Una serie de operativos coordinados por autoridades nacionales dejó al descubierto un presunto esquema ilegal de fabricación y explotación de máquinas tragamonedas que operaba al margen de la ley, con un impacto millonario sobre las finanzas públicas.
La intervención principal se llevó a cabo en un inmueble donde, según las investigaciones, funcionaba una fábrica clandestina dedicada al ensamblaje de equipos de juego. En el lugar fueron encontrados componentes clave como pantallas, tarjetas electrónicas, billeteros y otros dispositivos necesarios para poner en funcionamiento estas máquinas.
Lo más relevante del hallazgo es que dichos equipos no estaban registrados ante las autoridades competentes, lo que implica que operaban sin autorización y, por tanto, sin aportar los tributos exigidos por el Estado.
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Tecnología ilegal y evasión sistemática
De acuerdo con las entidades participantes en el operativo, la infraestructura encontrada sugiere un nivel de organización considerable, orientado a producir y distribuir máquinas tragamonedas de manera irregular.
Estos dispositivos, al no estar incluidos en el registro oficial, evadían el pago de derechos de explotación, una fuente clave de ingresos que, en Colombia, está destinada principalmente a financiar el sistema de salud.
Además del inmueble principal, las autoridades detectaron que estas máquinas eran utilizadas en varios establecimientos comerciales, donde operaban sin los permisos requeridos, ampliando así el alcance del presunto entramado ilegal.
Allanamientos simultáneos y cierre de establecimientos
Operativo dejó siete locales sellados por operar juegos de azar sin autorización en la ciudad. Foto:Coljuegos
La operación incluyó un total de diez diligencias de registro y allanamiento en las que participaron de manera conjunta Coljuegos, la Fiscalía General de la Nación, el CTI y unidades del Ejército Nacional.
Como resultado, siete establecimientos comerciales fueron sellados, luego de que se verificara la presencia de al menos 157 máquinas tragamonedas, módulos de apuestas por internet y ruletas que no contaban con autorización para su funcionamiento.
En total, se incautaron 239 elementos relacionados con la operación de juegos de azar, cuyo valor preliminar superaría los 3.000 millones de pesos. Uno de los aspectos más sensibles del caso tiene que ver con el impacto económico de estas actividades ilegales.
Según estimaciones oficiales, el funcionamiento de estas máquinas habría impedido la transferencia de cerca de $40.000 millones anuales en recursos del monopolio de juegos de suerte y azar, dinero que, por ley, debe destinarse al sistema de salud.
“Estamos hablando de recursos que dejaron de ingresar al sector salud por cuenta de operaciones ilegales”, advirtió el presidente de Coljuegos, al referirse a la magnitud del hallazgo.
Este tipo de evasión no solo afecta las finanzas públicas, sino que también genera competencia desleal frente a los operadores que sí cumplen con las normas.
Un delito con consecuencias penales y administrativas
Fábrica clandestina ensamblaba tragamonedas que evadían millonarios aportes al sistema de salud. Foto:Coljuegos
Las autoridades recordaron que la explotación de juegos de azar sin autorización constituye un delito tipificado en la legislación colombiana. En particular, el artículo 312 del Código Penal establece sanciones para quienes desarrollen este tipo de actividades sin cumplir con los requisitos legales, las cuales pueden incluir multas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de otras consecuencias judiciales.
En paralelo, los elementos incautados serán sometidos a un proceso administrativo sancionatorio, tras el cual podrían ser destruidos, conforme a los procedimientos establecidos por Coljuegos. A pesar de la magnitud del operativo, las autoridades confirmaron que no se realizaron capturas durante las diligencias. Sin embargo, esto no significa que el caso esté cerrado.
Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables detrás de la producción, distribución y operación de estas máquinas, así como establecer posibles redes de comercialización. El análisis de los equipos incautados, junto con la información recopilada en los allanamientos, será clave para avanzar en el proceso judicial.
Un fenómeno que persiste y preocupa
Equipos decomisados superarían los $3.000 millones, según balance preliminar de las autoridades. Foto:Coljuegos
El caso pone en evidencia la persistencia de economías ilegales en el sector de juegos de azar, un mercado altamente regulado debido a su impacto social y económico. Para las autoridades, este tipo de operaciones representa un doble riesgo: por un lado, afecta la financiación de servicios esenciales como la salud; y por otro, abre la puerta a dinámicas de ilegalidad que pueden estar asociadas a otras actividades delictivas.
El cumplimiento de la normativa no solo evita sanciones, sino que también garantiza que los recursos generados por esta actividad cumplan su propósito social. El caso sigue en desarrollo y podría revelar nuevas conexiones dentro de este negocio ilegal que, por años, ha operado en la sombra.
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