A pocas horas de cumplirse un año de la expedición del Decreto 0391 de 2025, que establece la formalización laboral de docentes ocasionales y catedráticos en las universidades públicas del país, crece la controversia en la Universidad del Atlántico por presuntos retrasos en su implementación y denuncias de exclusión sindical.
“Se está vulnerando el derecho de asociación y participación sindical”, advirtió Ricardo Cera Martínez, presidente de La Asociación de Docentes Ocasionales y Catedráticos de la Universidad del Atlántico (Asodogua), al denunciar su exclusión del proceso de formalización laboral en la Universidad del Atlántico.
La Asociación de Docentes aseguró que no ha sido convocada a las mesas técnicas donde se define la hoja de ruta del proceso, pese a haber participado activamente en la construcción del decreto a nivel nacional .
El decreto, impulsado por el Gobierno nacional, tiene como objetivo formalizar progresivamente al menos el 80 % de los docentes vinculados bajo modalidades temporales en las instituciones de educación superior públicas, mediante concursos excepcionales de méritos que prioricen a quienes ya laboran en las universidades.
Denuncian exclusión y retrasos en la implementación
Según el sindicato, desde la expedición de la norma el 1 de abril de 2025, la Universidad del Atlántico no ha avanzado de manera efectiva en la instalación de las mesas técnicas ni en la definición de un plan claro de formalización.
Fachada de la Universidad del Atlántico, sede norte. Foto:Archivo / EL TIEMPO
Asodocua sostiene que, pese a ser una organización sindical legalmente constituida y con participación directa en la mesa nacional que dio origen al decreto, ha sido excluida de las convocatorias realizadas tanto por la anterior como por la actual administración universitaria.
La organización también indicó que presentó derechos de petición ante la universidad y entidades del orden nacional, incluyendo el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Procuraduría y Función Pública, solicitando su inclusión en el proceso y la intervención institucional frente a lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales .
Entre los puntos de preocupación está la falta de claridad sobre el modelo de convocatoria. El sindicato advierte que la universidad estaría evaluando la apertura de concursos públicos abiertos, lo que, a su juicio, contraviene el espíritu del decreto, que establece concursos de méritos con prelación para docentes ya vinculados.
Debate por cifras, alcance y participación
El proceso también genera debate por el número de docentes que serían formalizados. Según cifras internas citadas por Asodocua, en la universidad existen más de 1.100 docentes ocasionales y catedráticos, de los cuales una proporción significativa cumpliría con los requisitos para ingresar al proceso.
El Consejo Superior Universidad del Atlántico. Foto:Gobernación
Sin embargo, la organización cuestiona que se esté contemplando la formalización de un número reducido de plazas, lo que limitaría el impacto de la medida y dejaría por fuera a una gran parte del profesorado.
La reacción de la universidad
Por su parte, la Universidad del Atlántico ha señalado que el proceso debe ajustarse a criterios técnicos, financieros y legales, y que la provisión de cargos se realizará mediante concursos de mérito, conforme a lo establecido en el decreto. Además, indicó que la implementación del plan depende de la sostenibilidad presupuestal y de la creación progresiva de cargos en la planta docente .
La institución también precisó que la participación sindical en el seguimiento del proceso está condicionada a la existencia de afiliados en la universidad, aunque aseguró que mantendrá espacios de socialización con los distintos actores académicos.
Mientras tanto, el caso pone en evidencia las tensiones entre autonomía universitaria, derechos sindicales y políticas públicas de formalización laboral, en un momento clave para miles de docentes que esperan mejorar sus condiciones de vinculación.
El avance del proceso en la Universidad del Atlántico será determinante para medir el alcance real del Decreto 0391 y su impacto en la estabilidad laboral del profesorado en Colombia.
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