En el mercado negro, un kilo de oro se puede negociar por los 600 millones de pesos, mientras que un kilo de cocaína llega a las redes mayoristas por poco más de los cinco millones. Y mientras toda la cadena de la producción de droga sigue siendo más o menos clandestina, la explotación ilegal de oro se realiza a la vista, con enormes máquinas amarillas y millonarios ‘dragones’ (dragas) que dejan cada año miles de hectáreas devastadas y centenares de ríos envenenados con mercurio.
Esas son dos realidades que están haciendo que hoy por hoy el negocio de la minería criminal del oro esté amenazando la primacía del narcotráfico como la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales en Colombia. Un negocio que cada año puede estar rondando los 8.400 millones de dólares: más de 33 billones de pesos, que equivalen a 4 veces el costo de la última emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para atender el desastre del invierno.
Durante el panel Potencia mineral de las regiones, se puso sobre la mesa la visión del Gobierno. Foto:Fernando Ariza. EL TIEMPO
La cifra, que corresponde a cálculos de la Fuerza Pública, fue revelada en el foro El futuro de la minería: entre la explotación ilegal y los retos del Estado, de la Federación Nacional de Departamentos y EL TIEMPO, que congregó a gobernadores, analistas, empresarios de la industria extractiva y Fuerza Pública para hablar del reto que representa para el país imponer el Estado de derecho en las regiones donde las riquezas mineras, especialmente de oro, están en la mira de los grupos criminales y sus redes.
El coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares, señaló que el 85 por ciento del oro que se está produciendo en el país es ilegal. Esas rentas, dijo, están yendo en su mayoría a las arcas de los ilegales y siguen alimentando la violencia en el país.
El oficial advirtió que la maquinaria amarilla utilizada para la minería criminal seguirá siendo destruida –en enero de 2026 se incautaron 90 vehículos, 18 más que en el mismo mes en 2025– y denunció que en varias regiones del país está disparada la construcción de ‘dragones’, sin que existan hasta ahora normas que permitan a las autoridades controlar esa producción. Un solo ‘dragón’ en Caucasia, Antioquia, puede sacar hasta 4.000 gramos de oro al día.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, señaló que en el municipio de Ataco, por ejemplo, la minería ilegal se ha ‘comido’ cientos de hectáreas del río y que detrás de ese fenómeno están las estructuras ilegales, que han sembrado en la gente la falsa percepción de una bonanza económica.
“La relación entre esos grupos criminales y quienes hacen la extracción ilegal es de beneficio mutuo. Aquí los violentos no solo se lucran de los porcentajes por la cantidad de oro, sino que además cobran renta por cada maquinaria pesada que ingresa al territorio: entre 5 y 8 millones de pesos”, señaló la gobernadora.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, dijo que las regalías —que podrían ser la segunda fuente de recursos para transformar los territorios, después de las transferencias del Gobierno Nacional a través del Presupuesto General— se han visto afectadas. “Estos ingresos para Chocó, Cauca y Nariño pueden representar cerca de 1,4 billones de pesos si hay una institucionalidad fuerte en los territorios”, señaló..
Y agregó: “Al país hay que ponerle la realidad de frente: aquí hay una parainstitucionalidad ligada a la comercialización minera que termina favoreciendo a los grupos criminales. Se sabe que el oro sale tipo B y se convierte en tipo A, y todo el mundo está tranquilo”.
Minería ilegal en Tumaco. Foto:RAUL ARBOLEDA
El mandatario expuso que, en algún lugar del país, “el oro se está legalizando”, y que desde la institucionalidad se debe identificar ese punto para que esas rentas se conviertan en ingresos territoriales, aprovechables en proyectos regionales.
Los retos
El coronel Bastidas abordó los retos desde la institucionalidad para desarticular el negocio criminal. Uno de los principales obstáculos, dijo, es que las organizaciones han logrado lavar el dinero a través de empresas fachada y ocultarlo en paraísos fiscales fuera de Colombia.
“Al final, siempre el problema se lo dejan al sector defensa. Pero esto es un problema de Estado. Tiene que estar el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia”, sostuvo el oficial.
El director de Fedepartamentos, Didier Tavera, comparte esta tesis y enfatizó que deben intervenir las tres ramas del poder público, precisamente por esa zona gris en la que estos delincuentes terminan siendo procesados por delitos menores, como ‘daño ambiental’. Tavera insistió en la necesidad de cambiar el enfoque judicial frente a quienes participan en la explotación ilícita de recursos naturales.
Según explicó, esta actividad debe verse como una fuente de rentas criminales, que sitúa a Colombia como el segundo país con mayor incidencia de minería ilegal en la región, después de Venezuela. “La legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado, por el problema que conllevan las rentas y el control territorial”, indicó.
Érika Castro, delegada para los derechos colectivos de la Defensoría del Pueblo, también abordó estas debilidades institucionales. “Nos vemos desbordados para atender la situación por reclutamiento forzado, la prostitución y todos los delitos asociados. Aparte, uno de los daños más grandes es a la biodiversidad colombiana. ¿Cómo vamos a recuperar el daño que le hemos venido haciendo a estos ríos? A nosotras en la Defensoría nos gusta decir que hay que preguntarle al suelo, al agua, al río, a las montañas, cómo quiere ser aprovechada por esta especie”, dijo.
Voceros del sector minero pidieron en general más presencia del Estado en las regiones para garantizar la seguridad de las empresas que realizan minería formal e insistieron en la necesidad de unas reglas claras y estables para la actividad.
Panel ‘La amenaza no es la minería sino la ilegalidad. Los costos de la minería ilegal’. Foto:Milton Díaz/EL TIEMPO.
Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas, dijo que la infiltración ilegal en la extracción de estas piedras ha ahuyentado la inversión extranjera en municipios como San Pablo de Borbur, donde están cediendo concesiones porque el orden público termina impactando la economía regional: “Ellos estaban aportando 17 millones de dólares a nuestras exportaciones. Eso se suprimió, se redujeron las exportaciones el año pasado y eso es un golpe”.
Redacción Justicia
Deja una respuesta