En los últimos días, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia está estudiando salir de inmediato del sistema internacional de arbitraje de inversión. Es decir, la principal herramienta con la que cuentan decenas de países para dirimir sus diferencias con inversionistas del más alto nivel de una manera independiente.
La propuesta de Petro incluye sacar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal especializado en inversión más importantes del mundo, que está alineado con el Banco Mundial y ante el cual el país defiende la mayoría de demandas que le han interpuesto, por inversiones relacionadas con minería, medio ambiente, tecnología, servicios ciudadanos, y más.
Por ejemplo, ante el CIADI, durante los últimos 10 años, se han resuelto todas las demandas que inversionistas mineras extranjeras han radicado contra Colombia luego de que, este país, cambiara su normativa prohibiendo la intervención extractiva al páramo de Santurbán (2016).
Edificio del CIADI Foto:CIADI
Aunque los demandantes (EcoOro Minerals y RedEagle) aseguran que han padecido multimillonarias pérdidas por cuenta de las decisiones nacionales con respecto al páramo, el CIADI, en pocas palabras, ha respaldado a Colombia y su seguridad jurídica para invertir. Para ello, constituyó sendos tribunales con árbitros independientes que evaluaron la disputa en el marco de, en este caso, el tratado de libre comercio con Canadá, país de origen de los inversionistas.
El CIADI es, como se indica en su página web, la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. “Los Estados han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión”, se explica.
Sin embargo, en alocución presidencial del pasado miércoles, el presidente Petro cuestionó la presencia de Colombia en este tipo de organismos de esta manera: “¿Por qué aceptamos firmar contratos en donde, si hay alguna disputa, es un centro privado de justicia en el país del contratista el que termina dirimiendo si el país tiene razón o no y, en general, perdemos? (…) varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje”.
Colombia es miembro del CIADI desde 1997 y para atender los trámites del tribunal cuenta con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), la entidad de gobierno encargada de defender los intereses del país. Según explicó Petro, Colombia tiene comprometidos cerca de $52 billones en procesos dentro de este sistema de resolución de disputas.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia
El CIADI cuenta actualmente con 158 Estados miembro que han ratificado su convenio. Entre los países de la región que someten sus disputas a las reglas de este tribunal están Argentina, Chile, Perú, México, Paraguay, Uruguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Ecuador.
Llama la atención que Ecuador se retiró en 2009 bajo el mandato de Rafael Correa, y regresó en 2021. Asimismo, entre los países latinoamericanos que ya no son miembros del CIADI están Brasil, Cuba, Bolivia y Venezuela.
El anuncio de Petro se produjo en medio de un debate sobre el papel del arbitraje internacional, luego de que más de 200 expertos internacionales solicitaran al Gobierno colombiano revisar su permanencia en este tipo de mecanismos de resolución de disputas. Entre los expertos que se pronunciaron se destacan el premio Nobel Joseph Stiglitz, así como los economistas Thomas Piketty y Peter Bohmer, entre otros.
Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fernalco), rechazó contundentemente la intención del presidente. “Si se llegara a prescindir de estos mecanismos que resuelven de forma ágil los conflictos entre el Estado y los particulares, el Gobierno debe ser consciente de que Colombia dejaría de ser atractiva para los inversionistas extranjeros que generan empleo y prosperidad para miles de colombianos”, aseguró.
La Federación agregó que “históricamente las decisiones de los árbitros del CIADI han sido en su mayoría favorables a Colombia, cuando el país ha sido consistente con sus compromisos, en especial con el respeto al derecho de propiedad por vía del respeto a las inversiones”.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto:Daniel Fernando López. El Tiempo
De otro lado, el tribunal CIADI ha funcionado para formar a abogados colombianos como árbitros, quienes dirimen pleitos del más alto nivel en el mundo bajo las reglas de este mecanismo de solución de disputas.
Procesos que cursan ante el CIADI
Actualmente, la empresa suizo-inglesa Maritime Archaeology Consultants (MAC) pelea que son los verdaderos descubridores del Galeón San José, pero que el Estado nunca les pagó semejante servicio, ni los contrató para el rescate de sus tesoros.
MAC es la empresa que le permitió, por ejemplo, al expresidente Juan Manuel Santos decir públicamente en 2015 que el galeón había sido encontrado, y como inversionistas operarios solicitan USD$ 50 millones. Lo último que se sabe es que, desde el 19 de enero pasado, el CIADI está resolviendo un conflicto por jurisdicción, el cual será resuelto en los próximos meses.
Piezas del Galeón San José. Foto:Saulón Guerrero / Minculturas
Otro de los casos que cursa en esa jurisdicción es la demanda por USD$ 1.200 millones que tiene el conglomerado español Keralty, inversores de la EPS Santitas, por la señalada grave vulneración al debido proceso por cuenta de la intervención forzosa de este gobierno. Una decisión que fue tumbada por la misma Corte Constitucional y que, según los inversionistas, les acarreó graves problemas financieros.
En noviembre de 2024, por otro lado, la multinacional Telefónica, más conocida en Colombia por sus negocios con Movistar, le ganó uno de estos pulsos arbitrales al país y el CIADI ordenó el pago de más de USD$ 379.000 dólares. Aun así, el proceso fue suspendido a finales de 2024, pues Colombia pidió la anulación del arbitraje de inversión. Como lo conoció EL TIEMPO, este semestre empezarán las nuevas audiencias, las cuales definirán si Colombia al final desembolsa más de $1,7 billones.
Desde 2023, además, el CIADI conoce la demanda de la empresa española Canal de Isabel II, por la presunta expropiación de su participación en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo Triple A, de Barranquilla, la cual fue adelantada por los organismos de justicia en un proceso de extinción de derecho de dominio.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95 en X
MÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA
Deja una respuesta