La crisis jurídica en la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) ha tomado un nuevo matiz tras las reacciones en las últimas horas de Jorge Senior, rector hasta esta semana de la institución.
EL TIEMPO conoció que Senior quien se ha mostrado respetuoso del fallo del Juzgado Segundo Municipal de Barranquilla que ordena restituir a Silvia Gette Ponce bajo los parámetros estatutarios del año 2013, ha dejado claro que iniciará las acciones legales pertinentes para proteger su contrato de trabajo, el cual considera vulnerado por la reciente sentencia.
Un contrato de cuatro años en vilo
La controversia radica en la naturaleza del vínculo laboral de Senior. Tras culminar su periodo como rector designado por el Ministerio de Educación en marzo de 2026, el académico fue elegido en propiedad por el Consejo Superior de la universidad.
Jorge Senior rector saliente de la Universidad Autónoma del Caribe Foto:Redes sociales
Esta elección le otorgó un contrato a término definido por cuatro años, proyectando su gestión hasta el año 2030.
En diálogo con EL TIEMPO Senior explicó que, el fallo del juez Néstor Segundo Primera crea una inseguridad jurídica crítica al no especificar qué sucederá con el actual representante legal ni con sus derechos laborales adquiridos.
El rector sostiene que un juez de carácter municipal no tiene la competencia para disolver un contrato laboral vigente sin el debido proceso en la jurisdicción correspondiente.
Choque entre la realidad de 2013 y la de 2026
El núcleo del conflicto institucional es el desconocimiento, por parte del fallo, de toda la normativa expedida durante la última década.
Universidad Autónoma del Caribe Foto: EL TIEMPO
Desde 2014, la Universidad Autónoma ha estado bajo la lupa del Estado mediante la Ley 1740 de inspección y vigilancia especial.
Este proceso derivó en la creación de nuevos estatutos en 2020 y 2021 que rigen el funcionamiento actual y bajo los cuales se firmó el contrato de Senior.
«El juez retoma los órganos de gobierno de 2013, pero no dice qué pasa con el Consejo Superior actual, que es el órgano legítimo«, afirmó Senior. El directivo advirtió que intentar retrotraer la administración trece años atrás genera un «choque de trenes» con el Ministerio de Educación, entidad que vigila el servicio educativo y debe registrar cualquier cambio en la representación legal.
Defensa de los logros administrativos
Además de la disputa legal, Senior defendió su gestión de 25 meses, calificándola como honesta y prudente. Subrayó que, a diferencia de administraciones pasadas, bajo su mando no se vendieron bienes de la universidad, sino que se utilizaron herramientas legales para proteger la infraestructura que se encontraba en manos de los bancos.
En el ámbito financiero, reconoció que la deuda de seguridad social aumentó de 16.000 a 20.000 millones de pesos, pero aclaró que esto obedece a un factor de intereses y no a un mal manejo de los recursos.
«Si mi contrato se ve afectado, procederé a defender mis derechos en el plano de lo laboral, que es distinto a la cuestión institucional del gobierno universitario», concluyó.
El panorama que enfrenta Gette
Silvia Gette, que asumió el mando de la institución el pasado 27 de abril, recibe la universidad sumida en una profunda crisis financiera. La Universidad Autónoma del Caribe presenta una deuda acumulada que supera los 210 mil millones de pesos. En los últimos dos años, esta cifra se ha incrementado en 40 mil millones de pesos adicionales.
Silvia Gette en rueda de prensa. Foto:Redes sociales
La situación laboral también es crítica, con retrasos sistemáticos en el pago de salarios a los trabajadores y una deuda en seguridad social, salud y pensión que ronda los 40 mil millones de pesos.
Según Javier Manjarrez, representante de los egresados ante el Consejo Superior de la UAC, la mayoría de los trabajadores, aproximadamente el 90%, no cuenta con seguridad social en la universidad. Además, a los profesores catedráticos se les adeudan pagos de hasta siete meses.
En el ámbito académico, la Universidad Autónoma del Caribe ha experimentado una caída drástica en su número de estudiantes, pasando de un aforo histórico de 14.000 a menos de 6.400 alumnos.
A su llegada a la universidad, Gette expresó «mucha alegría e ilusión» y manifestó su intención de «rescatar y estabilizar la institución«. Afirmó que su salida anterior estuvo rodeada de «ilegalidades y controversias» y que «en los procesos todo fue injusto, era armado». Gette reconoció la gravedad de la situación actual y la necesidad de un esfuerzo colectivo para la recuperación, señalando: «Hay muchas cosas que tenemos que recuperar, pero esto yo sola no lo puedo hacer. Por más que tuviera cien brazos, no sería posible».
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