Más de 15.000 empresas tuvieron que pagar esta semana la primera cuota del impuesto al patrimonio que el Gobierno decretó en su última emergencia económica, la cual está en revisión de la Corte Constitucional. En entrevista con EL TIEMPO, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén y del Consejo Gremial, el cual agrupa a los gremios económicos más importantes del país, habla sobre el impacto que tendrá en la caja de las compañías. “Estamos frente a un tributo que puede adquirir efectos cercanos a la confiscatoriedad”, manifiesta.
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Natalia Gutiérrez, Presidenta de Acolgen. Foto:Acolgen
¿Qué consecuencias económicas podría traer el nuevo impuesto?
La situación es especialmente crítica porque, en un entorno de desaceleración, este impuesto extraordinario -cuya suspensión esperamos sea evaluada por la Corte- introduce una presión inmediata y significativa sobre la liquidez de las empresas, ya que las obliga a disponer de caja que no necesariamente proviene de las utilidades y que no se había programado, dada la naturaleza extraordinaria del tributo. En muchos casos, esos recursos estaban destinados a inversión, operación o generación de empleo. En ese sentido, la consecuencia de este impuesto puede ser la de aplazar proyectos, frenar expansión, ajustar costos o incluso recurrir a endeudamiento. En un contexto de desaceleración, esto termina afectando el crecimiento económico.
¿Considera, como han dicho muchos, que se trataría de un impuesto “confiscatorio”?
Esa es una discusión que en última instancia deberá resolver la Corte. Sin embargo, desde una perspectiva económica y práctica es claro que estamos frente a un impuesto que puede adquirir efectos cercanos a la confiscatoriedad, en la medida en que grava el patrimonio sin atender a la rentabilidad ni a la liquidez de las empresas. Cuando un tributo exige pagos significativos en plazos muy cortos, sin considerar si las empresas están o no generando utilidades y comprometiendo la continuidad de la actividad productiva, no solo se tensiona la capacidad financiera, sino que se abren cuestionamientos muy serios sobre su proporcionalidad y el límite entre tributación legítima y afectación sustancial del capital productivo, que esperamos que la Corte resuelva con contundencia y, sobre todo, con oportunidad.
¿Qué tanto les afecta que el impuesto no se calcule sobre las utilidades sino sobre el patrimonio líquido?
Ese es precisamente uno de los principales problemas. Hay sectores intensivos en activos que pueden tener un patrimonio alto, pero flujos de caja ajustados, por lo que el impuesto no refleja su capacidad real de pago y termina generando presiones financieras desproporcionadas.
En ese sentido, lo razonable es que el sistema tributario esté más alineado con la generación efectiva de ingresos. Gravar la renta -y no el stock de capital- permite capturar de mejor manera la capacidad contributiva, evita distorsiones en la inversión y reduce el riesgo de afectar la operación y la sostenibilidad de las empresas.Finalmente, es clave recordar que en una democracia no deben imponerse tributos sin representación, por lo que toda carga fiscal exige deliberación y aprobación del Congreso. Cuando ese proceso no se respeta, no solo se debilita la legitimidad del impuesto, sino que se comprometen principios básicos como la seguridad jurídica y la confianza en las reglas de juego.
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Empresas. Foto:MinCit
Si bien el impuesto no está diseñado para las pequeñas y medianas empresas, ¿cree que a la larga podría afectarlas?
Sí, y probablemente más de lo que se percibe a primera vista. Aunque no esté formalmente dirigido a las mipymes, en la práctica también alcanza a empresas con patrimonios intermedios que pueden ver comprometida su liquidez, especialmente en sectores intensivos en activos. Además, hay un efecto de encadenamiento claro, pues cuando se presiona financieramente a compañías de mayor tamaño, se reduce su capacidad de contratación, inversión y pago a proveedores, muchos de los cuales son pequeñas y medianas. Es un impacto en cadena que termina trasladándose a todo el tejido empresarial y también a los consumidores.
¿A cuánto se podría elevar la carga tributaria efectiva de las compañías?
Colombia ya tiene la carga más alta para las empresas, según la OCDE en 2025, y con este tipo de medidas puede incrementarse aún más, deteriorando la competitividad del país. Según análisis de Anif, el recaudo esperado de 13,4 billones por concepto del impuesto al patrimonio representa un incremento de la tasa del 29,8 al 35,5 por ciento, es decir, un aumento de casi 6 puntos porcentuales. Hoy, según el Centro de Competitividad Mundial, ocupamos el puesto número 54 entre 69 economías. Este tipo de medidas solo empeoran este indicador. En un entorno global donde los capitales buscan estabilidad y condiciones favorables, aumentar la carga tributaria nos pone en desventaja frente a otros destinos de inversión. Lo que expertos como Fedesarrollo recomiendan, de hecho, es que el impuesto a las empresas se reduzca paulatinamente y que se elimine el del patrimonio.
¿Cómo cree que le podría afectar a la inversión y a la competitividad empresarial?
El impacto es directo. La inversión requiere reglas claras, estabilidad y previsibilidad, y medidas de esta naturaleza -especialmente en contextos excepcionales- envían señales de incertidumbre que afectan las decisiones de largo plazo. En la práctica, esto puede traducirse en reducción o aplazamiento de inversiones, ajustes de costos -incluidos los laborales-, menor dinamismo en la contratación de bienes y servicios, afectación de proveedores en toda la cadena e incluso, en casos extremos, riesgos de insolvencia o quiebras. Todo ello termina deteriorando la competitividad empresarial y la capacidad del país para atraer y retener inversión.
Las empresas deberán pagar el impuesto mientras la Corte estudia su legalidad, ¿cree que todas lo pagarán o se expondrán a sanciones?
Las empresas operan dentro del marco de la Ley y cumplen sus obligaciones para evitar sanciones. Sin embargo, es una situación compleja por la incertidumbre jurídica. Lo que se espera es que haya claridad institucional y, en caso de una decisión de inexequibilidad, que existan mecanismos ágiles y efectivos que garanticen las correspondientes devoluciones.
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¿Cree que estos nuevos recursos podrían llegar a desviarse justo en estos momentos de elecciones?
En un contexto preelectoral, la transparencia es clave. Más allá de cualquier preocupación, lo fundamental es que existan todas las garantías institucionales para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada, con trazabilidad y control.
Imagen de referencia. Foto:iStock
¿Considera que el Gobierno la tomó contra los empresarios y se olvidó de su promesa de ‘gran acuerdo nacional’?
Más que entrar en ese tipo de interpretaciones, nuestro llamado es a retomar el diálogo. Colombia necesita construir consensos. Los empresarios son aliados en la generación de empleo, inversión, desarrollo y tejido social, y es fundamental avanzar en soluciones concertadas. Con señales intervencionistas y de cargas adicionales sobre el empresariado no se logrará avanzar hacia un país con más bienestar social y desarrollo económico.
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¿Qué cree que debería realmente hacer el Gobierno? ¿Considera que se debería recortar el gasto público?
El país necesita una discusión de fondo sobre la calidad y eficiencia del gasto público. No basta con buscar mayores ingresos si, al mismo tiempo, se observa un crecimiento sostenido de costos burocráticos, como la expansión de contratos de prestación de servicios, el aumento de la nómina estatal y esquemas de contratación directa para obras de inversión que no siempre son suficientemente transparentes o competitivos.
Las cifras del CARF son contundentes: el déficit entre ingresos y gastos del Gobierno en 2025 fue del 3,5 por ciento del PIB, el más alto en 30 años sin contar periodos de crisis. Este deterioro se debe a que los gastos de funcionamiento del Estado han ido en aumento: 8,3 por ciento en 2023 frente a 2022, un 1,4 por ciento en 2024 y un 8,9 por ciento en 2025. Lo anterior, acumula un aumento del 20,2 por ciento en términos reales en solo tres años.
En ese contexto, más que seguir cargando al sector productivo, es fundamental revisar y depurar el gasto, priorizar inversiones de alto impacto y garantizar un uso más riguroso de los recursos públicos. La sostenibilidad fiscal no depende solo de recaudar más, sino de gastar mejor, con disciplina, eficiencia y criterios claros de productividad.
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