Colombia ha ganado la mayoría de los casos de arbitraje internacional en los últimos años, pero enfrenta un aumento acelerado en las controversias y en los montos en disputa, lo que coincide con la decisión del Gobierno de retirarse de este sistema. Mientras desde el Ejecutivo se argumenta que el modelo representa riesgos fiscales, expertos y gremios advierten que el problema de fondo está en el riesgo jurídico y sus efectos sobre la inversión.
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Las cifras recientes muestran un comportamiento mixto. Cifras citadas por Amcham Colombia, muestran que según los comunicados oficiales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) muestran que, en 12 decisiones arbitrales con resultado claro entre 2021 y 2024, Colombia ganó 10 y perdió 2.
Sin embargo, el número de controversias ha crecido de manera relevante. De acuerdo con AmCham Colombia, el inventario de casos pasó de 20 a 34 desde 2022, mientras que las pretensiones económicas escalaron de $10,79 billones a $59,52 billones.
“Lo que sí muestran las cifras oficiales es que, desde el inicio de este gobierno, aumentaron las controversias y la exposición del país”, señaló María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.
Este incremento en los litigios coincide con cambios regulatorios y decisiones de política pública en sectores clave, lo que ha elevado la probabilidad de disputas con inversionistas extranjeros.
De acuerdo con Gustavo Petro, el país tiene comprometidos cerca de 52 billones de pesos en procesos Foto:iStock
La salida del sistema
El presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión, al considerar que este mecanismo implica riesgos para las finanzas públicas. Según explicó, el país tiene comprometidos cerca de 52 billones de pesos en procesos bajo este esquema.
La decisión se enmarca en una crítica estructural al modelo, que, según el Gobierno, puede afectar la estabilidad fiscal y limitar la capacidad del Estado para gestionar controversias en condiciones equilibradas.
El anuncio se da en medio de un debate internacional en el que más de 200 expertos han planteado revisar estos mecanismos. Sin embargo, en Colombia también surgen advertencias sobre los efectos de esta salida.
“Una medida como esta desincentiva la inversión extranjera porque promueve la inseguridad jurídica y no le otorga reglas claras a los inversionistas”, afirmó Felipe Serrano, socio director de Serrano Martínez CMA.
El abogado también advirtió que la salida del sistema podría modificar el comportamiento de los inversionistas, quienes priorizan entornos con reglas claras para la resolución de disputas.
“Los inversionistas van a decidir por invertir sus recursos en países que les garanticen que sus inversiones y las reglas de resolución de controversias serán respetadas”, agregó.
Presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture. Foto:AmCham Colombia
El debate, de acuerdo con los expertos se traslada a la competencia entre países por atraer inversión extranjera. En este escenario, las reglas del juego y los mecanismos de resolución de conflictos se convierten en un factor relevante dentro de la decisión de los inversionistas.
Desde el sector empresarial se insiste en que el problema no está en los resultados de los arbitrajes, sino en las causas que están incrementando el número de disputas.
“No me cuadra proponer la salida del arbitraje de inversión afirmando que ‘siempre ganan los privados’”, afirmó Lacouture.
En esa línea, se plantea que el enfoque debería estar en fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la coordinación institucional y prevenir conflictos antes de que escalen a tribunales internacionales.
“La respuesta debe ser corregir las causas que elevan el riesgo: seguridad jurídica, mejor coordinación institucional y prevención del daño antijurídico”, agregó.
Desde el ámbito legal también se advierte que la decisión podría tener efectos inmediatos sobre el comportamiento de los casos. Según Serrano, la denuncia del convenio podría acelerar la presentación de demandas en el periodo previo a su entrada en vigor.
Además, se mencionan experiencias internacionales donde decisiones similares coincidieron con cambios en los flujos de inversión. Países como Bolivia, Venezuela, Ecuador y Honduras han adoptado medidas en esta línea, lo que forma parte del análisis sobre posibles efectos en Colombia.
En paralelo, un grupo de más de 200 expertos internacionales —entre ellos el premio Nobel Joseph Stiglitz y el economista Thomas Piketty— firmaron la carta dirigida al Gobierno colombiano en la que sostienen que la existencia de estos mecanismos no es determinante para atraer inversión extranjera. Según su análisis, no hay evidencia empírica consistente que demuestre esa relación, y factores como el tamaño del mercado, la estabilidad macroeconómica y las condiciones internas de cada país tienen un peso mayor en las decisiones de inversión. Como referencia, mencionan el caso de Brasil, que sin adoptar este sistema en los mismos términos se mantiene como uno de los principales receptores de capital en América Latina.
En este contexto, el país enfrenta una combinación de elementos: resultados favorables en arbitrajes, un aumento en las controversias, un cambio en la política frente a estos mecanismos y un entorno internacional donde la competencia por atraer inversión se mantiene activa.
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