El Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional la suspensión urgente del impuesto al patrimonio creado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la nueva emergencia económica.
“Se trata de decisiones que no resisten un análisis serio ni desde el derecho ni desde la economía. Defender la Constitución es también proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país”, aseguró Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional.
Según explicó, la Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias. En este caso, “esa justificación no se ha demostrado”.
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Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional. Foto:Acolgen
Por el contrario, todo indicaría que el Gobierno Nacional pretende utilizar la “crisis climática” para cubrir un faltante de 16,3 billones de pesos, cuando el punto de partida debería ser la reducción de un gasto público. “No es válido recurrir a tributos excepcionales sin haber agotado primero medidas de austeridad”, agregó Natalia Gutiérrez.
El primer pago de este impuesto al patrimonio debe realizarse el próximo 1.° de abril y, de mantenerse, “miles de empresas terminarán por quebrarse” al no poder asumir lo que el gremio califica como un “tributo injusto”.
Bajo esta presión, las empresas tienen menos de 10 días para conseguir liquidez y hacer ese primer pago del 50 por ciento. Esto las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo.
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Foto:iStock
“Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, manifestó la líder gremial.
De acuerdo con el Consejo Gremial, gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país. Además, provoca un impacto directo a parte del sector empresarial que genera más 3 millones de empleos formales.
El gremio de gremios también detalla que este choque fiscal genera tres impactos inmediatos en las empresas:
- Asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, afectando la operación diaria,
- Incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la Dian
- Es un freno en seco la inversión que tanto necesita el país.
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Consejo Gremial Nacional Foto:Consejo Gremial Nacional
“Al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías y terminarían algunas pagando impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año. La presión es imposible de asumir”, advirtió la presidenta del Consejo Gremial Nacional.
Así mismo, aseguró que el Gobierno Nacional vulnera los principios de equidad y progresividad al imponer una tarifa del 1,6 por ciento —más del triple de la general— a los sectores financiero y extractivo.
“Una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas”, añadió.
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