En diálogo con EL TIEMPO, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta habló sobre los avances en los diálogos con las bandas criminales de Medellín, que derivaron en el polémico levantamiento de las órdenes de captura de 23 capos de estos combos, herederos de ‘Don Berna’ y la Oficina de Envigado.
Explicó que el levantamiento aplica para siete de estos cabecillas que ya habían recobrado la libertad por orden de un juez y que, en el caso de quienes siguen en la cárcel, busca evitar nuevas capturas por delitos recientes como garantía para que continúen en el camino hacia el sometimiento. A la espera de la aprobación de la ley de sometimiento, empantanada en la Comisión Primera de la Cámara, aseguró que están planteando este tipo de gabelas bajo los parámetros que les permite la Ley de Paz Total.
¿Cuál es el marco legal en el que se están dando estos acercamientos y diálogos con bandas criminales, teniendo en cuenta que la Ley de Paz Total traza el límite entre los acercamientos y la materialización del sometimiento, que depende de una reglamentación hoy empantanada en el Congreso?
Exacto, materializar el sometimiento. Levantar órdenes de captura no es materializar el sometimiento. Estos acercamientos van en esa vía.
¿Qué les permite la ley de paz total?
Los acercamientos tienen una metodología. Esa metodología habla de que solo al final hay sometimiento, como en todo proceso de paz. No estamos en etapa de sometimiento, estamos apenas iniciando la etapa de irreversibilidad. La primera etapa terminó el 2 de junio de 2023, que fue la etapa de acercamiento. Esa etapa se cerró cuando establecimos el contacto y la voluntad de las estructuras para sentarse en una mesa, con la instalación de un espacio de conversación sociojurídico, como es el caso de los procesos urbanos. Ahí se cierra la etapa de acercamiento e inicia la etapa de conversación sociojurídica. ¿Cuál es la metodología en esta etapa? Hechos de paz concretos. ¿Para qué estamos conversando con ellos? Para establecer hechos de paz concretos. ¿Como cuáles? La disminución de las tasas de homicidio, por ejemplo. Ese es un hecho de paz concreto que vigilamos todos los días. La delegación de paz recibe a las 12:58 de la madrugada el reporte de la Policía sobre lo ocurrido en el Valle de Aburrá y hace seguimiento caso por caso a los homicidios para verificar el cumplimiento de los compromisos. Esta es la única ocasión en la que los medios nos han presionado tanto. Ni siquiera con Álvaro Uribe. Él hizo el sometimiento de las AUC sin un marco jurídico, y desmovilizó a las AUC. Pero a nosotros sí nos persiguen, nos presionan y no nos permiten avanzar.
El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:Archivo Particular
Senadora, sin la aprobación de la ley de sometimiento —y teniendo en cuenta que en esta legislatura no parece que vaya a salir adelante—, ¿cuál es el rumbo de estas negociaciones en este Gobierno?
El escenario político sí da para un debate de la ley, si usted se lo pregunta a una congresista.
Pero el pulso está difícil…
Podría darse el debate en la Comisión Primera. Hay voluntad del señor ministro de Justicia, del ponente —el doctor Alirio Uribe— y del presidente de la Comisión para agendarla. Ya hemos tenido dos reuniones en ese sentido. Y claro, el pulso está difícil también por lo que ustedes hacen como medios de comunicación, que no es apostarle a la paz. Ustedes generan un ambiente inadecuado para que se le apueste a la paz.
Sí, pero sin esta ley, ¿cuál es el rumbo de estas negociaciones, por lo menos en este Gobierno, teniendo en cuenta que no está asegurado el continuismo en las próximas elecciones?
El rumbo de las negociaciones depende de cada proceso. Nosotros, bajo la orientación del consejero comisionado, estamos estableciendo etapas de irreversibilidad, que fue la que se instaló el 9 de febrero en la cárcel de Itagüí. Cerramos la etapa de conversación e iniciamos la de irreversibilidad. ¿Y eso qué significa? Primero, revisar todos los compromisos de paz que se hicieron durante la etapa de conversación, todos los hechos de paz de esa segunda fase, para presentarle al país los logros, las dificultades, la metodología y dar claridad sobre en qué ha contribuido este proceso a la paz. Eso es clave. Estamos cerrando esa segunda etapa y abriendo la de irreversibilidad. ¿Qué es la irreversibilidad? Que esos hechos puntuales, territorialmente establecidos y medibles en el tiempo, se vuelvan permanentes. Eso es lo que queremos dejarle al país: acuerdos de paz concretos que permanezcan en el tiempo. No es posible, como delegación del Ejecutivo, establecer compromisos con las estructuras que vayan al punto del sometimiento, que es lo que la Corte dijo que debía legislarse. Entonces vamos a avanzar en todo lo que esté dentro de las potestades del Ejecutivo. Por eso en Medellín apostamos a un acuerdo condicionado para la paz urbana. ¿Qué significa “condicionado”? Que depende de la voluntad y del respeto a la competencia del Legislativo. Pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos porque el Congreso no haya dado el paso o se haya sentido presionado por distintos actores, incluido el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, para frenar estos procesos.
Senadora, hay otros espacios de diálogo sociojurídico, por lo menos el que se llevó a cabo en Buenaventura con Los Shottas y Los Espartanos, que no tienen estos mismos resultados. De hecho, ayer la Defensoría del Pueblo alertó por una escalada de los homicidios en esta ciudad, ¿esto no complicaría el entendimiento, por parte de la ciudadanía, de resultados concretos de estos espacios?
El entendimiento por parte de la ciudadanía también pasa por asimilar una nueva etapa de los procesos de paz en el país. Y esa nueva etapa es la territorialización de la paz, entendiendo que cada proceso es distinto. Las estructuras de Medellín son muy diferentes a Los Shottas y Espartanos, pero también lo son frente a las de Quibdó, a las de Cali, a las de Barranquilla, Bucaramanga o Barrancabermeja. Lo que necesitamos es comprender esos hechos de paz desde su territorialidad y sus dinámicas específicas. Claro que Buenaventura tiene un eje rector, y ese eje es el puerto. Eso no lo tenemos en Medellín. Aquí hay múltiples economías ilegales, y la delegación trabaja en un capítulo específico de transición de esas economías, algo que será completamente distinto en Cali, en Buenaventura, en Quibdó y en cada territorio. Lo importante es que estamos avanzando hacia una nueva metodología: ya no solo se conversa con actores políticos, sino también con estructuras criminales. Y no por ellas, sino por la ciudadanía. La ley es clara en ese sentido. ¿Que no ha tenido los mismos resultados? Claro que no. Pero cada vida que se ha salvado es valiosa. Cada hecho de paz en Buenaventura es valioso.
En los diálogos sociojurídicos de Medellín también ha habido ruido: supuesta injerencia suya en operativos de seguridad, presiones para traslados, y hallazgos de celulares y equipos prohibidos en el pabellón de máxima seguridad. ¿Qué responde usted ante estos señalamientos y hechos?
Todo eso hace parte de ataques al proceso de paz. La supuesta injerencia no es tal. Yo soy jefe de la delegación y coordinadora del espacio de conversación sociojurídico. Y la resolución que me designa es clara en las facultades que tengo. Lo que pasó responde a una persecución que he tenido por liderar este proceso. Yo me defiendo en los escenarios judiciales. No en titulares. Pero sí voy a pedir rectificaciones a quienes difundieron información falsa. En ningún momento, en las diligencias en mi contra, la Procuraduría ha dicho que yo me haya extralimitado. Al contrario, ha respaldado que actué dentro de mis funciones como coordinadora del espacio.
El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:Javier Nieto.
En términos concretos, ¿en qué se traduce el levantamiento de las órdenes de captura?
No es un beneficio, son garantías. Lo que se hizo fue acudir a la ley para ofrecer condiciones mínimas que permitan el diálogo. Porque sí, hay persecución. Y los voceros necesitan garantías para participar sin el temor de ser capturados mientras están en la mesa. Se dijo que esto implicaba excarcelaciones, y no es cierto. Algunas personas ya estaban en libertad porque cumplieron sus penas. Eso no lo decide ni la delegación ni la Fiscalía, sino un juez. Lo que buscamos es que puedan seguir participando en el proceso, sin que se interrumpa por capturas en medio de los diálogos.
¿Y frente a los que están privados de la libertad?
Esta resolución no impide nuevas investigaciones. Lo que garantiza es que, aun con esos procesos, puedan seguir participando en los espacios de paz. Es decir, que en el marco del proceso hoy no los puedan capturar de nuevo por esas mismas dinámicas, aun estando privados de la libertad. Porque ustedes saben que estar en la cárcel no inhibe nuevas investigaciones ni nuevas capturas, incluso al interior de los centros de reclusión.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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