La madrugada del 3 de enero de 2026, helicópteros, explosiones y fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron en Fuerte Tiuna para capturar a Nicolás Maduro. Lo que se anunció como el comienzo de una nueva etapa para Venezuela no desmontó el andamiaje del poder y la persecución en contra de las voces disidentes: la maquinaria de vigilancia estatal sigue intacta y operativa.
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Así lo confirma un informe reciente de Ve sin Filtro, Conexión Segura y Libre y el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, que concluye que el aparato de control no solo sobrevivió al cambio de mando, sino que continúa funcionando a plena capacidad bajo la administración de la líder encargada, Delcy Rodríguez.
El informe documenta una inversión superior a los 1.000 millones de dólares en tecnologías destinadas no a la seguridad ciudadana, sino al control político.
Familiares de presos políticos en Venezuela. Foto: AFP
Esta red se apoya fundamentalmente en proveedores chinos como CEIEC, Hikvision y Dahua, que han suministrado sistemas de CCTV con capacidades avanzadas de reconocimiento facial y detección de matrículas, potenciados por inteligencia artificial.
Solo en el segundo semestre de 2025, el número de cámaras operativas en el país aumentó casi un 80 por ciento, alcanzando las 7.000 unidades bajo la gestión de Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior. Estas cámaras están integradas al sistema VEN911, el cual permite a los servicios de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM identificar y localizar a disidentes en tiempo real.
Vigilancia en múltiples capas
El reporte destaca que la represión en Venezuela no depende de una sola herramienta, sino de una “vulnerabilidad en varias capas”:
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- Infraestructura de videovigilancia: El sistema de cámaras (CCTV), dominado por proveedores chinos como Hikvision y Dahua, ha pasado de ser una herramienta de seguridad pública a un arma de control político. Utiliza inteligencia artificial para reconocimiento facial y de matrículas sin supervisión judicial, integrándose al sistema VEN911 para localizar rápidamente a disidentes y opositores.
- Drones y monitoreo de movimiento: Las fuerzas de seguridad emplean drones (comerciales y avanzados) para vigilancia y guerra psicológica, especialmente en zonas residenciales de la oposición. Además, se han detectado dispositivos GPS con micrófonos ocultos en vehículos de familiares de presos políticos para rastreo y escucha encubierta.
- Aplicaciones impulsadas por el Estado: El “Sistema Patria” funciona como una plataforma de extracción masiva de datos y control social, cuyo dominio pertenece al partido de gobierno (PSUV). Por su parte, la aplicación VenApp se utiliza explícitamente para facilitar la delación ciudadana de actividades críticas al gobierno.
- Ciberpatrullaje y redes sociales: Los servicios de inteligencia (SEBIN y DGCIM) coordinan una maquinaria de persecución digital que criminaliza la expresión en línea. Un ejemplo es la “Operación Tun Tun”, que integra denuncias en VenApp, doxeo en Telegram e intimidación en Instagram para realizar arrestos puerta a puerta.
- Intercepción de telecomunicaciones: Existe una vigilancia a escala industrial que excede cualquier fin criminal legítimo. Informes de operadoras revelan cientos de miles de líneas intervenidas. La infraestructura de CANTV y un marco regulatorio débil permiten al Ejecutivo el acceso ilimitado y en tiempo real a las comunicaciones privadas.
- Ciberataques e infiltraciones estatales: El Estado impulsa ataques sofisticados, como campañas de phishing contra iniciativas opositoras (Voluntarios por Venezuela, Comanditos) y el uso de software espía (como FinFisher). Estas operaciones combinan la manipulación de redes públicas con el robo de cuentas y la desinformación coordinada.
- Registros e incautaciones sin orden judicial: La revisión forzosa de teléfonos móviles en aeropuertos y alcabalas se ha vuelto una práctica común para la intimidación y la extorsión económica. Los funcionarios realizan búsquedas digitales de los ciudadanos para detectar opiniones políticas y exigir pagos en divisas a cambio de evitar detenciones.
El número de cámaras operativas en el país aumentó casi un 80 por ciento. Foto: AFP
La normalización del miedo
Uno de los hallazgos más alarmantes es el impacto social de esta infraestructura. La práctica generalizada de revisar teléfonos móviles en aeropuertos y alcabalas -sin orden judicial y a menudo acompañada de extorsiones en dólares o Zelle- ha forzado a la población a una “autovigilancia” constante.
“Saber que las fuerzas de seguridad vigilan los espacios públicos tiene un profundo efecto inhibidor”, señala el informe. Activistas de base han tenido que reducir sus reuniones, limitar el uso de móviles y aplicar una estricta autocensura para sobrevivir en un entorno donde un mensaje de audio o una opinión en redes sociales puede derivar en cargos de “incitación al odio”.
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Pese a algunas medidas que el informe califica de cosméticas -como la disolución del CESPPA (centro de coordinación de inteligencia con influencia cubana e iraní) en febrero de 2026-, el aparato represivo digital sigue “plenamente operativo”.
El informe concluye con una advertencia clara: una auténtica transición democrática en Venezuela requiere mucho más que un cambio de liderazgo; exige el desmantelamiento deliberado de esta infraestructura de vigilancia que hoy, meses después de la caída de Maduro, sigue observando cada movimiento de sus ciudadanos.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN – Corresponsal de EL TIEMPO – Caracas
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