El Atlántico cerró marzo de 2026 con una de las cifras más altas de violencia en los últimos años. Un total de 93 muertes violentas fueron registradas en el departamento durante ese mes, según el más reciente informe del Sistema Civil de Alertas Tempranas, una cifra que excluye accidentes de tránsito y suicidios y que refleja la presión creciente de grupos delictivos sobre el territorio.
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Del total, 73 casos ocurrieron en el área metropolitana de Barranquilla: 38 homicidios en la capital, 23 en Soledad, 8 en Malambo y 4 en Puerto Colombia. Los 20 restantes se reportaron en municipios del resto del departamento.
La tendencia trimestral confirma el deterioro. Entre enero y marzo, el departamento acumula 282 muertes violentas, 51 más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 231.
Como agravante, 21 mujeres han sido asesinadas, un número que preocupa a las autoridades y a las organizaciones de seguimiento ciudadano, que advierten patrones de agresión y vulnerabilidad persistentes en varias zonas metropolitanas.
En medio de este preocupante panorama, un dato encendió aún más las alarmas: la creciente participación de menores de edad en actividades criminales. Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, lo sintetizó con una frase contundente:
“De los 1.500 capturados que tenemos al momento en el Área Metropolitana, tenemos casi 120 que son menores de edad que están siendo instrumentalizados por estas redes criminales.”
No solo están en casos menores, están en hechos de alto impacto
El dato no es menor. Los dos hechos de violencia reciente que mayor atención mediática y ciudadana recibieron —por el número de involucrados y la gravedad de los casos— confirman que los adolescentes están ocupando un lugar cada vez más visible dentro de las dinámicas criminales.
‘Fabián’, uno de los menores involucrado en el crimen de las hermanas en Malambo. Foto:Redes sociales
El primero es el caso de las hermanas Hernández, ocurrido entre finales de febrero y comienzos de marzo en Malambo, donde las dos víctimas eran menores de edad, al igual que al menos dos de los presuntos victimarios señalados por la comunidad y las autoridades.
Este episodio expuso un doble fenómeno que tenía adolescentes siendo víctimas directas de violencia estructural y, simultáneamente, otros jóvenes captados para participar en los crímenes de gravedad.
El segundo hecho ocurrió el 19 de marzo, durante la balacera registrada en una discoteca del norte de Barranquilla. Allí, las autoridades confirmaron que uno de los capturados por participar en el ataque tenía apenas 14 años, un dato que volvió a ubicar a los menores de edad en la primera línea de hechos violentos de alto impacto.
En dicha balacera, el vehículo donde se movilizaban los atacantes se estrelló. Ahí iba el menor. Foto:Redes sociales
Ambos casos ilustran un patrón que coincide con la cifra entregada por el general Camelo y hacen parte de una dinámica en la que la presencia juvenil se ha vuelto recurrente en estructuras criminales.
Su rol, según las autoridades, abarca desde tareas de vigilancia y aviso (“campaneros”), hasta transporte de armas, participación en sicariatos o apoyo a células urbanas dedicadas a la extorsión.
Reclutamiento, riesgo y vulnerabilidad
De acuerdo con fuentes policiales y de investigación, la instrumentalización de adolescentes responde a varios factores. Los principales son la ausencia de oportunidades reales, la presión de entornos donde convergen violencia y pobreza, la falta de acompañamiento familiar y la ventaja que representan para las bandas debido a su menor exposición penal.
La instrumentalización de adolescentes responde a varios factores, entre ellos el entorno. Foto:GUILLO GONZALEZ
Las organizaciones delincuenciales recurren cada vez más a jóvenes que, por su edad, son fácilmente reemplazables y ofrecen menor visibilidad para tareas de riesgo. Las autoridades han advertido que este reclutamiento es sistemático y que forma parte de la estrategia de expansión y sostenimiento de estructuras urbanas en Barranquilla, Soledad y Malambo.
Este fenómeno, además, alimenta un circuito difícil de romper en el que los adolescentes que ingresan a dinámicas criminales, quedan atrapados en economías ilícitas y pasan rápidos ciclos de detención y reincidencia, sin procesos sólidos de resocialización.
Un desafío que exige mirar a los jóvenes
El incremento de muertes violentas durante marzo y la confirmación de que cerca de 120 menores participan hoy en actividades criminales dejan claro que Barranquilla y su área metropolitana enfrentan un desafío estructural que hace urgente impedir que adolescentes sigan siendo absorbidos por redes delictivas que los usan como piezas desechables.
Mientras la criminalidad se adapta y se expande, las cifras muestran que la edad de los involucrados baja, el riesgo aumenta y los efectos se sienten con más fuerza en los barrios populares del área metropolitana.
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La instrumentalización de menores, como lo advirtió el general Camelo, es una realidad consolidada que agrava la crisis de seguridad y compromete la protección de la niñez y de la juventud en el Atlántico.
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