La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales ante la persistente crisis de derechos humanos que enfrentan comunidades del sur de Bolívar, donde se han incrementado los riesgos por la presencia de grupos armados ilegales, fallas en servicios públicos, dificultades en el sistema de salud y una compleja situación ambiental.
La advertencia fue realizada por la misma defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante una visita a la subregión, en la que sostuvo encuentros con líderes sociales, organizaciones de pescadores, campesinos y autoridades territoriales para conocer de primera mano las afectaciones que enfrentan las comunidades.
Tras el recorrido, Marín reiteró la necesidad de adoptar medidas inmediatas y efectivas frente al deterioro de las condiciones de seguridad y de garantía de derechos fundamentales en varios municipios del territorio.
Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto:Iris Marín
En el marco de la agenda territorial, la Defensoría también hizo seguimiento al cumplimiento de una reciente sentencia de la Corte Constitucional, relacionada con la protección ambiental del agua y de las comunidades de pescadores artesanales del Complejo Cenagoso de Cascaloa, donde, contrario a lo esperado por la alta corte, se evidencian graves afectaciones al ecosistema.
Según la entidad, la disminución de la actividad pesquera en la zona alcanza el 90 %, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de cerca de 12 comunidades que habitan el complejo cenagoso, estimadas en alrededor de 26.000 personas.
En materia de seguridad, la entidad alertó sobre el aumento de homicidios en la subregión, con al menos 40 casos registrados durante 2025 y otros 18 en lo corrido de 2026, además de amenazas contra líderes sociales, extorsiones reiteradas y restricciones a la movilidad impuestas por actores armados ilegales.
Graffits del Clan del Golfo. Foto:Comunidad
De acuerdo con la Defensoría, en municipios como San Martín de Loba, El Peñón, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio y San Jacinto del Cauca, el actor armado ilegal predominante es el Clan del Golfo, mientras que existen indicios de presencia intermitente del ELN, lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos en el territorio.
Además, la entidad advirtió que más de 60.000 personas enfrentan afectaciones por fallas constantes en el servicio de energía eléctrica en varios municipios, con interrupciones que pueden extenderse hasta seis horas diarias y que impactan derechos fundamentales como la salud, la educación y la vida digna.
En el sector educativo, la Defensoría identificó deficiencias en infraestructura, déficit de docentes y limitaciones en el acceso a educación superior, factores que restringen las oportunidades de jóvenes en la subregión.
La situación en salud también genera preocupación, debido a barreras de acceso derivadas de la alta ruralidad del territorio, congestión hospitalaria en centros que atienden población de más de 30 municipios y deudas acumuladas de las EPS superiores a los 100.000 millones de pesos.
Clan del Golfo. Foto:Archivo particular
Entre 2023 y 2025 se registraron más de 6.316 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio de salud, principalmente por falta de medicamentos, demoras en autorizaciones y dificultades en traslados de pacientes.
Durante el encuentro con autoridades locales, la Defensora también expresó su preocupación por el bajo interés en participar en las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal, debido al incremento de riesgos y la falta de garantías para ejercer el liderazgo comunitario.
Asimismo, la funcionaria instó al alcalde de Magangué a adoptar medidas frente a la crisis carcelaria en centros de detención transitoria, donde se registran niveles de hacinamiento de hasta el 400 %, como ocurre en la Estación de Policía La Esmeralda.
En ese caso, la Defensoría evidenció que 66 personas permanecen recluidas en un espacio diseñado para 12, en condiciones que vulneran la dignidad humana y carecen de enfoque diferencial de género.
Finalmente, la defensora Iris Marín Ortiz reiteró el llamado urgente a las instituciones para fortalecer su presencia en el territorio y adoptar medidas integrales que permitan atender la crisis social, ambiental y de seguridad que enfrenta la subregión. “Los riesgos para las comunidades no son solamente en seguridad, también en garantía de derechos”, concluyó.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95 en X
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