El traslado total de los recursos podría generar riesgos fiscales asociados al incremento del pasivo pensional del Estado, al transformar ahorro pensional en gasto corriente.
La Contraloría considera que la implementación del proyecto de decreto propuesto por el Gobierno para este fin es inviable en virtud de la normativa vigente: artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional) y el Decreto 1225 de 2024, reglamentario de dicho artículo”.
Son 25 billones de ahorro en los fondos, y que en este momento estarían invertidos. Foto:iStock
Esos son los términos de un duro informe de la Contraloría General de la República, la entidad encargada de cuidar la plata pública, sobre el decreto con el que el presidente Gustavo Petro pretende trasladar inmediatamente más de 25 billones de pesos que están invertidos en los fondos privados a Colpensiones, en abierta contravía con la reforma pensional promovida por el mismo gobierno.
En plena época electoral, el Ejecutivo sigue adelante con su iniciativa, a pesar de alertas de varios sectores y de un concepto del Banco de la República que también considera que el decreto va en contra de la normatividad vigente, que establece que el traslado de aportes solo se debe dar cuando las personas que se trasladaron de régimen aprovechando la ventana de oportunidad lleguen efectivamente a la edad de pensión. El borrador de decreto plantea un traslado exprés: 15 días a partir de su expedición, un plazo que los expertos consideran también irregular porque forzaría a una liquidación de inversiones por fuera de los plazos estipulados, con el consiguiente detrimento patrimonial.
El concepto de la Contraloría es clave porque abre un nuevo frente de discusión: la eventual responsabilidad fiscal de los funcionarios que viabilicen una actuación no solo ilegal, sino potencialmente dañina para las finanzas de la nación.
El artículo 76 de la nueva ley permite que todo colombiano que esté a menos de 10 años de pensionarse, o en edad de pensión, pueda cambiar de régimen, siempre y cuando, con corte a junio de 2025, ya tuviese 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 semanas cotizadas (hombres). Al menos unos 119.000 afiliados ya lo hicieron.
De ellos, según el informe de la Contraloría General conocido por este diario, solo una sexta parte (18.507 personas) llegó a la edad de pensión. “No resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas trasladadas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho de pensión”, advierte la Contraloría.
La entidad señala que hay una inconsistencia en la intención del Gobierno, pues presenta como sustento legal el artículo 76 de la reforma pensional, que claramente señala que “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo (la ventana de oportunidad para el traslado de régimen por fuera de las edades límite) seguirán siendo administradas por las AFP hasta el momento en el que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”. Es decir, expresamente la ley prohíbe lo que pretende el Ejecutivo, que es utilizar el ahorro pensional en gasto inmediato.
El informe de la Contraloría delegada para el Sector Trabajo, en cabeza de David Fernández, advierte también que el proyecto de decreto pretende saltarse el hecho de que la reforma —que aún está en discusión en la Corte Constitucional— dice expresamente que los ahorros pensionales deben ser administrados por un “Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo”, cuya gestión dependerá del Banco de la República y no de Colpensiones. Un fondo que todavía no existe. Por tanto, “no existiría un mecanismo institucional para recibir los recursos a trasladar de las cuentas de ahorro individual de los afiliados que ejercieron dicha opción”, advierte.
La entidad dirigida por Carlos Hernán Rodríguez advierte que un riesgo mayor es que el Gobierno convierta los recursos de ahorro pensional en gasto corriente. Es decir que el fruto del trabajo de los colombianos, en lugar de ser administrado para garantizar la vejez digna de sus aportantes, termine siendo utilizado de manera exprés en las operaciones diarias del Estado, como el pago de salario de funcionarios, la adquisición de bienes y servicios, las contrataciones por acuerdo público, todo ello sin aumentar el patrimonio público o crear activos fijos.
Según la reforma, quienes estén a menos de 10 años de pensionarse pueden cambiar de régimen Foto:Archivo EL TIEMPO
Este escenario, agrega la entidad, podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado y una bomba de tiempo similar a la que se ha dado en otros países que gastaron indebidamente el ahorro de las jubilaciones. La Contraloría dice que, de concretarse, la intención del Gobierno les impondrá duras cargas fiscales a las generaciones futuras y concluye que “no resulta jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las personas” que aprovecharon la ventana del cambio de régimen.
David Fernández, delegado para el Sector Trabajo y quien proyectó la respuesta, entregó más detalles del documento, que fue enviado al Ministerio del Trabajo.
Para empezar, Fernández explicó que la repatriación de las pensiones implica, de entrada, un cálculo de interés distinto, en perjuicio de los dineros de los ahorradores, dado que en el exterior se logran más intereses por inversión.
El cálculo de la Contraloría apunta a una diferencia del 4 %, que de concretarse obligaría al Estado a asumir la diferencia. Ello quiere decir que la iniciativa, de entrada, generaría una afectación al recurso de los trabajadores.
“Traer del exterior los $ 25 billones significaría perder unos contratos que ya están firmados. Solo ahí ya habría una pérdida de intereses importantes. Una pérdida gigantesca de recursos, además del pago de unas indemnizaciones por la cancelación de esos contratos. Ahora, si se traslada la plata y se cae la reforma, pues ya nos tocaría entrar a mirar el detrimento que se ocasionó. Nosotros, ahora, lo que hacemos es una revisión constitucional del tema y vemos varias limitantes”, señaló el contralor delegado.
Borrador de decreto para pensiones Foto:
Y agregó: “Los datos de los fondos privados de pensiones muestran que tienen rentabilidades buenas de mercado. Tienen una estabilidad financiera en el exterior importante”.
La Contraloría advierte que el ahorro pensional es un recurso parafiscal, lo que equivale a un recurso público resguardado por la Constitución. Y señala que de ninguna manera una disposición del Ejecutivo debe disminuir la rentabilidad que hoy logran esos aportes. “Eso es parte de custodiar el ahorro individual de todas las personas”, dice el contralor delegado para el Sector Trabajo.
El borrador está abierto para comentarios, pero la gran mayoría son críticas por una medida considerada inconstitucional y jurídicamente inviable, incluso desde la perspectiva de la misma reforma pensional del presidente Gustavo Petro. Por lo pronto, varios sectores ya alistan demandas.
Jhoan Sebastián Cote
Redacción Justicia
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