La Corte Suprema de Justicia condenó al senador del Céntro Democrático Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por su participación en el escándalo de ‘las marionetas’.
El fallo en primera instancia lo halló culpable de los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos por el escándalo que enlodó al Congreso pasado: el direccionamiento ilegal de contratos a través de parlamentarios y algunos de sus asesores, en connivencia con funcionarios de entes territoriales en las regiones donde tenían su caudal político.
Los hechos por los que fue llamado a juicio y condenado por la Sala Especial de Primera Instancia se remontan a 2021, cuando se habría pactado la negociación criminal en la que intervinieron Pablo César Herrera, asesor de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, y el senador Ramírez.
En ese encuentro, el entonces directivo le expuso al hoy condenado los avances y resultados de un contrato de gerencia suscrito entre esa entidad y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Posteriormente, el 13 de octubre de ese año, Herrera se habría reunido con Ramírez y con Pierre García, exsubdirector del DPS, para discutir la posibilidad de suscribir un nuevo contrato interadministrativo de gerencia integral entre el DPS y Proyecta.
La Corte recuenta que durante la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías —que restringe la contratación directa—, se firmó el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta, por un valor de 48.660 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, producto del entramado de corrupción los contratos de obra e interventoría conocidos como Saldaña y Quindío Varios habrían quedado en manos de un grupo coordinado por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, quien, a su vez, designó a los contratistas.
Por su parte, obras en Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, así como sus respectivas interventorías habrían sido direccionadas para favorecer a empresas representadas por Anderson González González.
De acuerdo con la investigación, el plan —diseñado y promovido por García— buscaba consolidar un proyecto político en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, en paralelo con el pago de dádivas que ascenderían a 1.000 millones de pesos.
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