El Gobierno fijó el aumento salarial para los funcionarios de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar. Lo hizo a través del Decreto 0297 del 25 de marzo de 2026, en el que estableció un incremento del 7 % para este año, con efecto retroactivo al 1.º de enero.
La cifra, según el propio decreto, responde al acuerdo alcanzado con las centrales sindicales del sector público y se compone del IPC de 2025 (5,1 %) más 1,9 puntos adicionales.
Expresidentes de las altas cortes. Foto:Juan Diego Torres
El decreto aterriza ese aumento en toda la estructura salarial de jueces, fiscales y demás servidores judiciales. En la práctica, fija nuevas escalas de asignación básica mensual que arrancan en poco más de 1,7 millones de pesos en los grados más bajos y superan los 6,5 millones en los más altos. A esto se suman primas, bonificaciones y otros factores que terminan configurando el ingreso real.
En el caso de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se establece una remuneración mensual de 11,6 millones de pesos, distribuida entre salario básico y gastos de representación.
Además, recibirán primas técnicas y especiales, con base en el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992. En ese contexto, pese a la derogatoria del decreto que modificó la prima especial de servicios de los congresistas —base sobre la cual están indexados varios ingresos de altos funcionarios—, el nuevo decreto mantiene que estos servidores tendrán derecho a percibir, a partir del 1.º de enero de 2026, “una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30 %) del salario básico”.
El documento también regula otros componentes del régimen salarial. Mantiene primas como la de servicios, Navidad y vacaciones, y establece beneficios adicionales como subsidios de alimentación y auxilios de transporte, dependiendo del nivel salarial y la ciudad donde se preste el servicio. Por ejemplo, reconoce una remuneración adicional del 8 % para quienes trabajen en determinados departamentos y fija reglas para el pago de horas extras en cargos específicos.
En paralelo, introduce ajustes sobre el régimen de transición. Los funcionarios que ya estaban vinculados mantendrán sus condiciones salariales y prestacionales, con incrementos anuales atados al IPC y a lo pactado con sindicatos. En cambio, quienes ingresen después lo harán bajo las nuevas reglas, sin que ello implique una desmejora para quienes ya están en el sistema.
Decreto que deroga la prima especial de congresistas Foto:Archivo
Ningún servidor judicial podrá devengar más de lo establecido para los magistrados de la Corte Suprema bajo ciertos parámetros, y se reitera la prohibición de recibir más de una asignación del Tesoro Público, salvo excepciones legales.
La norma, además, deja claro que ninguna otra autoridad podrá modificar este régimen salarial por fuera de lo establecido, y que cualquier disposición en contrario carecerá de efectos.
Con esta decisión, el Gobierno concreta el ajuste salarial para 2026 en la Rama Judicial, en medio de tensiones recientes. Algunos sindicatos habían demandado ante el Consejo de Estado el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, que redujo en cerca de 16 millones de pesos el salario de los congresistas, una decisión que tuvo efecto cascada sobre los ingresos de funcionarios indexados a esa base, incluidos magistrados, jueces, profesionales de despacho y procuradores.
“Bajo el sofismo de reducir el salario de los congresistas se está generando un efecto cascada, un dominó, un efecto espejo que termina por desmejorar las condiciones salariales y prestacionales de cientos de servidores públicos, entre ellos funcionarios de la Rama Judicial, jueces y magistrados, de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación. Creemos que las políticas de austeridad no pueden comenzar por la disminución de los salarios de los servidores públicos ni por el debilitamiento de sus condiciones laborales, mucho menos contrariando las garantías del debido proceso”, le dijo a este diario en su momento el procurador judicial Pedro Alirio Sandoval, del sindicato Procurar.
El presidente Gustavo Petro y el Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:Cortesía
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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