entre los que están uno para mujeres y siete para hombres; el área de visitas; el área judicial y administrativa; el auditorio; el portal de acceso; las aulas de atención y tratamiento; el área de sanidad; los talleres de mantenimiento; el rancho para hombres; la lavandería; el depósito de basuras; el salón de armonización para comunidades indígenas; el alojamiento para la guardia; la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; y los muros de concreto que separarán la estructura interna de la zona rural de Riohacha. A estas alturas, el proyecto se encuentra en un avance físico del 88%. Es decir, quedan apenas detalles.
De acuerdo con el director general (e) de la Uspec, Fidel Ignacio Espitia Ordóñez, “la necesidad de nuevos cupos integrales para las personas privadas de la libertad se enmarca en el documento CONPES estratégico 4082 del 2022, y en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional 388 de 2013 y la T -162 de 2015, las cuales en conjunto buscan la creación de condiciones dignas y de seguridad para que la población privada de la libertad tenga procesos de resocialización efectiva”, dijo en entrevista. La actual cárcel de Riohacha tiene un hacinamiento, por sí solo, del 267%. La Policía ha reportado, de otro lado, una sobrepoblación del 3.700% en el centro de reclusión transitoria de la capital guajira.
Fidel Ignacio Espitia, director de la Uspec. Foto:Uspec
En diálogo con EL TIEMPO, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, agregó que la nueva cárcel de Riohacha tendrá un pabellón exclusivo para miembros de la comunidad indígena Wayuú que sean procesados en la justicia ordinaria. “Para ellos se construyó una especie de maloka, que va a permitir el libre desarrollo de sus culturas étnicas, de tal manera que los funcionarios de custodia y vigilancia puedan contribuir en la construcción del tejido social y lograr el avance de la resocialización para lograr mejores condiciones en esa zona del país. También va a permitir la capacitación de funcionarios en la atención y tratamiento de esas personas privadas de libertad”. Esta maloka tendrá cupo para 218 personas.
El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez. Foto:Cortesía
A su turno, el subdirector de seguimiento a la Infraestructura, Juan José Casasfranco, aseguró que la nueva cárcel de Riohacha contará con un pabellón para al menos 152 mujeres, lo cual incluye un centro de desarrollo infantil en centro de reclusión (Dier), para atender un máximo de 15 maternas. “Cabe señalar que el sistema de recolección de aguas residuales del total de establecimiento ya cuenta con un tratamiento de aguas que permite el reúso de caudales, de tal manera que se pueda disminuir el consumo de agua que es tan escasa en el distrito”, dijo en entrevista con este diario.
Para el experto en prisiones de la Universidad Javeriana, Norberto Hernández, crear nuevas prisiones no va a solucionar la crisis carcelaria, pero es una respuesta a corto plazo. “En estas épocas electorales vimos muchas propuestas bukelianas de construir megacárceles. Sin embargo, lo que demostró la carrera por construcción de cárceles, tras las alertas de la Corte Constitucional entre 1998 y 2013, fue que se hicieron de cero más de seis prisiones grandes. Pero ya se llenaron todas. Creo que lo mismo podría pasar en este momento. La delincuencia es ilimitada y puede haber mucha privación de la libertad, ante la cual el Estado no está en capacidad para dar respuesta”, explicó.
Vista aérea de la nueva cárcel de Riohacha. Foto:Uspec
Para Hernández, además de lograr soluciones a corto plazo, como la construcción y puesta en marcha de esta cárcel, el Estado debe avanzar en proyectos que ataquen el problema de fondo. “Yo invertiría mucho más en la capacidad que pueda brindar Colombia para que los internos puedan pagar sus delitos con penas alternativas. Le invertiría mucho más a ley de utilidad pública, que les permite a mujeres, en casos particulares, redimir su pena a través de trabajo comunitario. En general, se necesita inversión para el bien de la comunidad en articulación con la población carcelaria”, concluyó.
En respuesta a este diario, la Defensoría del Pueblo argumentó que “resulta fundamental que la entrada en operación de esta infraestructura esté acompañada de una adecuada articulación institucional que garantice la provisión efectiva de servicios penitenciarios, el acceso a salud, alimentación, programas de resocialización y demás condiciones necesarias para asegurar un trato digno a las personas privadas de la libertad, en concordancia con los principios constitucionales y los estándares internacionales en materia penitenciaria”. Asimismo, consideran su lanzamiento como una medida pertinente, pero, al igual que Hernández, concluyen que no resulta por si sola suficiente para superar la crisis del sistema penitenciario.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo. Foto:Archivo Particular
Así lo explicó el órgano de control: “Es fundamental impulsar una política criminal que promueva el uso racional de la privación de la libertad, fortaleciendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión y priorizando enfoques que contribuyan a la reducción del hacinamiento carcelario. Igualmente, se requiere continuar avanzando en la profesionalización y capacitación permanente del personal penitenciario, así como en el fortalecimiento de los programas de tratamiento penitenciario orientados a la resocialización. Finalmente, es indispensable garantizar la adecuada ejecución y supervisión de los recursos públicos destinados al sistema penitenciario”.
La obra ha sido inspeccionada por la Contraloría General de la República, la cual, a la fecha, no ve irregularidad alguna en términos de ejecución presupuestal. Al contrario, es la prisión que más cerca está de inaugurarse en el tiempo próximo, la cual tiene definida ya casi la mayoría de su infraestructura, así como un lugar particular para la población indígena, considerado un hito en materia de redención de pena con perspectiva étnica. Las autoridades del sistema penitenciario se preparan para recibir el nuevo establecimiento, para el cual se dispusieron millonarios recursos y que tiene por objetivo recibir delincuentes y entregar personas funcionales en sociedad.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
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