En un tribunal federal de Brooklyn, siete ciudadanos colombianos comparecen ante la justicia de Estados Unidos tras ser extraditados desde Colombia, en medio de una investigación que los vincula con el envío de cargamentos de cocaína a través del Pacífico. La acusación los señala de integrar una estructura que utilizaba embarcaciones semisumergibles para mover droga hacia México y, posteriormente, al mercado estadounidense.
Elkin Armando Alomia Quiñones, Luis Alberto Arboleda Escobar, Diego Luis Obregón Aguirre, Edwin Obregón Castro, Juan Matías Obregón Castro, Rodrigo Obregón Saavedra y Narjel Paredes fueron presentados ante el juez magistrado James R. Cho, del Distrito Este de Nueva York. Todos enfrentan cargos por violaciones a la Ley de Control de Drogas Marítimas y por conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional. Su captura en Colombia se produjo en marzo de 2025, luego de un proceso investigativo liderado por el Homeland Security Task Force.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los procesados hacían parte de una organización de narcotráfico marítimo con capacidad para coordinar operaciones de gran escala. Según la acusación, la red no solo transportaba droga, sino que también gestionaba la financiación, construía las embarcaciones, reclutaba tripulaciones y desplegaba sistemas de contravigilancia en alta mar para evadir controles.
Los extraditados en momentos en los que llegaban a EE. UU. Foto:Cortesía
“Según se estima, los acusados son miembros de una organización transnacional colombiana de narcotráfico marítimo que buscaba traficar clandestinamente toneladas de cocaína en embarcaciones semisumergibles hacia México, y finalmente para su distribución en Estados Unidos”, afirmó el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., al referirse al alcance de la operación.
La ruta descrita en el expediente partía desde la costa pacífica colombiana y tenía como destino zonas bajo influencia del Cartel de Sinaloa en México. Desde allí, la droga continuaba su recorrido hacia Estados Unidos. Las embarcaciones utilizadas, de bajo perfil y diseñadas para reducir su visibilidad en el radar, eran una de las principales herramientas logísticas de la organización.
El expediente judicial incluye incautaciones concretas que sustentan la investigación. El 27 de junio de 2023, la Armada de Colombia interceptó un semisumergible que transportaba cerca de 2.312 kilogramos de cocaína en aguas del Pacífico. Meses después, el 7 de octubre del mismo año, otra operación permitió decomisar aproximadamente 3.300 kilogramos en una embarcación con características similares.
Desde la Administración para el Control de Drogas, el subdirector de operaciones para el noreste, Frank A. Tarentino III, indicó que “usar embarcaciones semisumergibles para evadir a la autoridad no los hace invisibles. La DEA, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, perseguirá y desmantelará estas organizaciones criminales”.
El maletín era de propiedad de un agente de la DEA. Foto:Archivo EL TIEMPO.
Por su parte, Michael Alfonso, agente especial a cargo interino de ICE-HSI en Nueva York, señaló que “HSI, con su presencia internacional y nuestras alianzas, rastrea a los responsables hasta la fuente y los lleva ante la justicia”, en referencia al seguimiento que permitió ubicar a los señalados en territorio colombiano.
El caso hace parte de la estrategia de la Homeland Security Task Force, creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, que articula a agencias como el FBI, la DEA, el Servicio de Alguaciles y el Servicio Secreto, entre otras, bajo la coordinación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. En Colombia, la investigación contó con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), el CTI de la Fiscalía y la Armada Nacional, además de enlaces internacionales en Puerto Rico, Madrid y Bogotá.
Los fiscales asistentes Lorena Michelen y Katherine P. Onyshko lideran el proceso desde la sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero. Mientras avanza el juicio, las autoridades recuerdan que la acusación constituye una imputación formal y que los procesados se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad penal.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
Deja una respuesta