Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General destapó detalles de un entramado de corrupción en La Guajira, enfocado en quedarse con la contratación para la atención de la primera infancia y madres gestantes de Riohacha y Manaure. El monto que se habría perdido asciende a los 860 millones de pesos.
Los implicados en este escándalo que sacude al departamento de La Guajira son Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, quienes eran funcionarios de Bienestar Familiar.
Asimismo, los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera. Los siete fueron imputados por el ente acusador por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Fiscalía Foto:Fiscalía
El expediente que tiene a su cargo una fiscal experta en delitos contra la administración pública parte de que se habrían malversado recursos en tres contratos de Bienestar Familiar con una asociación, entre febrero y diciembre de 2019.
La finalidad de esos contratos era atender a población vulnerable del departamento, lo que incluía tener en cuenta un componente de alimentación con enfoque diferencial para la primera infancia y madres gestantes.
Mazo. Foto:Cortesía
Sin embargo, se habría orquestado un entramado corrupto para apoderarse de los recursos públicos. Es por eso que la Fiscalía dice tener evidencia de que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, como los supervisores de los contratos, se habrían prestado para dar luz verde a las actas de revisión y a 12 pagos que tenían sobrecostos, beneficiando así a la asociación que representaba Rosidis Barliza Rivera.
«Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras. Los documentos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados por Barliza Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero», explicó el ente acusador el martes.
Sede de Bienestar Familiar. Foto:Archivo EL TIEMPO
De esa forma se habría dado el detrimento patrimonial por 860 millones de pesos. Ahora, tras la imputación de cargos, los siete judicializados deberán responder en la fase de acusación ante un juez de conocimiento.
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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